Cabeza y cerebro

A rajatabla

 

Participación Ciudadana se erige hoy como cabeza y cerebro del intempestivo giro en la estrategia  de la oposición política, que de reclamar sanciones para los responsables en el escándalo Odebrecht, apuesta ahora a la desestabilización institucional por vía de acusaciones infames contra el presidente Danilo Medina.

Esa entidad, que se mercadea como ente cívico apartidista, ha logrado colocar a un débil bloque opositor en dirección hacia la temeridad e insensatez política, con el falso criterio de que el Presidente no resistiría una ofensiva basada en el reclamo de un juicio político.

Joao Santana, quien fungió como asesor de la campaña  de Danilo Medina de 2012 y  durante  un tramo de la de 2016, declaró bajo  juramento ante dos instancias judiciales de Brasil que Odebrecht no financió esas gestiones proselitistas. Lo mismo dijo su esposa, Mónica Moura, ante un juez  penal y otro electoral.

La Directora de Participación Ciudadana se le atribuye decir que Joao y su compañera esposa “incurrieron en perjurio”, es decir que mintieron ante los jueces y fiscales de Brasil, instancias  con las que  arribaron a un acuerdo para  ofrecer detalles sobre implicados en  financiación ilegal.

Lo menos que se le puede pedir a esa distinguida abogada es que se digne en ofrecer un diplomado en investigación penal a los magistrados que  llevan  el Caso Lava Jato y Odebrecht, para que puedan determinar cuándo un imputado miente o dice la verdad.

Esa estrategia sediciosa se sostiene en la difamación personal y política contra el Presidente, por lo que el reclamo  ciudadano de que  se afronte la corrupción y la impunidad ha pasado a un segundo plano. El objetivo no es cívico, es político.

El colmo fue la feria mediática que montó PC, para  solicitar  la Procuraduría general “investigue”  si Odebrecht financió la campaña de Medina, pero al exigió que esas indagaciones sean dirigidas “por el procurador de mayor edad”, porque no confían  en el titular. Esta vez,  son los directivos de PC, los que deben recibir  el diplomado sobre derecho penal.

El lenguaje cívico de “transparencia”, “impunidad”, “corrupción”, ha cambiado radicalmente por el de “crisis política”, “catástrofe” y de “marcha verde”, todo sostenido  sobre un intenso discurso de  difamación contra  el presidente Danilo Medina, a quien se  aspira a destronar por vía Non Santa.

La economía ha crecido en promedio 7.2% en el último trimestre; el turismo superó en ingreso a Argentina, y en dos años se construirán cinco nuevos hoteles, además de iniciarse el desarrollo de Bahía de las Águilas y Punta Arena, en el Sur. Se puso en vigencia el aumento del salario mínimo. El propósito sedicioso está condenado al fracaso.

Diplomado Penal

Participación Ciudadana se erige hoy como cabeza y cerebro del intempestivo giro en la estrategia de la oposición política, que de reclamar sanciones para los responsables en el escándalo Odebrecht, apuesta ahora a la desestabilización institucional por vía de acusaciones infames contra el presidente Danilo Medina.

Esa entidad, que se mercadea como ente cívico apartidista, ha logrado colocar a un débil bloque opositor en dirección hacia la temeridad e insensatez política, con el falso criterio de que el Presidente no resistiría una ofensiva basada en el reclamo de un juicio político.

Joao Santana, quien fungió como asesor de la campaña de Danilo Medina de 2012 y durante un tramo de la de 2016, declaró bajo juramento ante dos instancias judiciales de Brasil que Odebrecht no financió esas gestiones proselitistas. Lo mismo dijo su esposa, Mónica Moura, ante un juez penal y otro electoral.

La directora de Participación Ciudadana se le atribuye decir que Joao y su compañera esposa “incurrieron en perjurio”, es decir que mintieron ante los jueces y fiscales de Brasil, instancias con las que arribaron a un acuerdo para ofrecer detalles sobre implicados en financiación ilegal.

Lo menos que se le puede pedir a esa distinguida abogada es que se digne en ofrecer un diplomado en investigación penal a los magistrados que llevan el Caso Lava Jato y Odebrecht, para que puedan determinar cuándo un imputado miente o dice la verdad.

Esa estrategia sediciosa se sostiene en la difamación personal y política contra el Presidente, por lo que el reclamo ciudadano de que se afronte la corrupción y la impunidad ha pasado a un segundo plano. El objetivo no es cívico, es político.

El colmo fue la feria mediática que montó PC, para solicitar a la Procuraduría general que “investigue” si Odebrecht financió la campaña de Medina, pero exigió que esas indagaciones sean dirigidas “por el procurador de mayor edad”, porque no confían en el titular.

Esta vez, son los directivos de PC, los que deben recibir el diplomado sobre derecho penal.

El lenguaje cívico de “transparencia”, “impunidad”, “corrupción”, ha cambiado radicalmente por el de “crisis política”, “catástrofe” y de “marcha verde”, todo sostenido sobre un intenso discurso de difamación contra el presidente Danilo Medina, a quien se aspira a destronar por vía non sancta.

La economía ha crecido en promedio 7.2% en el último trimestre; el turismo superó en ingreso a Argentina, y en dos años se construirán cinco nuevos hoteles, además de iniciarse el desarrollo de Bahía de las Águilas y Punta Arena, en el sur. Se puso en vigencia el aumento del salario mínimo. El propósito sedicioso está condenado al fracaso.

Publicado por El Nacional el 7 de mayo del 2017

El rostro de Dios

A rajatabla

 

En la mayoría de las naciones se conmemora el 1 de mayo como Día del Trabajo, fecha escogida en 1889 durante el Congreso Obrero Socialista, reunido en Paris, en honor a “Los Mártires de Chicago”, tres periodistas, un carpintero y un topógrafo, condenados a la horca en 1886 por reclamar la jornada laboral de ocho horas.

Durante la Revolución Industrial de Estados Unidos, los trabajadores debían completar entre 14 a 18 horas diarias de labores, por lo que solo disponían de seis a ocho horas para recuperar fuerza y atender a sus familias, una cruenta forma de explotación, base a la acumulación originaria de capital y riqueza en esa nación, proclamada diez años antes.

Chicago, capital del estado de Illinois, fue escenario de cuatro días de intensas movilizaciones obreras en reclamo de las 48 horas semanales de trabajo, para dividir  el día en ocho horas de labor, ocho de descanso y ocho para la familia.

Más de 200 mil trabajadores colmaron las calles de Chicago para exigir que  el estado acogiera la  Ley Ingersoll, promulgada por el presidente Andrew Johnson, que redujo a ocho horas la jornada laboral. Los cinco obreros condenados a la horca fueron acusados injustamente de la muerte de un policía.

En la figura del trabajador se refleja la bondad de Dios, porque el obrero sí, tiene el don de generar riqueza y bienestar que por gracia del Altísimo debería disfrutar hoy toda la humanidad, pero que un tipo de capitalismo salvaje, como lo definió Juan Pablo II, o de socialismo concentrador, impiden la justa redistribución e impone la explotación del hombre el hombre o por el Estado.

El regalo que reciben mañana, los trabajadores dominicanos es la negación rotunda por parte de los gremios empleadores de un aumento del 20% en el salario mínimo, lo que no alcanza a suplir el quintil o canasta mínimo, porque desde un empresariado atrasado se persiste en la idea de enseñar al burro a no comer, sin entender que cuando llegue a acostumbrarse, morirá de hambre.

De poco sirve el crecimiento sistemático de la economía, sin una justa redistribución de la renta y el ingreso, porque la gobernanza se sostiene en el desarrollo horizontal y no en el secuestro de la riqueza y la rentabilidad.

Los empresarios deberían entender que el mejor negocio es el de compartir los beneficios y permitir y promover que los trabajadores participen activamente de la sociedad de consumo, para lo cual deben borrar por siempre el criterio de que es mejor enseñar al burro a no comer.

El Gobierno tiene el compromiso de promover políticas públicas que dignifique la mano de obra, desalentar iniciativas empresariales para encaminadas a despojar a los obreros de  conquistas  que datan de más de 60 años, porque no hay democracia, ni gobernanza sin la participación de los trabajadores. ¡El rostro de Dios se refleja en cada trabajador!

Erraron el tiro

A rajatabla

 

Los debates sobre Odebrecht y la Ley de Partidos han servido para demostrar la crasa ignorancia y desconexión con la realidad nacional que afecta a dirigencia partidaria, claques económicas, y mentada sociedad civil, todos los cuales, adrede o sin querer, confunden  el vino con la orina.

La regente de Participación Ciudadana tildó de “Pacto por la Impunidad”, el acuerdo homologado por un juez entre la procuraduría general y Odebrecht, sin querer entender que esa es la mejor vía procesal para poder identificar y someter a la justicia a quienes recibieron soborno de esa empresa.

Ignora que el otro camino jurídico es largo, tortuoso y difícil porque el Ministerio Publico tendría que recabar pruebas de cargo en fuentes inciertas, en un proceso que tardaría años hasta que un juez suene el último e irrevocable malletazo.

Contra Odebrecht, no se puede hacer más que imponerle la multa establecida en la ley sobre practica desleales empresariales, igual al duplo del dinero distribuido en soborno, que serían 184 millones de dólares. Esa empresa  es objeto de un juicio en Brasil y  arribó a acuerdos judiciales  En estados Unidos y Suiza.

Lo de posibles sobrevaluación en obras públicas asignadas a esa multinacional, sería motivo de otro proceso centrado en el  ámbito civil entre  contratante público y  contratista o suplidor privado,  aunque también puede llevarse por vía  de lo penal.

¿Cómo es posible que se diga que ese acuerdo garantiza impunidad, si Odebrecht se obliga a suministrar al Ministerio Publico nombres de los sobornados, trasferencias bancarias y otras pruebas de cargo de gran valor? ¿Alguien ha dicho cuál sería la otra vía mejor?

Es claro que si no el procurador general no invocara el criterio de oportunidad, la  vuelta sería mucho más larga para llegar al mismo sitio, pues  Odebrecht no tendría compromiso de  delatar a los sobornados  e  invocaría el principio Nom bis in ídem, que nadie puede ser juzgado  dos veces por un mismo delito, pues sus ejecutivos enfrentan juicio penal en Brasil.

La ignorancia que refiero la demostró un candidato presidencial perdedor, al advertir que si el partido oficial no se  aboca a discutir fuera del Congreso la Ley de Partidos, se desataría “una crisis política”. Ese señor cree erróneamente que un escenario de esa naturaleza  se produce por decreto  personal o de grupo.

Erraron el tiro las claques políticas, económicas y mediáticas que creyeron que con Odebrecht encenderían la pradera sediciosa, quebrarían las rodillas del presidente Danilo Medina e  impedirían la terminación de Punta Catalina.

En santa paz

 

 

Semana Santa, que se inicia hoy Domingo de Ramos, representa uno de los períodos del año de mayor movilización de vacacionistas, que se trasladan a zonas de playas, ríos y montañas, por lo que las congestionadas avenidas, autopistas y carreteras se convierten en  vías de  altos riesgos de accidentes.

Imprudencia y desenfreno constituyen principales causa de desgracia, lo que para estos días se expresa en consumo excesivo de alcohol y manejo imprudente y crasa violación a la ley, lo que se traduce en luto y dolor.

Un segmento de la población, generalmente minoritario, asume en conciencia y conducta el motivo esencial de la Semana Mayor, que es conmemorar la muerte y resurrección de Cristo, por lo que los feligreses acuden a los templos o participan en familia de  reflexión, oración y ayuno.

Policía, Salud Publica, Ministerio de Obras Públicas, Cruz Roja, Defensa Civil, Autoridad Metropolitana (Amet) y cuerpos de Bomberos, inician en firme  un programa de prevención de accidente, que no tendría  éxito sin el concurso activo de la ciudadanía.

El ocio o la diversión es uno de los derechos más acendrados en el ordenamiento jurídico sustantivo, toda vez que  la oportunidad de descansar y divertirse se asocia a la calidad de vida, por lo que el ciudadano ejerce una legitima prerrogativa al aprovechar estos días de asueto para el disfrute junto a los suyos.

A lo que no se tiene derecho es a perturbar el derecho de los demás al sosiego, tranquilidad y  seguridad, por lo que cada quien esta compelido a actuar con absoluto apego a la ley, además de mostrar  siempre  moderación, humildad, solidaridad  y compasión.

Las autoridades han advertido que incautaran las motocicletas, cuyos conductores no estén provistos del casco protector y a cualquier vehículo manejado con imprudencia o temeridad, porque la misión  esencial debe ser proteger y preservar la vida.

Los ruegos son para que  la población  disfrute  de la Semana Santa en paz y armonía y reflexión, sin imprudencia o desenfreno, para que  ningún nombre figure en la  lista de muertos y heridos que se elabora  al final de la conmemoración. (Editorial de El Nacional)

La delincuencia

Aunque entre las cincuenta ciudades latinoamericanas consideradas como las más violentas del mundo no figura ninguna de República Dominicana, la población parece tener la percepción de que aquí prevalece un irrespirable ambiente de delincuencia y criminalidad.

El índice de homicidios por cada cien mil habitantes es muchas veces superior en Brasilia, Sao Paulo, Caracas, Ciudad de México, San Salvador, Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa, Bogotá y Lima, pero es claro que los dominicanos no están conformes con lo que consideran precario estado de inseguridad ciudadana.

Casi el 90% de la población latinoamericana vive en zonas urbanas, donde se multiplican los barrios pobres o favelas, al punto que 11 millones de personas viven en condiciones precarias sin accesos adecuados a servicios básicos como agua potable, electricidad, salud, escuelas y empleos.

En la gran metrópolis del continente es mayor la desigualdad social y económica, lo que la convierte en principal causa de la violencia y delincuencia, un flagelo que se desborda en ciudades grandes de Brasil, México y Venezuela, también en pequeñas como las de El salvador, Honduras y Guatemala.

Consuelo de muchos es consuelo de tontos, pero es oportuno resaltar que el nivel de delincuencia y criminalidad en República Dominicana es significativamente menor que en la mayoría de los países de Latinoamérica, aunque aquí preocupa y alarma la frecuencia de los atracos, asaltos y homicidios.

En el ranking del Foro Económico Mundial sobre las diez ciudades latinoamericanas con mayor porcentaje de homicidios por cada cien mil habitantes, figura en segundo lugar, con 188, la diminuta isla caribeña de Saint Kitts and Neivis, detrás de San Salvador, que la encabeza, con 132.

En España operan 450 bandas de delincuentes, en Venezuela se mencionan a las diez más peligrosas, en Brasil se cuentan por centenares, en Centroamérica las bandas se han extendido a Washington y al oeste de Estados Unidos, en México operan los más terribles grupos mafiosos, lo mismo que en Colombia y Perú. Aquí no estamos a esos niveles de delincuencia y criminalidad.

No se objeta el envío de militares para patrullar en las calles junto a la Policía, pero debería entenderse que esos operativos sirven sólo para contener un tipo de hemorragia o brote delincuencial, porque para erradicarlo o reducirlo al mínimo, se requiere de políticas públicas integrales que ayuden a estrechar la desigualdad social y económica.

En el portafolio de lucha contra la delincuencia tiene que incluirse temas como reforma fiscal, capacitación y entrenamiento laboral, educación, salud, vivienda, agua potable, electricidad, generación de empleo, democratización del crédito, promoción de las pymes, la cultura y el deporte.

Publicado por El Nacional el 9 de abril del 2017

El nuevo ciudadano

 

La sociedad dominicana, cuya economía crece en promedio sobre un 6% del PIB en los últimos 25 años, ha generado un nuevo perfil de ciudadano más exigente, consciente y participativo, con el que los gobernantes y poderes públicos tienen que interactuar de manera horizontal y transparente.

Aunque la burguesía mantiene la condición de clase dominante, pero no gobernante, de su seno emerge una clase media con elevados estándares de conciencia social, en conocimiento, capacidad y voluntad de reclamar o defender sus derechos.

Esa clase media ha sido la más afectada por la concentración de capital y riqueza en manos de un micro sector oligárquico que succiona los mayores volúmenes de utilidades y rentas a través de un sistema de tesorería financiera excluyente que no refleja su verdadera riqueza en el ámbito fiscal.

Sobre la clase media cae el grueso de la fiscalidad, incluido los impuestos directos al salario, a los magros ingresos de la Mipyme, de la vivienda, costo de las placas de vehículos, combustibles, electricidad, el Itabos, colegios y muchas cargas más.

Grupos empresariales colocados en los anaqueles más altos de la economía, son los que evaden impuestos, niegan conceder aumentos salariales, imponen monopolio, oligopolio y otras prácticas desleales, además de controlar organizaciones de la mentada sociedad civil.

Observen que las marchas y oleajes mediáticos contra la corrupción y la impunidad emanan principalmente de la clase media y no de los sectores marginados o excluidos como ocurrió con la poblada de abril de 1984, porque antes el peso de la injusticia recaía básicamente sobre el pueblo pobre.

Los barrios no se movilizan como antes porque ahora tienen acceso a mejor educación, desayuno, merienda y almuerzo escolar, estancias infantiles, planes de vivienda, metro, más autobuses públicos, democratización del crédito y porque cada semana pueden hablar directamente con el Presidente.

El crecimiento de la economía ha generado, por un lado el fortalecimiento del sector oligárquico, verdadero titiritero de la cotidianidad política, una clase media más estresada y pesimista y los sectores populares con mayor optimismo y esperanza.

A mi modo de ver, el Gobierno y el partido oficial están compelidos a renovar y mejorar su interacción con la clase media, a través de diálogo fluido y aplicación de políticas públicas que aligeren su pesada carga, para lo cual se requiere reducirle el estómago a la oligarquía.

Publicado por El Nacional el 02 de abril del 2017

Ni más ni menos

 

Amplios segmentos ciudadanos se movilizan en reclamo de poner fin a la corrupción e impunidad, aunque en realidad lo que quiere la gente es  que  se activen los mecanismos de ley para prevenirlos, perseguirlos y sancionarlos.

La población anhela y merece absoluta garantía de que las instituciones del Gobierno y del Estado desarrollen sus actividades con plena transparencia,  sin la menor cabida a la prevaricación, para lo cual se requiere un eficiente orden administrativo y judicial que se aplique  en todo estado de causa.

República Dominicana dispone de todas las herramientas jurídicas para combatir la corrupción y de un vasto ensamblaje de prevención de ese flagelo, pero hay una evidente escasez de voluntad en los  sectores públicos y privados para poner a toda marcha en marcha  el tren de la transparencia.

El reclamo colectivo contra  la prevaricación no requiere de intermediación partidaria ni corporativa, porque  durante muchos años  el liderazgo de ambos  sectores ha sido parte del problema y no de la solución, sea por  acción, complicidad o indiferencia.

Tampoco resulta valido la pretensión de desviar un legítimo interés ciudadano que marcha de cara al sol, por callejuelas de burdos intereses económicos o políticos. El rio de justicia sigue  su caudal  sin  desbordarse.

Para evitar contaminación ética o moral  en esa procesión  se requiere que todos los participantes, especialmente  quienes aspiran  marchar a la vanguardia, presenten sus credenciales de que han sido inmune al cohecho y a toda forma de prevaricación.

Los titiriteros de ocasión están compelidos a  cortar sus hilos o exponerse a que las aguas de indignación los ahoguen en las primeras  marejadas, porque  por su historial nebuloso, mucha gente no tendría ni manos para lanzar la primera piedra.

Poderes Públicos y sociedad deberían tener bien presente que el movimiento anticorrupción no es ni aspira ser una feria, un circo ni una hoguera, sino  una expresión  genuina de la ciudadanía que  anhela y exige transparencia y justicia. Que nadie se equivoque.

 

El costo del crimen

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha publicado un amplísimo estudio sobre “Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe”, que debería servir como referencia vital para afrontar el flagelo de la violencia, delincuencia y criminalidad que agobia a nuestro país.

En el prólogo de esa investigación se ofrecen datos que presentan a la región como la más violenta del planeta, al registrar el 33% de los homicidios por cada 100 mil habitantes en el mundo, a pesar de que en el continente solo habita el 9% de la población mundial.

Se parte del criterio de que el crimen y el temor al crimen influyen en la conducta de las personas, limitan las decisiones de inversión de las empresas y minan la confianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública, además de distorsionar la asignación de recursos públicos y privados.

Como costos directos del crimen se mencionan lesiones, daños y pérdidas, así como el gasto público y privado en procurar prevenirlo, además del costo del sistema de justicia penal y todo lo que en términos financieros se deriva del temor a ese flagelo.

América latina es la región más peligrosa del planeta, con 20 homicidios por cada cien mil habitantes, además de ser la única región donde la tendencia aumenta en vez de disminuir, tanto así que seis de cada diez robos tienen componente de violencia física.

El principio de que a menor desigualdad y pobreza, menor tasa de criminalidad, ha sido roto en América Latina y el Caribe, donde el PIB y los programas sociales se han incrementados, pero no así la reducción del crimen y la delincuencia.

Aunque desigualdad y pobreza se asocia a la criminalidad, las estadísticas de la región sobre PIB real e ingreso per cápita, no inciden en la disminución de los crímenes y delitos, por lo que, conforme a ese estudio, la principal preocupación en América Latina no es el desempleo, sino el crimen y la violencia.

En República Dominicana el PIB ha crecido en promedio 6.3% anual , disminuido el desempleo, se ha incrementado el gasto social, impulsado principalmente por el 4% del PIB a la educación y el aumento de la inversión en salud, la seguridad social e infraestructura vial, pero la delincuencia sigue en auge.

El informe de referencia puede ser un buen punto de apoyo para impulsar desde el Estado, Gobierno y sociedad un programa integral de combate a la delincuencia y a la prevaricación, porque ese es un mal cuyo combate compete a todos los dominicanos.

Publicado por El Nacional el 26 de marzo del 2017

Taladra el alma

 

Delcy Miguelina Yapor, de 55 años, salió ayer de su hogar al volante de un minibús para su cotidiana labor de transportar niños a los colegios del ensanche Evaristo Morales, sin saber que una bala disparada por la imprudencia contra la delincuencia le cegaría la vida.

La muerte de esa fervorosa cristiana ha consternado a toda la sociedad, que aún no se repone de una tragedia  causada por el ex raso de la Fuerza Aérea, Franklin Padilla Núñez, quien dijo que disparó contra dos atracadores a bordo de una motocicleta, pero la bala  impactó sobre la anatomía de la mujer.

El homicida dijo que perseguía a los individuos habían despojado a una joven de su cartera en la  calle Francisco Prats Ramírez del referido sector, sin saber que  el disparo que realizó había causado la muerte a la señora Yapur, que llevaba 20 años en el servicio de transporte  escolar.

Una irreparable tragedia que taladra el alma de una colectividad tiempo es prisionera hace tiempo de la criminalidad, violencia y delincuencia, a lo que esta vez se agrega la imprudencia de un ciudadano que pretendió  administrar justicia por  propia cuenta.

En frecuente casos de de robos y atracos, vecinos persiguen o atrapan a delincuentes que, en vez de entregarlos a una autoridad competente, intentan lincharlos, lo que representa un crimen  de tanta gravedad como el que se procura castigar.

La ciudadanía dispone  del servicio de asistencia y emergencia 9-1-1, al que se puede informar sobre  la comisión de un hecho delictuoso en proceso, por cometerse o ya perpetrado, pero es impropio que los ciudadanos  pretendan suplir la misión de las autoridades, a menos que se trate de una situación de  defensa propia o de los suyos.

La señora Yapur era esposa del diacono de la Iglesia El Buen Pastor, donde participaba con su marido en  actividades de organización y promoción de la fe católica. Disfrutaba del aprecio y admiración de la feligresía y de las comunidades educativas a las que  servía, por lo que  su intempestiva muerte ha  causado profunda consternación.

Que tan triste y desgarrador suceso, sirva siquiera de lección a la ciudadanía para actuar con prudencia y precaución ante  el oleaje de delincuencia y criminalidad, y para que las autoridades, de una vez y por todas, cumplan con su obligación de prevenir, perseguir y castigar a los delincuentes.

 

Editorial de El Nacional

21-03-17CddV