Honrosa sentencia

                                      

Al anular los artículos la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento que imponían privación de libertad por delitos de palabras, el Tribunal Constitucional ha extirpado un bolsón de intolerancia que impedía movilidad jurídica al ejercicio de uno de los derechos fundamentales de mayor significación política y social.

Los siete apartados de la referida ley que preveían pena de prisión por las infracciones de difamación e injuria contra particulares y en perjuicio de funcionarios y organismos estatales, fungían como espada de Damocles contra todo aquel  que intentara  ejercer  su derecho a opinar libremente.

Tal era el prejuicio de esos artículos que se preveía prisión de hasta dos años, no solo contra quien  se le imputaba  el crimen de injuria o difamación, sino por via de responsabilidad subsidiaria, contra terceros que nada tenían que ver con la falta imputable, como directores o editores, impresores, distribuidores, locutores, vendedores y hasta propietarios o accionistas.

La anulación de los  artículos  30,31,34,37,47 y 48, de la ley 6132, no significa que  la prensa y los medios de comunicación se convertirán en basureros de injuria y difamación, sino que  se suprime  el apremio corporal por los llamados delitos de prensa y se impide además, que una persona sea condenada por delitos cometido por otro.

Además de garantizar con toda plenitud la prerrogativa sustantiva de expresarse libremente, la referida sentencia protege también el derecho a la buena fama de los ciudadanos e instituciones jurídica, con  el otro principio constitucional de que quien causa un daño está obligado a repararlo, pero en este caso por la vía civil.

El Tribunal Constitucional ha abierto de par en par una represa jurídica y política, que aunque  fue  aprobada y promulgada dos años después del ajusticiamiento de Trujillo, su contenido refleja una herencia  de  esa tiranía sin ejemplo, por lo que medios de comunicación, periodistas y la población en general podrán expresarse libremente  sin censura previa o el baldón de la cárcel.

Se requiere ahora que esa  alta corte  declare también en colisión con el Texto Sustantivos los artículos  del 368 al 372 del Código Penal que reflejan la misma intolerancia del apartado anulado en la Ley de Prensa,  al  establecer  prisión contra  los delitos de injuria o difamación pronunciados en lugares públicos.

Tan oportuna y honrosa decisión del Tribunal Constitucional se recibe como gran triunfo de la democracia y en particular de la prensa compelida a redoblar su compromiso de informar  con veracidad, orientar con responsabilidad y promover el derecho a la libre expresión, definido como  una esencial prerrogativa ciudadana. (Editorial El Nacional)

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