La sentencia

Audiencia del Tribunal Constitucional

El valor mayor de la sentencia 0168-13 del Tribunal Constitucional ha sido que  impacta sobre un descomunal desorden migratorio y que consolida el valor y alcance de la nacionalidad, la más elevada institución jurídica sobre la que se cobija el gentilicio dominicano, que  ha sido agredida y degradada por intereses foráneos.

Se admite que ese fallo,  producido como consecuencia de un recurso de revisión constitucional  en materia de amparo incoado por la señora Juliana Dequis (o Deguis) contra una sentencia de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de Monte Plata, causa danos jurídicos  colaterales contra miles de ciudadanos hijos de inmigrantes indocumentados a los que niega la nacionalidad dominicana.

Hay quienes  esa  sentencia es violatoria al principio  constitucional de ius  solis  derecho de suelo), en virtud del cual  todos los ciudadanos nacidos en territorio nacional  serian dominicanos, pero el juez de control constitucional ha señalado que el constituyente ha mantenido de manera constante como excepción a esa prerrogativa que “persona en tránsito” incluye también al inmigrante ilegal.

Es por eso que no debería invocarse el principio de irretroactividad de la ley para decir que esa sentencia no  afecta a indocumentados y sus descendientes asentados desde 1929, porque el Tribunal Constitucional sostiene  que  el constituyente ha sido claro y constante durante 84 años en  limitar el alcance del ius solis en los términos señalados.

La sentencia de marra cierra un caudal de ilegalidad y fraude basado en  evidente debilidad en la interpretación del ius solis por oficiales de la ley a cargo  del registro Civil y de otras instancias relacionadas con la expedición de  documentos de identificación personal.

Con gran sentido de justicia, la Corte Interamericana de derechos Humanos  ha estatuido  que la nacionalidad reviste el carácter de un derecho de la persona humana, principio que no ha sido violado por la sentencia del tribunal Constitucional, toda vez que los afectados  poseen o pueden invocar la nacionalidad de sus orígenes por vía del ius sanginis (derecho de sangre).

Es claro que al limitar  el principio de  irretroactividad de la ley  al 1929, el  fallo en materia de amparo y control constitucional ha causado un  daño jurídico colateral  sobre una  gran cantidad de personas hijos o nietos de inmigrantes ilegales,  que requiere ser  subsanado por la ley adjetiva ( Migración y Junta Central Electoral), tal y cual lo dispone  la misma sentencia.

Para evitar que el Estado Dominicano sea objeto de  múltiples agresiones a su fuero soberano en diversas cortes jurídicas y políticas, lo aconsejable seria que se estudiara la posibilidad de  promover una ley de amnistía  en favor de los ciudadanos extranjeros  afectados por esa sentencia y que cumplan requisitos fundamentales relacionados con el ius solis o el ius sanguinis.

Publicada en el periódico El Nacional, domingo 06 de octubre 2013

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