Haiti: máas vale precaver

Dos entidades jesuitas  denuncian  que a pesar de que  la cooperación internacional ha provisto a Haití de recursos financieros y tecnológicos  para proveer a sus nacionales de acta de nacimiento, cedula de identidad y pasaporte  con el solo pago de cincuenta dólares, el Estado haitiano impone un cobro de US$130, por la expedición de dos de esos tres documentos.

La mayoría de los haitianos indocumentados residentes en República Dominicana no puede adquirir en los consulados de su país los papeles requeridos para acogerse al Plan Nacional de Regularización Migratoria, lo que hace difícil que ese programa pueda culminar con el éxito deseado.

La Red de Centros Sociales y la Red con Migrantes de la Compañía de Jesus, acusa también a la cúpula política haitiana de abandonar a su  suerte a sus nacionales residentes  aquí para centrar sus esfuerzos en la campaña electoral legislativa prevista para  octubre y la presidencial  de 2016, lo que indica que  el tema de “la desnacionalización”, ya no  concita interés en las elites de Haití.

Mientras el Gobierno dominicano destina más de mil millones de pesos para  la ejecución del Plan de Naturalización  y Regularización Migratoria, las autoridades haitianas, según denuncia de los jesuitas, casi triplican el pago en dólares requeridos para obtener copia de un acta de nacimiento o un pasaporte, con lo que se estima obtendría ingresos por más de tres mil millones de pesos.

El embajador de Haití, Fritz Cineas,  dijo que Haití  aguardaba autorización del gobierno dominicano para  dotar a sus consulados de  equipos y personal técnicos  para agilizar la entrega de documentos a sus nacionales, requerimiento que la cancillería  otorgo, pero aun así, la mayoría de los  haitianos indocumentados no han logrado  obtener  sus documentos de identidad.

Sin el concurso o voluntad política del Gobierno de Haití, sería  poco menos que imposible que el Plan de Regularización Migratoria cumpla su cometido, por lo que la responsabilidad de un previsible fracaso seria  imputable a las autoridades haitianas,  porque a pesar de los recursos financieros y tecnológicos donados por la comunidad internacional, poco han hecho para  identificar a sus ciudadanos.

Más doloroso seria que ante un resultado poco halagüeño de tan  encomiable esfuerzo dominicano por  regularizar a indocumentados haitianos,  las autoridades  vecinas retornen a su inamistoso proceder de denunciar  al gobierno dominicano por  supuesta violación a los derechos  humanos de inmigrantes.

 Más vale precaver que lamentar, por lo que  mejor sería que  la cancillería dominicana ponga en auto a organismos internacionales y gobiernos que han mostrado interés  en el abordaje que  se ha dado al tema de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre alcance de la nacionalidad y control migratoria y a la actitud asumida por el Gobierno haitiano.

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