Presión de Francia

La senadora francesa Joelle Garriaud-Maylan ha reclamado de la justicia dominicana debida garantía procesal para que dos compatriotas suyos que guaran prisión  hace más de un año por tráfico de drogas puedan declarar y defenderse  ante un tribunal penal, un pedido de derecho que debería ser invocado para todos los justiciables sin  distinguir nacionalidad, estatus económico o social.

Esa legisladora ha denunciado que los pilotos  galos Pascal Fauret y Bruno Odos,  apresados en el aeropuerto  de Punta Cana cuando intentaron  realizar un vuelo privado  a Francia en un avión  con 750 kilos de cocaína, no han tenido nunca una audiencia que le permita  explicarse y defenderse.

Ya antes, el canciller francés, Laurent Fabius, protestó por la reiterada cancelación de audiencia, y el Sindicato de Pilotos Franceses declaró un boicot a vuelos hacia Republica Dominicana en reclamo de la liberación de sus  colegas, que piloteaban un avión trirreactor Falcon 50,  en el que acarreaba el cargamento de drogas.

Aunque el Ministerio Público solicitó al juez de Instrucción declarar el caso como complejo en esa infracción también fueron implicados militares y empleados de Aduanas,  resulta inamisible  que  la audiencia preliminar para dictaminar medidas de coerción haya sido  suspendida en seis ocasiones.

Los pilotos fueron detenidos junto a dos pasajeros que abordaron el avión, el 20 de marzo de 2013, por lo que, aun declarado como  expediente complejo, el Ministerio Publico ha debido  sustentar la acusación y  el juez de lo preliminar escuchar los alegatos de la defensa.

 El canciller Fabius, la senadora Garriaud- Maylan y el gremio de pilotos deberían  entender la gravedad de la imputación que la acusación que  se imputa a los  apresados y que se trata de un crimen  tipificado como de lesa humanidad,  en cuya investigación y posible condena se requiere  la cooperación  de Francia, por tratarse de narcotráfico internacional.

A los funcionarios franceses y al sindicato de pilotos le asiste pleno derecho, deber y obligación de reclamar juicio  diligente  y garantía a los derechos  de los  procesados, cuestión que parece no se ha cumplido cabalmente, si se toma en cuenta que la  audiencia preliminar ha sido reenviada en seis ocasiones.

El Estado dominicano está compelido a demostrar en ese caso y  en todos los procesos penales o civiles, que  es  garantista de un  autentico régimen de derechos y de un ordenamiento jurídico que  respeta los derechos de  todos los intervinientes y que  aplica la ley y las sanciones correspondientes sin aceptar presiones de ningún tipo.

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