Fondo del Fondo

                           

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reiterado su recomendación al gobierno para que reduzca el impacto del endeudamiento externo en proporción al Producto Interno Bruto (PIB), eliminar el déficit fiscal y apretar aún más los controles  del gasto público.

En su informe de conclusión de consulta sobre el comportamiento de la economía dominicana en 2014, el FMI  ha advertido que  sin  ajuste mayor del déficit  fiscal del sector público consolidado, seria  difícil colocar la deuda publica actual (48%) en una trayectoria descendiente que la ubique en un deseado 35% del PIB.

La letanía de ese gendarme se atasca en la cuasi exigencia para que el gobierno  elimine  en un periodo de tres años el déficit del sector público no financiero, algo así como  enseñar al burro a no comer, porque también recomienda  cumplir a pie de letra la ley de recapitalización del Banco Central.

Reducir  aún más el gasto público y eliminar el déficit  fiscal no sería posible sin el cumplimiento previo de otras recomendaciones del FMI, como disminuir las exenciones impositivas, que suman 125 mil millones de pesos al año (4.2% del PIB), y restringir las transferencias al sector eléctrico, estimadas en US$1,500 millones (2% del PIB).

En ese informe, que se corresponde también con el segundo seguimiento al programa de monitoreo  del FMI  a la economía, no se destaca la necesidad de  emprender en lo inmediato una reforma tributaria, aunque sus sugerencias básicas (disminuir déficit, reducir gastos, eliminar exenciones, fortalecer reservas del BC),  conduciría  por ese camino.

 Las finanzas públicas  quedan exhaustas  con las transferencias de más de 60 mil millones de pesos al  subsector eléctrico, 30 mil millones para reducir  el déficit cuasi fiscal del banco Central, 25 mil millones para  el Gabinete social, además de 125 mil millones  en Gastos Tributarios (Exoneraciones, exenciones fiscales).

En ese legajo de sacrificio no se menciona el servicio de la deuda pública, que  supera siempre los 70 mil millones, por lo que  resulta muy difícil que  el Gobierno pueda cumplir con  el reclamo del FMI, de apretarse aún más la correa, al menos no sin correr  riesgo de asfixiarse.

Ojala que más temprano que tarde, Gobierno,  sector productivo, clase política y sindicatos asuman la responsabilidad de  consensuar una  autentica y justa reforma  fiscal y tributaria que ayude  a promover  empleo, riqueza, equidad y justicia. Antes de que el burro perezca por inanición.

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