Maniobra sediciosa

El propósito de este oleaje mediático y fáctico no es ni ha sido el de combatir la corrupción ni adecentar al Poder Judicial, pues sus auspiciadores visibles y ocultos carecen de calidad política y moral para emprender una cruzada de ese tipo en razón de que han sido siempre causa y parte del problema.

Los que desde las poltronas de gremios y fundaciones empresariales atizan el descrédito contra el sistema de justicia representan los mismos litorales corporativos que antes manejaban a control remoto a los tribunales, incluido la redacción a distancia de sentencias y dictámenes.

La vez que el presidente Balaguer definió a la justicia como mercado de compra y venta de sentencia, ese gremio empresarial no produjo un espacio pagado en la prensa ni financió la opinión sesgada de una fundación relacionada. ¿Acaso en esa oportunidad no era imperativo moral denunciar la corrupción judicial?

A quién se pretende acusar por los mercaderes en el templo fue el estadista que en 1997 produjo y dirigió la primera gran reforma judicial al poner en práctica la reforma constitucional de 1994, que instituyó el Consejo Nacional de la Magistratura.

En esa ocasión, el gobierno del mismo partido que hoy dirige los designios nacionales, convocó a la clase política, académica y a toda la sociedad organizada a participar en la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, aleccionador proceso que se efectuó por televisión.

Daba gusto ver a través de la pantalla chica a la doctora Milagros Ortiz Bosch referirse al contenido de ese proceso y señalar bondades de posibles candidatos, porque se sabía de ese modo se consolidaba el espacio democrático.

Hoy, la corriente política a la que pertenece la doctora Ortiz Bosch convoca movilizaciones contra un Poder Judicial legítimo y legal, con jueces de la Suprema Corte escogidos por el CNM, que a su vez integran ocho miembros, cinco de los cuales fueron elegidos por el voto popular, por lo que el despropósito contra la justicia tiene carácter de sedicioso.

Revísese la matrícula de jueces de la SCJ y el historial de cada uno de esos magistrados, incluidos los propuestos por partidos políticos de oposición, en la seguridad de que se llegará a la conclusión de que son magistrados honorables que ejercen su sacerdocio con denodada vocación y responsabilidad.

Las sentencias se atacan o se recurren por vía de los recursos, como ha hecho el Ministerio Público frente a un fallo que considera equivocado, pero cuando se trata de atacar la conducta de un juez, se requiere de pruebas fehacientes o evidencias sobre posible venalidad o prevaricación. Lo mismo cuanta para los fiscales, que no están exentos de la sospecha pública.

Publicada por El Nacional el 12 de abril del 2015

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