Mas presión contra RD

                                                                 Carta oculta

 De nuevo ha sido pospuesta la tercera ronda del Dialogo Bilateral Dominico Haitiana que debió celebrarse mañana  en la comunidad de Jacmel. Haití ha pedido  la suspensión de tres convocatorias con diferentes alegatos, el último de los cuales se refiere  al cambio de miembros del gabinete, incluido al canciller.

No se niega pertinencia a los motivos expuestos para solicitar tres veces de manera consecutiva la suspensión de la tercera ronda de dialogo que se efectuaría inicialmente el 20 de marzo, pero llama la que coinciden con la advertencia de la Comunidad del Caribe (Caricom), de no participar en ese encuentro hasta que el presidente Danilo Medina presente el borrador del proyecto de Ley de Naturalización.

Mientras Haití acopia excusas para rehuir al diálogo, el gentilicio dominicano es severamente zarandeado por la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos (CIDH) que exige al Gobierno  que otorgue nacionalidad de manera administrativa a unos 210 mil “afro descendientes”, que alega han quedado en condición de apátridas  a causa de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

El gobierno haitiano ha reconocido la prerrogativa soberana del Estado dominicano para fijar  los alcances de la nacionalidad y legislar sobre el tema migratorio, pero parece jugar una carta oculta que privilegia la presión sobre el dialogo, de otra manera no se entiende las repetidas posposiciones de una tercera ronda de negociaciones bilaterales.

Haití y Republica Dominicana tienen mucho de qué hablar, por lo que una agenda  dialogante debería  incluir, además del tema migratorio, cooperación y compromiso mutuo sobre comercio, medio ambiente, sanidad y seguridad fronteriza, así como inversión conjunta, con financiamiento internacional sobre proyectos de desarrollo que impacten a ambos lados del Masacre.

Es claro que el Poder Ejecutivo no puede ni tiene intención de desacatar la sentencia del Tribunal Constitucional ni de violar la Carta Magna, por lo que  de antemanos debe  advertirse a los vecinos y a las gendarmerías imperiales que  ningún tipo de presión oculta o abierta hará cambiar la dirección de lo  dispuesto por el juez de control  constitucional.

 Lo mejor sería que todo lo relacionado con la agenda dominico haitiana retorne al fuero de la Cancillería, a los fines de  despojar a ese expediente del nivel de excepcionalidad que  se le ha conferido y aguardar el momento  cuando Puerto Príncipe decida  que ha lugar al ejercicio de un dialogo bilateral digno de vecinos que promueven  cooperación sin lesionar sus respectivos ordenamientos jurídicos.

El Gobierno dominicano no debería estar expuesto al vaivén de una agenda oculta como la que se maneja desde Haití, porque para dialogar se requiere de  voluntad y buena fe de  todas las partes,  sin cartas entre las mangas.

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