Tema haitiano:    ¿Qué pasa?

Un repentino flujo de sucesos y rumores en torno a los temas nacionalidad e inmigración obligan al Gobierno a despejar nueva humareda que amenaza con volver a cubrir de incertidumbre el escenario de aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre regularización migratoria.

El vice canciller, Jose Manuel Trullols presentó ante  la 25ª Sesión  del Consejo de Derechos Humanos de naciones Unidas (ONU), lo que lo  fue definido como “el más  ambicioso y completo plan en la historia del país en materia migratoria” que podría regularizar en los próximos meses el estatus migratorio de 430 mil indocumentados de  más de cien países.

Conforme a lo expresado por el embajador Trullols, el plan  se sostendría  en dos pilares: el Plan nacional de Regularización de Extranjeros en situación irregular y la Ley  especial para atender los casos de personas inscrita  de manera irregular en el Registro Civil dominicano.

 Aunque se señala que en ambos procesos de regularización migratoria se abordarían los casos de manera individual de acuerdo a requisitos claros, con procedimientos expeditos, no parece fácil cumplir la meta de  resolver estatus migratorios de más de 400 mil indocumentados en  menos de cien días.

Junto al  anuncio de ese  ambicioso compromiso asumido por el Gobierno, se anuncia la reanudación del diálogo  bilateral con Haití con otra sesión a celebrarse en la ciudad haitiana de Jacmel y al inminente envío al Congreso de la Ley Especial que abordaría  el tema de extranjeros inscritos como dominicanos en el Registro Civil.

Como para que no haya duda sobre la consistencia de su criterio en torno al alcance de la nacionalidad, el Tribunal Constitucional acogió un recurso de la Junta Central Electoral (JCE) de revocación de la sentencia emitida por una corte de San Pedro de Macorís que ordenaba proveer de cedula de identidad a 28  personas de origen haitiano.

Para que la humareda sea aún más densa, una  misión de Amnistía Internacional  ha arribado a suelo dominicano para intensificar presiones al Gobierno y al Congreso para que no se  aplique  la sentencia del Tribunal Constitucional, bajo la amenaza de que  el país sufriría condena y aislamiento internacional.

Ante un cuadro jurídico, político y diplomático tan difícil, lo mejor sería que el Gobierno se guarezca detrás de la fortaleza institucional de la Republica y apliquen la ley bajo el predicamento de garantizar derechos humanos y  reducir situación de vulnerabilidad, pero sin  violentar jamás la sentencia del Tribunal Constitucional vinculante con todos los poderes del Estado.

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