De lo ideal a lo posibleh

El presidente Danilo Medina emitió el decreto 250-14 que pone en vigencia el controvertido Reglamento para la aplicación de la Ley 169-14 que ordena la regularización migratoria de personas nacidas en territorio nacional hijos de extranjeros indocumentados.
Por lo menos seis artículos del texto original de ese reglamento fueron objeto de modificaciones, lo que indica que el Poder Ejecutivo acogió objeciones de forma y fondo planteadas por diversos sectores de la sociedad a los fines de que no colisione con la ley ni con la Constitución de la Republica.
Puede decirse que el Presidente cumplió con un ritual de consultas y formalidades jurídicas y técnicas que también se asumieron para la redacción del texto de ley al que sirve ese reglamento, aunque se admite que un segmento de la comunidad jurídica y política no ha quedado satisfecho.
Entre esas modificaciones se destacan la de establecer rigidez a los medios de pruebas que presenten los ciudadanos que alegan haber nacido aquí, el plazo de 30 días que se al peticionario para completar su expediente y lo relativo a los recursos de reconsideración y jerárquico, así como consignar el requisito de inscripción en el Libro de Extranjería de niño o niña de madre extranjera no residente.
Se admite que el proceso de regularización migratoria ordenado en la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional es camino largo, y tortuoso, que atraviesa un difícil trecho de intensas presiones internacionales, como lo demuestran las visitas sucesivas del vicepresidente de Estados Unidos, el secretario general de Naciones Unidas y el Comisionado de la Unión Europea.
Sería injusto señalar que con la redacción y firma de ese de decreto, el Gobierno expresa voluntad de violar su propio armazón legal, aunque debe dejarse espacio para discusión y reflexión en torno a la posibilidad de que algún artículo colisione con el texto que procura reglamentar o con la Carta Sustantiva.
La ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil es coincidente con la sentencia del Tribunal Constitucional que fija alcance de la nacionalidad y establece control migratorio, por lo que todos deben aspirar que el reglamente en cuestión surque similares caminos.
El presidente ha emitido un decreto que pone en vigencia un reglamento controversial, que debería ser recibido por la sociedad con cierta comprensión y vocación de consenso, aunque, claro está, las vías de derechos están abiertas de par en par para personas físicas o jurídicas que consideren pertinente recurrirlo por ante el Tribunal Constitucional.

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