¿Qué estamos haciendo mal?

 

                                 ¿Qué estamos haciendo mal?

El auge de la delincuencia y criminalidad alcanzan la cresta de una gran ola de inseguridad que  arropa a toda la sociedad, convulsionada hoy  por el asesinato a balazos de  la teniente de policía Carmen Torres, a manos de  dos individuos que la despojaron de su arma de reglamento en Villa Mella. De tal magnitud es el drama que en el Instituto de Patología Forense ayer fueron depositados siete cadáveres de  personas muertas por delincuentes.

Quienes ultimaron a esa joven policía, adscrita a la Autoridad metropolitana de Transporte (AMET) actuaron con salvajismo al dispararle por la espalda para despojarla de su arma de reglamento, cuando la oficial se incorporaba a su tarea de dirigir el tránsito vehicular en la avenida Hermanas Mirabal. Esas bestias no repararon en la condición de mujer de la víctima para asesinarla de forma artera y cobarde.

Un sangriento fin de semana con saldo de por lo menos siete  asesinatos atribuidos a delincuencia o violencia, presagia que las autoridades pierden la batalla contra la criminalidad y que el manto de la inseguridad arropa ya  gran parte de la geografía nacional, donde la gente teme  salir a la calle  ante  la posibilidad de  ser objeto de un atraco, asalto o de perder la vida  a manos de forajidos.

¿Qué estamos haciendo mal?  ¿Por qué la espiral de violencia, delincuencia y criminalidad aumenta cada día? Gobierno, poderes públicos y clase dirigente están obligados a revisar las políticas públicas de prevención, persecución y  sanción de los crímenes y delitos, porque  la situación de inseguridad  ciudadana ya adquiere matices de incontrolable.

La mayoría de los delincuentes que incurren en asesinatos, atracos, robos, violaciones, sicariato y otros  crímenes violentos tienen la condición de reincidentes, señal de que Ministerio Publico ni Justicia cumplen cabalmente con su función de  sometiera, acusar y  sanciona con penas aflictivas e infamantes a esos infractores de la ley.

Es claro que la marginalidad, desigualdad y exclusión social y económica convierten a no pocos barrios populares y  comunidades de provincia en  presas y focos  de la delincuencia, una falta imputable  al Estado y a los Gobiernos que no aplican efectivas políticas destinadas a  conjurar la marginalidad que padecen esas favelas por vida de la promoción  de la educación, salud, empleo, vivienda, deportes y recreación.

El Gobierno está  compelido a declarar  como situación de  alta prioridad  el restablecimiento de la seguridad ciudadana y  el combate afrontar contra toda forma de delincuencia, incluido narcotráfico, corrupción y lavado de activos. El Estado  debe recuperar el monopolio  de la fuerza para imponer  la ley y desalojar a los delincuentes de las calles.

Justicia social,  expresada en justa  redistribución del ingreso, firme y severa  respuesta de Ministerio Publico y justicia y erradicación desde el Poder Público de todo referente negativo para la población, como  corrupción, negligencia e indiferencia,  serían los remedios infalibles para  combatir y erradicar la creciente  delincuencia y criminalidad.

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