La amnistía

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La amnistía es una institución jurídica milenaria, un vocablo de origen griego que significa olvido y por consiguiente, borra la existencia  del hecho punible previsto y castigado por la ley penal, pero en ningún caso alcanza a violentar algún precepto constitucional porque el perdón que promueve   aparece  como figura jurídica en la Carta Magna.

Se ha dicho que  es imposible la aprobación de una ley de  amnistía  que ampare derechos primarios de  hijos y de  extranjeros indocumentados porque chocaría  con la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que esos ciudadanos no ostentan la nacionalidad dominicana.

Se alega también que  no se requiere una ley de ese tipo porque el fallo del órgano de control constitucional se basta por sí solo, toda vez que  ordena a la Dirección de Migración y a la Junta Central Electoral regularizar la situación de  esas personas, de conformidad con la ley, pero la Amnistía no   vulnera ni suplanta ese mandato.

Hay que señalar que la amnistía se  refiere mas al tipo de delito que a los infractores, como muy bien plantea el doctor Hernán Salgado Pesante,  quien refiere que  esta  figura  se asocia mas con el ámbito político que con  cuestiones humanitarias, por  cuanto, más que  por el tipo de delito, a la  amnistía se acude para afrontar un problema político social.

El juez de control constitucional ya  interpreto al Constituyente en cuanto a que los hijos de indocumentados no son dominicanos y  también ordeno a los oficiales  de la ley a  regularizar  el escenario de ilegalidad que emerge con esa sentencia, pero un problema  que lleva 84 años, no  debería abordarse como si se tratara de asunto de simple policía.

En este caso, la amnistía cumpliría con una finalidad política, no jurídica, que  sería la de amparar a  decenas de miles de personas de origen haitiano, cuyos padres y abuelos se asentaron de manera pacífica, aunque ilegal en suelo dominicano y cuyo estatus actual está afectado por la incertidumbre.

He sido el primer dominicano  que postulo la idea de una ley de amnistía para  reparar  el daño jurídico colateral que causado por una sentencia valiente y previsora, pero es menester señalar que  esa sombrilla  de amparo a derechos humanos, no entraña otorgar nacionalidad, ni residencia ni nada. La amnistía solo decretaría el derecho de esos ciudadanos a  no ser deportados, a la educación, salud, trabajo y cualquier otro precepto inalienable.

Ante  el escenario complejo que aflora como resultado del fallo del TC, lo aconsejable seria que el Poder Legislativo apruebe una ley marco a la que  puedan acogerse sin mayores complicaciones las personas afectadas, que sería  lo mismo que  dispuso el juez de control constitucional, solo que  la amnistía borra la pena que se aplica  esos indocumentados que es la de deportación.

Esa sería también la mejor manera  de afrontar la bestial campaña que  emprenden contra el gentilicio nacional  grandes metrópolis con la complicidad de malos dominicanos.

Publicado en el periódico El Nacional, 13 octubre 2013

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