Tratado de Extradición

Estados Unidos y Republica Dominicana suscribieron ayer un nuevo Tratado de Extradición que  sustituye a otro  en vigencia por más de un siglo sin que  sus efectos sirvieran de manera significativa a los intereses nacionales relacionados con la seguridad ciudadana y persecución de crímenes y delitos.

El convenio rubricado por  el canciller Andrés Navarro y el embajador James W. Brewster, agrega  al terrorismo y sicariato  a las infracciones que pueden motivar una la solicitud de extradición,  además  la acusación de asesinato, homicidios, lesiones graves, asalto y asalto sexual grave, entre otras infracciones.

La conspiración para introducir y comercializar drogas en territorio estadounidense fue por decenios la previsión más invocada por el Departamento de Justicia de para solicitar la extradición de reos dominicanos, por lo que  las acusaciones de terrorista o matón a sueldo constituyen novedades jurídicas en ese tratado.

El embajador Brewster sostiene que los tiempos han cambiado, que los crímenes no son los mismos, por lo que la modernización de ese convenio era una tarea pendiente desde hace tiempo. Falta saber si  el texto renovado beneficia en algo a los intereses  de Republica Dominicana.

Durante los 105 años de  vigencia del anterior Tratado de Extradición no se recuerda un caso de algún  estadounidense que haya sido extraditado a Santo Domingo para ser procesado por un crimen perpetrado en territorio nacional.

No se sabe si en ese tratado de cooperación se acredita derecho al Ministerio Publico local para conocer de los acuerdos a que arriban fiscales de Estados Unidos con narcotraficantes extraditados, en virtud de los cuales son liberados prontamente y repatriados a Republica Dominicana,  donde recuperan  todos sus bienes.

Falta saber si  el contenido del nuevo  convenio no presenta colisión con  la Constitución de la Republica, especialmente con lo relacionado al debido proceso, la imposibilidad de que una persona sea juzgada dos veces por un mismo delito, o la previsión de que  su posible condena  en Estados Unidos no sea nunca mayor a la pena máxima que prevé la ley  penal local.

Ojala que los negociadores  dominicanos hayan logrado que el nuevo Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Republica Dominicana se constituya  más de un siglo después en un instrumento de cooperación jurídica de doble vía  y no en otra forma de coloniaje judicial.

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