Detener la piñata

                                                                 Piñata

Con la denuncia del Director de la Oficina de Custodia de Bienes Incautados y Decomisados, de que el procurador general de la Republica viola la ley al quedarse el Ministerio Publico con casi el cien por ciento de los bienes confiscados al narco, se enrarece aún más una situación definida como escandalosa.

El licenciado Laureano Guerrero adelantó que someterá al procurador Francisco Dominguez Brito por  ante el Tribunal Constitucional por supuestamente violar la ley 72-02 que ordena el envío de esas incautaciones a  la oficina que dirige, aunque admite que otro estatuto legal lo  ampara para ejercer la custodia.

En términos jurídicos se presenta una confrontación de calidades entre el Ministerio Publico y la institución creada por la ley 72-00, cuestión que deberá resolver  el Tribunal Constitucional, porque se alega que  el procurado no debería ostentar la calidad de juez y parte.

Sin importar por el momento cuál entidad posee calidad para administrar esos bienes, urge que alguna autoridad  competente explique  sobre  cuales bases legales se otorgan a fiscales, políticos, militares, funcionarios o particulares  el beneficio de  custodia, usufructo o propiedad de  residencias, apartamentos, villas, fincas,  solares, negocios o vehículos de lujos, que  forman parte de los alijos incautados a narcos.

En cualquier parte de la geografía nacional alguna persona física o moral, renombrado o sin nombre, posee un bien millonario que tiene la condición de prueba de cargo o  de  decomiso definitivo, sin que se sepa  que  autoridad  le concede ese privilegio y sobre la base de cual normativa de ley.

Es frecuente escuchar las quejas de entidades como Hogares Crea, Casa Abierta y otras instituciones vinculadas con la prevención del uso de drogas o rehabilitación de  adictos porque las autoridades las discriminan en el reparto  de los pasteles, pero no son poco los privilegiados que detentan residencias o villas de lujo adjudicadas de manera administrativa o con escasa transparencia.

No es posible entender por qué oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), de la Policía o de  cualquiera de los institutos castrenses usufructúan para su disfrute personal inmuebles o vehículos incautados a narcos, por lo que con razón  se define la repartición de esos decomisos como piñatas.

A la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva  conflictos de calidades  sobre la custodia de bienes incautados y decomisados, se reclama con toda vehemencia  que  el Ministerio Publico  e instituciones vinculantes pongan  fin de inmediato a esa piñata  y que  los patrimonios  irregularmente en manos de particulares sean devueltos o recuperados por las autoridades.

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