Proyecto de ley consolida Gobierno y PLD como garantes de derechos y soberanía

Por: | 20 Mayo 2014, 12:01 AM Recursos: Enviar / Imprimir /
 
 
 

Hasta los más enconados adversarios del Gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han tenido que quitarse el sombrero ante la contundencia del Proyecto de Ley de Naturalización Especial enviado al Congreso por el Presidente Danilo Medina que desmantela un enorme andamiaje de descredito contra el gentilicio dominicano y su fuero soberano.

Esa pieza legislativa refleja el discurso de Medina ante la Cumbre de Centroamérica y el Caribe, en La Habana, cuando tuvo que poner en su puesto al primer Ministro de San Vicente y Las Granadinas, Ralph Gonzalves, quien acusó a República Dominicana de promover apatridia con la sentencia del Tribunal Constitucional que fija el alcance de la nacionalidad.

En esa oportunidad, el jefe de Estado enumeró un prontuario de acciones de políticas públicas de su gobierno en favor de la inmigración haitiana y de solidaridad con sus vecinos del oeste, en los ámbitos de salud, educación, empleo y comercio, con lo que rechazo la acusación de racistas y xenófobos endilgada en ese foro por Gonzalves.
El presidente Medina advirtió también que su gobierno no violaría la sentencia del TC, pero que procuraría aplicar su contenido bajo un esquema de humanismo y respeto a los derechos humanos, promesas que ha cumplido cabalmente, como lo demuestra el contenido del proyecto de ley enviado a la Cámara de Diputados.

Poderes facticos y mediáticos con raíces en una mentada sociedad civil y antena allende los mares montaron un espectacular cerco de presión en torno al Presidente para que se sublevara contra el juez de control constitucional y propusiera una ley que otorgara la nacionalidad dominicana a todo hijo de extranjero de manera automática o por vía expresa.

Sabiamente, el presidente Medina prefirió emprender un periplo de consulta con el liderazgo político, social, económico, gremial, académico y religioso para producir un consenso nacional en torno a ese proyecto de ley que sería siempre apegado al fallo del TC y con profunda vocación humanista y de respeto a los derechos de las personas.

El aspecto más delicado, el de hijos de inmigrantes indocumentados que obtuvieron de buena fe actas de nacimiento emitida por el Registro Civil, pudo resolverse por la vía de un elemental principio jurídico, según el cual nadie puede obtener provecho de su propia falta (“Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”).

Como la falta es imputable al Estado que otorgó esos documentos, lo lógico es que en el proyecto de ley se disponga que las personas en esas condiciones se beneficien con la naturalización pura y simple, porque siempre han tenido la legítima presunción de que son dominicanos.

El otro grupo de hijos de extranjeros ilegales, que carecen de documentación deberán probar que nacieron en territorio nacional, inscribirse en el Libro de Extranjería y acogerse al Plan de Regularización Migratoria, como ocurriría en cualquier país del planeta.

Un tercer grupo estaría integrado por personas que obtuvieron documentación fraudulenta, que según el proyecto de ley no tendrían posibilidad de acogerse al Plan de Regularización, por lo que las vías posibles serian el sometimiento a la justicia o la repatriación de los infractores de la ley.

El Gobierno y el Partido de la liberación Dominicana han ofrecido una contundente demostración de que son custodia y garante de un régimen que se sustenta en una democracia auténtica que promueve y garantiza derechos, al tiempo que respeta la independencia de los poderes públicos.

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