Así no se puede

Por la forma estrambótica con la que sectores y actores abordan temas de trascendencia económica, política o social, no sería exagerado presumir que aquí se vive en una Republica de lo absurdo, donde escasea la racionalidad y abunda la incoherencia.
El mejor ejemplo de esa extravagancia y temeridad en el debate sobre temas esenciales para la nación, lo representa la discusión en torno a la propuesta de un Pacto Eléctrico entre Gobierno y representantes de empresas de generación, distribución de electricidad, así como de entidades empresariales y sociales.
El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, anuncio que se ha arribado a un consenso suficiente como para poner en vigencia esa propuesta de acuerdo, que ha sido objetada por la Asociación de Industriales de Herrera y por voceros de empresas generadoras.
Al final de este año entraría en operación el complejo de generación eléctrica de Punta Catalina que produciría unos 720 megavatios, lo que representaría el 35% de la demanda actual, además de suponer que impactaría en la reducción de la tarifa eléctrica.
Quienes objetan la puesta en vigencia de ese pacto advierten que, por el contrario, se incrementaría el costo del servicio eléctrico para la ciudadanía y sector productivo y acusan al gobierno de no traspasar a los usuarios la baja en los costos del petróleo de los últimos tres años.
Ahora resulta que, conforme al criterio de esos sectores relacionados con la generación de electricidad, la tarifa eléctrica familiar y empresarial aumentaría en vez de bajar, si se aplica el mentado Pacto Eléctrico, lo que quiere decir que casi dos años de discusión en torno a la cuadratura del círculo no ha servido para nada.
Sin mencionar que durante más de una década, el Gobierno ha transferido traspasado al sector de generación eléctrica más de trece mil millones de dólares, para amortiguar déficits, ahora se dice que la solución posible agrava la situación en vez de aliviarla.
Conforme a esos criterios que objetan el Pacto Eléctrico, la crisis de generación, precio y distribución de electricidad se hubiese resuelto son solo traspasar al usuario o consumir las bajas en los precios del combustible de los últimos tres años. Así no se puede.
(Editorial de El Nacional)

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Arranca el 2018

La locomotora del 2018 arranca en firme a partir de mañana lunes, al cerrarse con el Día de Reyes el telón de las celebraciones que se extendieron por cinco semanas, por lo que personas físicas y jurídicas vuelven a sus realidades, en el entendido de que la vida sigue su agitado curso.

Este debe ser el año de consolidación de la economía y de culminación de grandes obras de infraestructura y de otras relacionadas con el afianzamiento institucional y de Gobernanza, aunque también supone algunos riesgos de orden político y monetario.

El sostenido crecimiento de la economía de Estados Unidos (3,1%), asociado al incremento del empleo y del Índice de Confianza al Consumidor, así como la recuperación de la economía europea dibujan un horizonte de optimismo que lógicamente incluye a República Dominicana.

Como consecuencia de ese promisorio cuadro se vaticina que aumentaran los ingresos en monedas fuertes por remesas, turismo, exportaciones e inversión extranjera directa, lo que superaría en conjunto los más de 25 mil millones de dólares que ingresaron a la economía por esos canales.

Se ha dicho que la reforma fiscal aplicada por el presidente Trump, impactaría negativamente en el renglón de inversión extranjera, lo que no parece tener asidero porque el grueso de los capitales ya instalados o que procuran instalarse están dirigido a construcción de hoteles, telecomunicaciones, minería, intermediación financiera y zonas francas.

Esos capitales no forman parte de los 450 mil millones de dólares que el Gobierno estadounidense calcula retornaran a su torrente financiero como resultado de la reforma fiscal. Más bien son dineros represados en paraísos fiscales o en sedes corporativas que huyen del Tío Sam.

En 2018 debe concluirse el proyecto Punta Catalina, que generara 720 megavatios equivalente el 35% de la demanda actual de electricidad, lo que supone estabilidad en la oferta y reducción de precios.

El inicio de la construcción de la prensa Monte Grande impactara en términos de empleos y movilidad económica al suroeste, lo mismo que los proyectos de vivienda Domingo Savio y Juan Bosch, que promueven activación económica a través de la mano de obra y de las empresas vinculadas a la construcción.

Más que el endeudamiento público, a mí me preocupa el tema fiscal, que el gobierno ha decidido, en vez de promover una auténtica reforma fiscal, abordar a través del combate a la evasión fiscal, que mal ejecutado puede derivarse en una especie de patíbulo para las Pymes y el Emprendimiento.

El presidente Danilo Medina no debería poner atención a quienes le aconsejan deshacerse de Punta Catalina y abandonar los proyectos Monte Grande, Domingo Savio y Ciudad Juan Bosch, porque precisamente ahí es que está la esencia de la redistribución, equidad y progreso.

Publicado por El Nacional el 07 de enero del 2018

Difícil caminata

La población emprende desde hoy una caminata desigual para recorrer todo el 2018 por caminos agrestes con pendientes empedradas y resbaladizas, difíciles de transitar o escalar, que requiere que Gobierno, clase política y empresariado enciendan antorchas que iluminen senderos y poder así enfrentar hiedras y dragones.
El presidente Danilo Medina procura despejar los senderos de incertidumbre al anunciar que su gobierno concluirá este año a Punta Catalina, segunda línea del Metro, el Teleférico, más 600 escuelas, y 60 hospitales, además de vaticinar un mayor crecimiento de la economía.
Hay quienes interpretan como exceso de optimismo la afirmación presidencial de que el PIB dominicana superara el 6% en 2018, pero muchos opinan que es mejor a que por desproporción de pesimismo la población reciba un balde de agua fría, ante de iniciar la gran marcha.
Conviene quizás que las autoridades procuren desde este el primer día laborable entrelazar de manera armónica un propósito de acercamiento a la realidad objetiva con un severo programa de planificación de políticas públicas, que haga estrecho el portón de las improvisaciones.
Falta saber cómo el Gobierno cumplirá con su meta de reducción del déficit fiscal, si adelanta fastuosos anuncios sobre terminación de obras que requieren todavía gran inversión, sin que se ofrezcan seguridades de que la Dirección de Impuestos Internos pueda mantener la bayoneta sobre el cuello de la clase media.
A fuerza de mucho repetirlo, el tema del excesivo endeudamiento externo se ha convertido en un ruido económico y político, más que en convocatoria para discutir un tema que se mercadea como de gran riesgo para la estabilidad financiera y monetaria.
El partido oficial parece acomodado el juego de la ruleta rusa, sin tomar la cuenta que en algún momento el percusor del arma golpeara el punto donde explota la pólvora, como también la oposición política se deslumbra con fuegos de artificios, como si su compromiso se limitara ejercer el rol de bufón de alguna Corte.
La población no guarda mayor esperanza de que durante la caminata de 12 meses, el gobierno desenvaine su espada para cercenar todas las cabezas de la corrupción e impunidad, ni en imponer control migratorio e incrementar la seguridad ciudadana, aun así lo más saludable seria pensar que en 2018, el optimismo vencerá al pesimismo y que la sociedad halará la cuerda en la misma dirección.

Editorial El Nacional
2 de enero 2018

¿Es mucho pedir?

Los tres mil agentes que Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) dispondrá para brindar asistencia vial en autopistas y carreteras resultaran insuficientes si persiste la locura de choferes y conductores, cuyo manejo temerario es causa principal de cotidianos accidentes de tránsito con saldos de muertos y heridos.
El operativo “Navidad sin Accidentes” procura reducir en un 30% los decesos por accidentes de tránsito, que según las autoridades han disminuido en un 21.5% en comparación al 2016, pero que es una cifra muy elevada en comparación con otros países de la región.
Los precarios niveles de educación vial y de civilidad que muestran una gran parte de conductores y choferes se erige como causa principal de tantas muertes provocadas por percances de tránsitos en calles, avenidas carreteras y autopistas, convertidas por la imprudencia y la temeridad en largos lienzos de muerte.
Los agentes de Amet que serán distribuidos por todos los corredores viales detendrán a conductores de motocicletas, automóviles, yipetas, camiones y patanas que violen la Ley de Tránsito, a quienes se les impondrán multas con montos de acuerdo a la gravedad de la infracción.
Lo deseable sería que choferes y conductores recuperen la sensatez o el buen juicio para que manejen con responsabilidad, sin la distracción del celular, ni consumir bebidas alcohólicas y en absoluto respeto a las señales viales. ¿Es mucho pedir?

Honduras y Chiles representan han experimentado experiencias electorales con resultados completamente diferentes, que sirven de ejemplo a toda América Latina sobre el camino que se debe seguir si de verdad se desea fortalecer a la democracia.
Las elecciones presidenciales de Honduras fueron traumáticas y sus resultados denunciados como fraudulento, al punto que la Organización de Estados Americanos, sugiere que se celebren nuevos comicios, en claro cuestionamiento al triunfo atribuido al presidente Juan Orlando Hernandez.
Sebastián Piñeyra gano las elecciones presidenciales chilenas con un 54% de los votos y de inmediato, el candidato perdedor, Alejandro Guillier, reconoció su derrota. La presidenta Michelle Bachelet, invitó al mandatario electo a un desayuno. Chile es el ejemplo a seguir.

(Editorial de El Nacional)

El tiempo pasa

El tiempo pasa volando porque en un abrir y cerrar de ojos han pasado 44 años desde aquel día cuando se fundó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante un congreso constitutivo bautizado con el nombre del patricio Juan Pablo Duarte, cuya obra inconclusa, el nuevo instrumento político prometió concluir.

No voy a referirme a lo que ha sido el PLD en más de cuatro décadas, durante los cuales ha ejercido el Gobierno en cinco periodos constitucionales y promovido grandes transformaciones en infraestructura, institucionalidad y gobernanza.

Tampoco abundaré en el hecho cierto de las gestiones de Leonel Fernández y Danilo Medina, que han elevado el Producto Interno Bruto (PIB) de 19 mil millones de dólares en 2004 a US$75 mil millones en 2017, ni en los aportes que han hecho sus gestiones en la promoción de las libertades públicas y la redistribución del ingreso.

Lo que deseo resaltar es la obra política que el profesor Juan Bosch legó al pueblo, sin emitir juicio de valor sobre si ese partido es hoy lo que quiso que fuera su fundador, por aquello de que no es posible bañarse dos veces en las mismas aguas de un río.

Lo primero que debería resaltarse es que como presidente y líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Juan Bosch obtuvo niveles de gloria política y personal que desearía obtener cualquier mortal, por lo que desde ese punto de vista no parecía sensato que a sus 64 años se embarcara en tan difícil y difuso proyecto político.

Bosch hizo un esfuerzo importante para convertir al PRD de entonces, en un instrumento de liberación nacional, una tarea gigantesca que debía comenzar por la educación política de su dirigencia y militancia, programa que se inició con el primer Círculo de Estudio dirigido a los miembros de la Comisión Permanente.

No pasó mucho tiempo, desde su retorno a República Dominicana desde Europa, en 1970, para que Bosch se convenciera de que ese PRD había cumplido su papel histórico.

Difícil fue para el ciudadano ordinario entender cómo un líder como Bosch, renunciara a la presidencia del partido de masas más grande que había conocido la historia política del país, para hilvanar la conformación de un partido de militantes y cuadros políticos.

Yo tenía 17 años y era un dirigente estudiantil cuando Bosch estremeció a la clase política al anunciar su dimisión, en 1973 y, obviamente me inscribí de inmediato en ese proyecto que adoptó la consigna de “servir al partido para servir al pueblo”.

El PLD es un legado de Bosch y un patrimonio político del pueblo que ningún dirigente o grupo partidario debe destruir o desvirtuar, porque algún día tendrá que completar, junto a otras fuerzas políticas progresistas, la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte.

Publicado por El Nacional el 17 de diciembre del 2017

No alejarse de la orilla

Muchos años antes de contaminarse, la de Güibia era una playa hermosa, de un azul intenso y oleaje juguetón donde los muchachos de San Carlos acudíamos los domingos o a escondidas cuando faltaba el profesor titular en la escuela Chile. Los mayores siempre nos aconsejaban no alejarse de la orilla porque nos ahogaríamos.

Esa playa no se parece a la de Boca Chica, donde se puede recorrer un largo trecho, desde la orilla hasta “la matica”, sin peligro de ahogarse. Güibia es, por decirlo de alguna manera, “un brazo de mar” que atrapa a los nadadores en la ribera y los lleva hasta su estómago, por lo que es válido el consejo de no alejarse de la orilla.
En política ocurre algo similar a lo que cuento sobre Güibia referido al peligro de desafiarla porque sin darse cuenta el oleaje arrastra al bañista mar afuera hasta las fauces de los tiburones. El liderazgo del Partido de la Liberación (PLD) se aleja peligrosamente de la orilla.

Un partido como el PLD, con experiencia de casi 20 años en el Poder, debería su liderazgo garantizar el sagrado principio de cohabitación y mantener despejadas las vías de resolución de los conflictos, bajo el principio inviolable de unidad en la diversidad.

Falsamente confiada en que la playa es solo suya, la dirección del PLD desafía las olas del mar sin darse cuenta de lo difícil que resulta retornar a la orilla desde alta mar, más aun si se llega a tener el oleaje en contra con brazos y piernas cansados.

La unidad interna representa los pulmones de un partido, sin los cuales es imposible respirar y, por tanto, mantenerse vivo y viable, por lo que la base del PLD ni la sociedad pueden entender las razones por las cuales el liderazgo partidario insiste en bloquearse la nariz.

La discusión sobre primarias abiertas o cerradas se circunscribe a la dirección del Partido y a un grupo de abogados constitucionalistas, pero es un tema ajeno a la militancia peledeísta y al pueblo en general, cuya agenda está encabezada por empleo, comida, vivienda, salud y seguridad.

La candidatura presidencial del PLD no puede emerger de las cenizas de una confrontación interna a muerte o sin sentido, sino de un auténtico ejercicio de unidad, basado en un proyecto de nación, que evite la aplicación de mayorías mecánicas o de alianzas filisteas, donde predomine el criterio de una mayoría consciente y se respete la disidencia de una minoría responsable.

Se ha dicho que la dirección del PLD ha demostrado que sabe nadar en aguas aún más turbulentas que las de la playa de Güibia, pero me permito recordarle que en 1978, ese partido se alejó en demasía de la orilla y no pudo retornar a la tranquila costa de la unidad.

Publicado por El Nacional el 10 de diciembre del 2017

¡Llegó Juanita!

Dos de cada cinco dominicanos viven en el exterior, donde la mayoría de esposos y esposas gestionan trasladar a sus consortes e hijos, pero sin renunciar a la idea de retornar y asentarse en su país, aunque con el tiempo, una segunda y tercera generación sienten raíces definitivas en la nación que los acogió o donde nacieron.

Solo en Estados Unidos se estima en cerca de dos millones el número de inmigrantes dominicanos y sus descendientes, asentados principalmente en Nueva York, Nueva Inglaterra, New Jersey, Pensilvania y la Florida, donde nuestra gente ha descollado en el comercio, la política, la academia, el magisterio, los servicios y la ciencia.

La emigración dominicana es notoria también en España, Italia, Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Suiza, Bélgica, en las Islas del Caribe, Venezuela, Argentina y Panamá, pero también se encuentran en tierras tan lejanas y difíciles como Corea, Taiwán, Rusia y Alaska.

En 2007 estalló la más cruenta crisis económica y financiera a nivel mundial desde los tiempos de la Gran Depresión (1929-1936), lo que produjo que la mayoría de las economías cayeran en cascada, incluidas las de Estados Unidos, Unión Europea, el Caribe y Latinoamérica.

Ese crack económico causó recesión y desempleo, pero el monto de la remesa que envían los dominicanos mantuvo casi el mismo nivel, lo que se explica porque nuestros compatriotas prefieren endeudarse o disminuir su alimentación para poder mandar dinero a los suyos.

La dominicana es una de las comunidades de inmigrantes con mayor fidelidad para su gente, tanto así que a pesar de que, por ejemplo, la asentada en el este de Estados Unidos controla más del 80% de las bodegas, esos negocios no se convierten en supermercados porque las utilidades son repatriadas al país.

Las remesas que envían los dominicanos superan los seis mil millones de dólares al año, lo que quiere decir que uno de cada tres dólares que ingresan a la economía proceden del trabajo de esos compatriotas, lo que incide en el comercio, industria, agropecuaria, Pymes y comunicaciones.

Los más de 150 mil dominicanos que retornan para disfrutar junto a los suyos de las navidades y fin de año, merecen ser recibidos con música y flores porque sin el concurso de esas comunidades, el país no exhibiría hoy tantos logros económicos.

El Gobierno y la sociedad toda están compelidos a dispensar a nuestros hermanos que retornan las mismas atenciones que se conceden a visitantes distinguidos, así como proveerlo de toda la seguridad y confort para que en su estadía disfruten de una experiencia memorable.

El clásico merengue “¡Llegó Juanita!”, aunque de letras colombianas, es una fiel expresión del amor, respeto y admiración que todos sentimos por nuestros compatriotas de allende los mares.

Publicado por EL Nacional el 03 de diciembre del 2017

Los procónsules

Posiblemente con algodones en los oídos, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y acompañantes escucharon las explicaciones que ofrecieron por separado el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) sobre los conflictivos temas de apatridia y discriminación racial contra haitianos.

Esa comisión de la CIDH, encabezada por Luis Ernesto Vargas Silva, a cargo del portafolio de República Dominicana, vino en función de equipo interventor, con la expresa misión de interactuar principalmente con voceros de organizaciones que forman parte del entramado que promueve infamia contra el gentilicio nacional.

El presidente de la JCE, doctor Julio Cesar Castaños Guzmán, revelo a los comisionados que como consecuencia de la aplicación de la ley 169-14 sobre regularización de indocumentados, de 61,049 inscritos irregularmente en el Registro Civil, un 93% ha sido beneficiado con la legalización de su situación migratoria.

En esa gente no se puede creer ni en el saludo que ofrecen porque representan a un órgano de fisonomía imperial que de manera arbitraria y abusiva incluyó a país en el Capítulo IV referido a naciones que promueven apatridia, discriminación o exclusión racial o que violentan derechos humanos de manera sistemática y grave.

La sentencia del Tribunal Constitucional que estableció una correcta interpretación del Constituyente dominicano en relación al alcance de la nacionalidad, no despojó a ningún ciudadano de su gentilicio, sino que ordenó regularizar la inscripción fraudulenta en el Registro Civil, lo que acato el Poder Ejecutivo mediante una ley.

Lo que procura reparar ese edicto fue un mayúsculo desorden migratorio alentado por potencias extranjeras que desean que se convierta en insalvable y en fuente de unión forzosa de Haití y República Dominicana, aun sea dentro de 50 años.

Ningún ciudadano ha sido despojado de su nacionalidad, ni aun en los casos de fraude en la inscripción con documentos falsos en el Registro Civil; lo que se ha ordenado es que toda persona en situación migratoria irregular debe regularizarse, para lo cual el Estado puso al alcance de los afectados todas las posibilidades jurídicas y administrativas.

La condición de racista y de promover apatridia debería ser aplicada por la CIDH a Estados Unidos por decretar la deportación dentro de 18 meses a 59 mil haitianos o al de Las Bahamas por disponer la repatriación de todos los niños haitianos en condición de indocumentados.

Hay que rogarle al Centro Bonó, que organizo el baile de gagá ante las tumbas de los forjadores de la nacionalidad, como recibimiento a los procónsules de la CIDH, que hable bien de nuestro país, aunque se adelanta que a los dominicanos nos importa un comino lo que diga o haga esa gente.

Publicado por El Nacional el 26 de noviembre del 2017

¿Cooperación o intromisión?

Conviene postergar una posible discusión en torno a si el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos incurrió en intromisión al afirmar que la ciudadanía está harta de corrupción, porque más útil seria valorar la propuesta de su gobierno brindar asesoría en el uso de herramientas que promuevan transparencia.
No resulta fácil para ningún Gobierno digerir juicios o expresiones como las externadas por el señor Robert Copley, de que todas las encuestas, noticias e indicadores demuestran que hay hastió en la población respecto al tema de la corrupción y la criminalidad.
En su comparecencia ante la Cámara Americana de Comercio, el encargado de la embajada estadounidense dijo que las relevaciones del caso de sobornos Odebrecht han demostrado que millones de dólares que pudieron ir a la educación, infraestructura y desarrollo fueron desviados a la corrupción.
Si bien el reclamo del diplomático de que “estas pérdidas tienen que ser confrontadas y estas tendencias tienen que ser revertidas…”, puede ser interpretado como un acto de intromisión en asuntos domésticos, no es menos cierto que ese reclamo es también de la sociedad toda.
El enviado de Washington ha ofrecido la cooperación estadounidense en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Publico o el sistema judicial en torno a expedientes de corrupción, oferta que también podría interpretarse como de intromisión, aunque se sabe que en materia de combate al crimen ya no existen barreras jurídicas.
Llama que el señor Copley denuncio que “varios posibles inversionistas” han externado preocupación por la inseguridad ciudadana, que dice afecta el clima de negocios, así como su señalamiento de que “la criminalidad pone en peligro la economía dominicana en todos los niveles”.
El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos no anduvo con rodeos al afirmar que la ciudadanía está harta de corrupción y reclamar que esa tendencia debe ser revertida, así como ofrecer la cooperación de su gobierno para combatir ese flagelo y promover transparencia.
Convendría quizás que el canciller de la Republica se arme de valor y convoque a consultas a ese diplomático a los fines de precisar todo lo relacionado entre cooperación e intromisión, sin desperdiciar la oportunidad de una posible colaboración en la necesaria lucha contra la corrupción.
(Editorial periodico El Nacional)

Los procónsules

A rajatabla

Posiblemente con algodones en los oídos, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y acompañantes escucharon las explicaciones que ofrecieron por separado el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) sobre los conflictivos temas de apátrida y discriminación racial contra ciudadanos haitianos.

Esa comisión de la CIDH, encabezada por Luis Ernesto Vargas Silva, a cargo del portafolio de República Dominicana, vino en función de equipo interventor, con la expresa misión de interactuar principalmente con voceros de organizaciones que forman parte del entramado que promueve infamia contra el gentilicio nacional.

El presidente de la JCE, doctor Julio Cesar Castaños Guzmán, revelo a los comisionados que como consecuencia de la aplicación de la ley 169-14 sobre regularización de indocumentados, de 61,049, inscritos irregularmente en el Registro Civil, un 93% ha sido beneficiado con la legalización de su situación migratoria.

En esa gente no se puede creer ni en el saludo que ofrecen porque representan a un órgano de fisonomía imperial que de manera arbitraria y abusiva incluyó a República Dominicana en el Capítulo IV referido a países que promueve apatridia, discriminación o exclusión racial o que violentan derechos humanos de manera sistemática y grave.

La sentencia del Tribunal Constitucional que estableció una correcta interpretación del Constituyente dominicano en relación al alcance de la nacionalidad, no despojo a ningún ciudadano de su gentilicio, sino que ordenó regularizar las inscripciones fraudulenta ante el Registro Civil, lo que acato el Poder Ejecutivo mediante una ley.

Lo que procura reparar ese edicto fue un mayúsculo desorden migratorio alentado por potencias extranjeras que desean que se convierta en insalvable y en fuente de unión forzosa de Haití y República Dominicana, aun sea dentro de 50 años.

Ningún ciudadano ha sido despojado de su nacionalidad, ni aun en los casos de fraude en la inscripción con documentos falsos en el Registro Civil; lo que se ha ordenado es que toda persona en situación migratoria irregular debe regularizarse,

para lo cual el Estado puso al alcance de los afectados todas las posibilidades jurídicas y administrativas.

La condición de racista y de promover apatridia debería ser aplicada por la CIDH al gobierno de Estados Unidos por decretar la deportación dentro de 18 meses a 59 mil haitianos o al de Las Bahamas por disponer la repatriación de todos los niños haitianos en condición de indocumentados.

Hay que rogarle al Grupo Bono, que organizo el baile de gagá ante las tumbas de los forjadores de la nacionalidad, como recibimiento a los procónsules de la CIDH, que hable bien de nuestro país, aunque se adelanta que a los dominicanos nos importa un comino lo que digan o hagan esa gente.