Ruegos a María

El Gobierno ha prometido que durante lo que resta de mandato no ejecutará  nuevas reformas impositivas que impliquen más tributos, por lo que el Pacto Fiscal que se gestiona con el sector productivo tendría vigencia, en cuanto a aplicación impositiva, a partir del 16 de agosto de 2016.

No se niega que  esa promesa tiene el efecto de bálsamo sobre la epidermis de la población contra quien choca la mayoría de los latigazos que infringe la Administración Tributaria, pero falta saber si  el remedio se torna peor que la enfermedad.

Se sabe que el Gobierno logró reducir un déficit  fiscal  de más de 120 mil millones de pesos (6.6% del PIB) a unos 70 mil millones (2,8%), lo que constituye un significativo logro, pero aun así, la carga del servicio de la deuda pública es todavía muy pesada.

En comparación con el crecimiento vegetativo de la economía y de la inflación acumulada, los ingresos fiscales se mantienen estancados, al punto que  la presión tributaria es de un 13.7% con relación al PIB, el nivel  más bajo de América Latina, con excepción de Guatemala.

A más de eso, el Gobierno  debe transferir cada año más de  cincuenta mil millones de pesos al subsector eléctrico para conjurar déficit operacional de las empresas distribuidoras de electricidad, fondos que provienen de más endeudamiento, especialmente a través de los Fondos de Petrocaribe.

Como si fuera poco, el Estado deja de percibir  casi 140 mil millones de pesos anuales al disponer de exoneraciones y exenciones a al sector productivo de bienes y servicios en  eternos programas de promoción de competitividad que no son fiscalizados por ninguna autoridad competente.

Así las cosas, las finanzas públicas operan con  déficit real de casi cien mil millones de pesos (4% del PIB), pues  siempre se  disminuye  el monto subestima el valor de la transferencia presupuestaria que se realiza al subsector eléctrico y  del  servicio de la deuda externa.

 Es por eso que  se  advierte que el Gobierno tendrá que  agenciarse más recursos por vía de atacar con firmeza y sin contemplaciones  la evasión y elusión fiscal, así como procurar que en ese Pacto Fiscal se acuerde  disminuir de manera sustancial  el caudal de exoneraciones y exenciones. No solo de ruegos a María, vive la Iglesia. 

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