Un estadista

Al observar la ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda, el presidente Danilo Medina reivindica su condición de estadista para advertir al Congreso Nacional sobre la colisión de ese estatuto con la Constitución de la Republica y los efectos adversos que conllevaría a la protección de las inversiones y el aprovechamiento de los recursos naturales.
De un jefe de Estado no se esperaría otra cosa que la oportuna observación de esa ley que nació enferma de imprevisión e ilegalidad, cuya puesta en vigencia colocaría al Estado dominicano al margen de inviolables principios del derecho internacional como la garantía de los contratos, de la propiedad y de la inversión.
El escrito que sustenta la observación presidencial es de rico en referencias jurídicas sustantivas y adjetivas, jurisprudencias y doctrinas que demuestran que esa ley desconoce que el Estado puede disponer el aprovechamiento de los recursos naturales, basado en la sostenibilidad que deriva de condiciones socioeconómicas, ambientales y tecnológicas.
La decisión del Presidente de devolver al Congreso esa ley no significa un rechazo a quienes promueven la no explotación de ese yacimiento, ni un espaldarazo a quienes abogan su aprovechamiento; lo que se objeta es la colisión con la Constitución y a que pone en peligro potencialidades futuras de la nación como receptora de inversión extranjera.
Ha hecho bien el mandatario en proclamar su lejanía ante el fundamentalismo medioambiental y también frente al capitalismo salvaje de la minería, porque su deber como presidente de la Republica es respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes.
Una inobservancia crasa en la ley que crea el Parque Loma Miranda ha sido el hecho de que no está antecedida del cumplimiento del mandato constitucional (artículo 194) sobre formulación y reordenamiento territorial “que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de la Nación”, lo que quiere decir que el legislador se colocó en esta ocasión por encima del Texto Sustantivo.
Esa ley condenaría a la inercia e inanición a un sector minero que requiere de un estatuto jurídico que impulse su desarrollo sostenible basado en garantías medioambientales que han resultado exitosas en otras naciones.
El presidente Danilo Medina cumplió cabalmente con su deber y obligación como jefe de Estado al observar una ley que colisiona con la Constitución del estado, vulnera la garantía jurídica a las inversiones nacionales o extranjeras, lesiona derechos adquiridos e impide el desarrollo de una minería compatible con el medio ambiente.

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