De la boca para fuera

Aunque de la boca para fuera todos dicen luchar por un Estado de derechos sustentados en los principios de salvaguarda de la dignidad humana y de igualdad ante la ley, en la práctica cada sector de la sociedad procura un país hecho a su imagen y semejanza basado en privilegios para uno y discrimen para los demás.
República dominicana representa hoy una nación con uno de los mayores y mejores mantos viales de la región, con su principal metrópoli conectada por un Metro y un teleférico y dotada del eficiente servicio 9-1-1, pero también con un gran conglomerado humano todavía falto de servicios básicos.
El presidente Balaguer recató dignifico numerosos asentamientos marginados, con sus “multifamiliares”, el presidente Fernández, también contribuyó con los proyectos “Villa Liberación” y el presidente Medina construyó La Nueva Barquita, Villa Cachón y levanta la impresionante Ciudad Juan Bosch, pero el déficit de viviendas persiste.
La economía crece cerca de un 6% en promedio durante muchos años, pero los gobiernos carecen de ingreso suficiente como para garantizar que esa rentabilidad económica impacte hacia los sectores de la planta baja del edificio social.
Un delirante sector de izquierda, que tal vez sin proponérselo sirve de conejillo de india a una derecha sin hiel, no alcanza siquiera juicio de separar trigo de cizaña, sino que asume el propósito de sus mandantes de intentar incendiar la pradera a cualquier costo.
Nadie en su buen juicio puede creer que existe la más mínima posibilidad de cambiar de un solo tirón el sistema capitalista y colocar en su lugar el que se añora desde la primera juventud, pero sería una estupidez mayor servirle de carne de cañón a los mismos sectores que pretenden repetir aquí los dramas de Brasil y Venezuela.
El principio de unidad en la diversidad no significa la claudicación de principios fundamentales ni la sumisión, aun sea coyuntural a despropósitos encaminados por gente que arrastra los pies, por aquello de que “dime con quién andas y te diré quién eres”.
Los sectores progresistas, además de marchar, deberían estar pendientes a la escogencia de los jueces de las Altas Cortes, al proceso judicial por Odebrecht, a la discusión sobre la Ley de Partido y Electoral, pero también al Pacto Fiscal y al pacto Eléctrico.
Sería bueno y provechoso que el movimiento social asuma conciencia de que en cualquier iniciativa no son todos los que están ni están todos los que son, y que en ocasiones, es mejor solo que mal acompañado

Publicado por El Nacional el 09 de julio del 2017

Consejo a la Marcha Verde

La Marcha Verde ha sido asaltada por gente retrogradada que arrastran los pies y que, como la Ciguapa, caminan para atrás en la autopista de la historia, enfermos de delirio, frustraciones y amarguras, que solo alcanzan a divisar el porvenir como uno de los cuadrantes del Dante.
Ese ha sido un movimiento de reclamo ciudadano legítimo y útil que en principio fue bien acogido por toda la ciudadanía que también reclama poner fin a toda forma de corrupción e impunidad pública o privada, pero ha sido infectado por sectores que medran en la prevaricación.
El movimiento por la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, que explosionó a partir del escándalo Odebrecht, se expande por toda América, pero no como manadas de buitres que procuran engullirse el despojo de la democracia.
Una iniciativa como la de la Marcha Verde, además de reclamar el fin de la corrupción y la impunidad, debería promover el fortalecimiento del espacio democrático y no su destrucción, como sería si se impulsa la interrupción abrupta del orden institucional.
¿Cómo es posible que mentados sectores progresistas coincidan con grupos empresariales oligopólicos y otros que han amasados fortunas por vía de evasión, elusión y lavado de activos, en el propósito de frustrar la recuperación y control de la industria eléctrica?
Es menester advertir que la corrupción es un flagelo añejo, que estalló con el golpe de Estado contra el gobierno democrático de Juan Bosch, perpetrado, hace 56 años por sectores oligárquicos, militares y eclesiásticos que se apoderaron de las riquezas amasadas por la tiranía de Trujillo.
En vez de profundizar la lucha social con nuevos reclamos de justa redistribución del ingreso, disminución de exoneraciones y exenciones a grupos económicos parasitarios, justa reforma fiscal que disminuya el rentismo, pacto eléctrico que elimine el oligopolio, la Marcha Verde permite que malos espíritus atenten en su nombre contra la democracia.
Ante el estrambótico pedido de renuncia, el presidente Danilo Medina, quien ganó las elecciones con un 62%, y en cuyo primer gobierno se generaron 440 mil empleos, la economía creció en promedio un 5.5% y la pobreza disminuyo en un 11%, ha pedido que lo dejen trabajar.
Si la Marcha Verde desea sobrevivir como legitima expresión social, debería impedir que los malos espíritus enturbien su seno, porque esa gente tiene la incurable enfermedad de la amargura, unos porque sus logros en 12 años de gobierno no llenan una cuartilla y los otros porque convulsionan de delirio.

Publicado por El Nacional el 25 de junio del 2017

El buen juicio

El Gobierno colocó con éxito una emisión de bonos soberanos por 500 millones de dólares, a una tasa de interés record de 5.10%, para concluir el financiamiento de Punta Catalina, lo que constituye una buena noticia para cualquier buen dominicano que se precie de sensato.
A ese complejo termoeléctrico, que construye un consorcio liderado por Odebrecht, a un costo de US$2,040 millones, solo le falta menos de un 30% para su terminación, programada para finales de 2018, cuando entrarán en línea sus dos plantas con una generación de 730 megavatios.
Para poder afrontar cualquier dificultad económica, social política o jurídica, se requiere sobre todo buen juicio, lo que quiere decir cabeza fría aunque arda el corazón, pero al abordar el tema Punta Catalina, mucha gente carece de esos atributos.
El Gobierno ha adelantado mil 300 millones de dólares para la construcción de ese proyecto, que también ha recibido s 300 millones de un pool de bancos europeos, que han retenido otros US$300 millones, después que mensajeros de la izquierda financiados por la derecha fueron a Alemania a reclamar detener ese financiamiento.
Hay que suponer que la transferencia desde el Presupuesto Nacional de más de 60 mil millones de pesos para la construcción de Punta Catalina, supone un gran sacrificio en que incurre el Gobierno, que además tuvo que cumplir con un rígido programa de control del déficit fiscal.
Otro significativo sacrificio para las finanzas públicas serán los 700 millones de dólares en endeudamiento que completan el total del financiamiento de Punta Catalina (500 millones en bonos y 300 de los bancos europeos).
¿Qué significa Punta Catalina para la economía dominicana? ¿Qué resulta mejor, concluirla o paralizarla? Lo primero es que sus dos plantas aportaran al sistema de generación eléctrica más de 700 megas, a un precio de menos de ocho centavos de dólar el kilovatio, en comparación con más de 16 centavos, el precio promedio actual.
Esas plantas suplirán el 35% de la demanda de energía eléctrica, además de obligar a las otras generadoras a procurar otras fuentes de alimentación de sus generadoras para poder competir en precios. El buen juicio aconseja terminar a Punta Catalina, en vez de paralizarla.
Se plantea que Odebrecht es una empresa delincuente que obtuvo el contrato de Punta Catalina, mediante la distribución de sobornos, lo que no se discute, pero es preciso decir que la figuras jurídicas no delinquen, sino las personas, por lo que no es posible mandar a la cárcel a Odebrecht, sino a los sobornantes y sobornados.
La empresa brasileña ha sido multada con 284 millones de dólares y todavía puede ser objeto de demandas civiles que se desprendan de un sobreprecio comprobado o del juicio penal por soborno, pero puede y debe concluir la construcción de Punta Catalina. Es asunto de buen juicio.

Publicado por El Nacional el 18 de junio del 2017

Momento de Inflexión

Cuando ajusticiaron a Trujillo, el 30 de mayo de 1961, el Producto Interno Bruto (PIB) era de menos de dos mil 500 millones de dólares, y para 2017 alcanzara los 75 mil millones de dólares, lo que quiere decir que la economía dominicana se ha multiplicado por 25 su tamaño en 56 años.

El ensamblaje jurídico político de la nación se amplía y fortalece en la misma proporción que se expande y consolida su economía, lo mismo que ocurre en una familia, cuyos integrantes cambian su comportamiento y modo de vida en la medida que crecen sus ingresos.

El sector con más poder económico y político se alzó con la mayor parte de la riqueza de la familia del sátrapa, pese a que el débil Estado votó una ley de expropiación y protección de esos bienes. El orden judicial carecía de fortaleza para castigar el desenfreno de los saqueadores.

Los años siguientes fueron de rampante corrupción pública y privada que fue causa básica del golpe de Estado contra Bosch, de la Revolución de Abril y de la intervención militar de Estados Unidos, episodios que no impidieron el incremento de la corruptela, tanto así que el presidente Balaguer llegó a decir que se detenía en las puertas de su despacho.

Mientras el Estado seguía anémico, la corrupción pública se convirtió en monstruo de siete cabezas que sectores empresariales y políticos aprendieron a dominar a su mejor antojo, por lo que la prevaricación llegó convertirse en ente corporativo público y privado.

La mayoría cree que el tema de la corrupción se ha movilizado al nivel que está por el escándalo de Odebrecht, pero ese no es el motivo esencial, porque si ese ilícito penal que lleva más de 15 años hubiese sido descubierto en 2001, las consecuencias serían las mismas que en 1961.

Lo que ocurre es que la economía ha multiplicado por 25 su tamaño en poco más de medio siglo, lo que obliga a un descongestionar las tuberías de aguas negras de prevaricación y corrupción para que vayan a parar a una planta de tratamiento jurídico.

En 1990, el presidente Balaguer tuvo que emitir un decreto ley de apertura de la economía, que fue publicado solo en el diario El Caribe para evitar su boicot por un empresariado acostumbrado al mercado nacional para el producto criollo.

Porque la economía se ha multiplicado por 25, el país posee todas las leyes y códigos que prevén, persiguen y castigan el peculado, además de garantizar practicas leales de comercio. La sociedad vive un momento de inflexión a partir del cual la corrupción ira pendiente abajo.

El presidente Medina ha comprendido el momento histórico y ha abierto las cortinas de su gobierno para que el orden judicial ausculte no solo lo relacionado con Odebrecht, sino también con cualquier otra cabeza de las cabezas que pueda exhibir el monstruo del peculado.

Que renuncien o que los boten

A rajatabla

Yo tendría veinte años cuando tuve la suerte de interactuar diariamente por casi tres años con Juan Bosch, en condición de mandadero suyo, redactor del periódico Vanguardia del Pueblo y locutor del programa radial del PLD, por lo que pude leer la mayoría de los textos originales de sus escritos sobre la construcción del Partido.

El PLD que el maestro plasmó en esos originales no es el mismo de hoy, pero no podía serlo porque un partido político es un ente vivo, dinámico que  al pretender transformar la realidad económica y social, se transforma a si mismo.

Bosch escribió decenas de cuartillas sobre el perfil ético del miembro del PLD, y fue tan celoso con la integridad de esa condición que estableció recios cedazos o controles para poder alcanzarla, como el primero pasar por un Comité Patriótico o Popular y después integrar un Círculo de Estudios.

Al PLD se llegaba con la lectura y discusión de los artículos del periódico y con el estudio y unificación de su contenido de 21 folletos escritos por Bosch sobre política, historia, sociología, economía y política internacional, con lo que puede decirse que en términos teóricos, el militante se forjaba como el acero.

Aunque la realidad política, social y económica, han sufrido grandes transformaciones desde 1978, cuando fue la primera experiencia electoral del PLD, en ningún modo se puede justificar ningún tipo de traspié o retroceso o degradación en el ámbito ideológico.

Sin acercarse demasiado al perfil estalinista, en el  PLD de Bosch, el Partido estuvo siempre por encima  de los intereses de grupos o individualidades, tanto así que  quienes violaban los Métodos de Trabajo, eran expulsados sin contemplaciones.

El PLD fue un partido de liberación nacional, con una cultura política marxista, pero no leninista, que nunca tuvo claro la forma de acceder al Poder. Creo que Bosch aspiraba  de nuestro país lo que es hoy Viet Nam, donde la burguesía nacional, proletarios y campesinos emprenden un modelo de Gobierno que asume lo mejor del socialismo y del capitalismo.

Como el dicho aquel de que el hombre pone y Dios  dispone, la realidad objetiva  determinó en 1996, la  forma de acceder a un poder  que fue siempre limitado, pero  desde el cual se realizaron grandes transformaciones  económicas y sociales.

Lo que resulta imperdonable es que parte de la dirección y militancia del PLD  hayan renunciado a principios irrenunciables establecido por Juan Bosch, todos relacionados con la lealtad a los principios, honradez, sacrificio, vocación de servir y defender  al pueblo.

El Congreso Norge Botello, con todas sus resoluciones, debe ser el inicio del retorno del PLD a su esencia política y ética primigenia, pero creo que para alcanzar esa meta se requiere que mucha gente renuncie o sean expulsados de la organización, como lo hubiera hecho el profesor Juan Bosch.

Cabeza y cerebro

A rajatabla

 

Participación Ciudadana se erige hoy como cabeza y cerebro del intempestivo giro en la estrategia  de la oposición política, que de reclamar sanciones para los responsables en el escándalo Odebrecht, apuesta ahora a la desestabilización institucional por vía de acusaciones infames contra el presidente Danilo Medina.

Esa entidad, que se mercadea como ente cívico apartidista, ha logrado colocar a un débil bloque opositor en dirección hacia la temeridad e insensatez política, con el falso criterio de que el Presidente no resistiría una ofensiva basada en el reclamo de un juicio político.

Joao Santana, quien fungió como asesor de la campaña  de Danilo Medina de 2012 y  durante  un tramo de la de 2016, declaró bajo  juramento ante dos instancias judiciales de Brasil que Odebrecht no financió esas gestiones proselitistas. Lo mismo dijo su esposa, Mónica Moura, ante un juez  penal y otro electoral.

La Directora de Participación Ciudadana se le atribuye decir que Joao y su compañera esposa “incurrieron en perjurio”, es decir que mintieron ante los jueces y fiscales de Brasil, instancias  con las que  arribaron a un acuerdo para  ofrecer detalles sobre implicados en  financiación ilegal.

Lo menos que se le puede pedir a esa distinguida abogada es que se digne en ofrecer un diplomado en investigación penal a los magistrados que  llevan  el Caso Lava Jato y Odebrecht, para que puedan determinar cuándo un imputado miente o dice la verdad.

Esa estrategia sediciosa se sostiene en la difamación personal y política contra el Presidente, por lo que el reclamo  ciudadano de que  se afronte la corrupción y la impunidad ha pasado a un segundo plano. El objetivo no es cívico, es político.

El colmo fue la feria mediática que montó PC, para  solicitar  la Procuraduría general “investigue”  si Odebrecht financió la campaña de Medina, pero al exigió que esas indagaciones sean dirigidas “por el procurador de mayor edad”, porque no confían  en el titular. Esta vez,  son los directivos de PC, los que deben recibir  el diplomado sobre derecho penal.

El lenguaje cívico de “transparencia”, “impunidad”, “corrupción”, ha cambiado radicalmente por el de “crisis política”, “catástrofe” y de “marcha verde”, todo sostenido  sobre un intenso discurso de  difamación contra  el presidente Danilo Medina, a quien se  aspira a destronar por vía Non Santa.

La economía ha crecido en promedio 7.2% en el último trimestre; el turismo superó en ingreso a Argentina, y en dos años se construirán cinco nuevos hoteles, además de iniciarse el desarrollo de Bahía de las Águilas y Punta Arena, en el Sur. Se puso en vigencia el aumento del salario mínimo. El propósito sedicioso está condenado al fracaso.

Diplomado Penal

Participación Ciudadana se erige hoy como cabeza y cerebro del intempestivo giro en la estrategia de la oposición política, que de reclamar sanciones para los responsables en el escándalo Odebrecht, apuesta ahora a la desestabilización institucional por vía de acusaciones infames contra el presidente Danilo Medina.

Esa entidad, que se mercadea como ente cívico apartidista, ha logrado colocar a un débil bloque opositor en dirección hacia la temeridad e insensatez política, con el falso criterio de que el Presidente no resistiría una ofensiva basada en el reclamo de un juicio político.

Joao Santana, quien fungió como asesor de la campaña de Danilo Medina de 2012 y durante un tramo de la de 2016, declaró bajo juramento ante dos instancias judiciales de Brasil que Odebrecht no financió esas gestiones proselitistas. Lo mismo dijo su esposa, Mónica Moura, ante un juez penal y otro electoral.

La directora de Participación Ciudadana se le atribuye decir que Joao y su compañera esposa “incurrieron en perjurio”, es decir que mintieron ante los jueces y fiscales de Brasil, instancias con las que arribaron a un acuerdo para ofrecer detalles sobre implicados en financiación ilegal.

Lo menos que se le puede pedir a esa distinguida abogada es que se digne en ofrecer un diplomado en investigación penal a los magistrados que llevan el Caso Lava Jato y Odebrecht, para que puedan determinar cuándo un imputado miente o dice la verdad.

Esa estrategia sediciosa se sostiene en la difamación personal y política contra el Presidente, por lo que el reclamo ciudadano de que se afronte la corrupción y la impunidad ha pasado a un segundo plano. El objetivo no es cívico, es político.

El colmo fue la feria mediática que montó PC, para solicitar a la Procuraduría general que “investigue” si Odebrecht financió la campaña de Medina, pero exigió que esas indagaciones sean dirigidas “por el procurador de mayor edad”, porque no confían en el titular.

Esta vez, son los directivos de PC, los que deben recibir el diplomado sobre derecho penal.

El lenguaje cívico de “transparencia”, “impunidad”, “corrupción”, ha cambiado radicalmente por el de “crisis política”, “catástrofe” y de “marcha verde”, todo sostenido sobre un intenso discurso de difamación contra el presidente Danilo Medina, a quien se aspira a destronar por vía non sancta.

La economía ha crecido en promedio 7.2% en el último trimestre; el turismo superó en ingreso a Argentina, y en dos años se construirán cinco nuevos hoteles, además de iniciarse el desarrollo de Bahía de las Águilas y Punta Arena, en el sur. Se puso en vigencia el aumento del salario mínimo. El propósito sedicioso está condenado al fracaso.

Publicado por El Nacional el 7 de mayo del 2017

El rostro de Dios

A rajatabla

 

En la mayoría de las naciones se conmemora el 1 de mayo como Día del Trabajo, fecha escogida en 1889 durante el Congreso Obrero Socialista, reunido en Paris, en honor a “Los Mártires de Chicago”, tres periodistas, un carpintero y un topógrafo, condenados a la horca en 1886 por reclamar la jornada laboral de ocho horas.

Durante la Revolución Industrial de Estados Unidos, los trabajadores debían completar entre 14 a 18 horas diarias de labores, por lo que solo disponían de seis a ocho horas para recuperar fuerza y atender a sus familias, una cruenta forma de explotación, base a la acumulación originaria de capital y riqueza en esa nación, proclamada diez años antes.

Chicago, capital del estado de Illinois, fue escenario de cuatro días de intensas movilizaciones obreras en reclamo de las 48 horas semanales de trabajo, para dividir  el día en ocho horas de labor, ocho de descanso y ocho para la familia.

Más de 200 mil trabajadores colmaron las calles de Chicago para exigir que  el estado acogiera la  Ley Ingersoll, promulgada por el presidente Andrew Johnson, que redujo a ocho horas la jornada laboral. Los cinco obreros condenados a la horca fueron acusados injustamente de la muerte de un policía.

En la figura del trabajador se refleja la bondad de Dios, porque el obrero sí, tiene el don de generar riqueza y bienestar que por gracia del Altísimo debería disfrutar hoy toda la humanidad, pero que un tipo de capitalismo salvaje, como lo definió Juan Pablo II, o de socialismo concentrador, impiden la justa redistribución e impone la explotación del hombre el hombre o por el Estado.

El regalo que reciben mañana, los trabajadores dominicanos es la negación rotunda por parte de los gremios empleadores de un aumento del 20% en el salario mínimo, lo que no alcanza a suplir el quintil o canasta mínimo, porque desde un empresariado atrasado se persiste en la idea de enseñar al burro a no comer, sin entender que cuando llegue a acostumbrarse, morirá de hambre.

De poco sirve el crecimiento sistemático de la economía, sin una justa redistribución de la renta y el ingreso, porque la gobernanza se sostiene en el desarrollo horizontal y no en el secuestro de la riqueza y la rentabilidad.

Los empresarios deberían entender que el mejor negocio es el de compartir los beneficios y permitir y promover que los trabajadores participen activamente de la sociedad de consumo, para lo cual deben borrar por siempre el criterio de que es mejor enseñar al burro a no comer.

El Gobierno tiene el compromiso de promover políticas públicas que dignifique la mano de obra, desalentar iniciativas empresariales para encaminadas a despojar a los obreros de  conquistas  que datan de más de 60 años, porque no hay democracia, ni gobernanza sin la participación de los trabajadores. ¡El rostro de Dios se refleja en cada trabajador!

Erraron el tiro

A rajatabla

 

Los debates sobre Odebrecht y la Ley de Partidos han servido para demostrar la crasa ignorancia y desconexión con la realidad nacional que afecta a dirigencia partidaria, claques económicas, y mentada sociedad civil, todos los cuales, adrede o sin querer, confunden  el vino con la orina.

La regente de Participación Ciudadana tildó de “Pacto por la Impunidad”, el acuerdo homologado por un juez entre la procuraduría general y Odebrecht, sin querer entender que esa es la mejor vía procesal para poder identificar y someter a la justicia a quienes recibieron soborno de esa empresa.

Ignora que el otro camino jurídico es largo, tortuoso y difícil porque el Ministerio Publico tendría que recabar pruebas de cargo en fuentes inciertas, en un proceso que tardaría años hasta que un juez suene el último e irrevocable malletazo.

Contra Odebrecht, no se puede hacer más que imponerle la multa establecida en la ley sobre practica desleales empresariales, igual al duplo del dinero distribuido en soborno, que serían 184 millones de dólares. Esa empresa  es objeto de un juicio en Brasil y  arribó a acuerdos judiciales  En estados Unidos y Suiza.

Lo de posibles sobrevaluación en obras públicas asignadas a esa multinacional, sería motivo de otro proceso centrado en el  ámbito civil entre  contratante público y  contratista o suplidor privado,  aunque también puede llevarse por vía  de lo penal.

¿Cómo es posible que se diga que ese acuerdo garantiza impunidad, si Odebrecht se obliga a suministrar al Ministerio Publico nombres de los sobornados, trasferencias bancarias y otras pruebas de cargo de gran valor? ¿Alguien ha dicho cuál sería la otra vía mejor?

Es claro que si no el procurador general no invocara el criterio de oportunidad, la  vuelta sería mucho más larga para llegar al mismo sitio, pues  Odebrecht no tendría compromiso de  delatar a los sobornados  e  invocaría el principio Nom bis in ídem, que nadie puede ser juzgado  dos veces por un mismo delito, pues sus ejecutivos enfrentan juicio penal en Brasil.

La ignorancia que refiero la demostró un candidato presidencial perdedor, al advertir que si el partido oficial no se  aboca a discutir fuera del Congreso la Ley de Partidos, se desataría “una crisis política”. Ese señor cree erróneamente que un escenario de esa naturaleza  se produce por decreto  personal o de grupo.

Erraron el tiro las claques políticas, económicas y mediáticas que creyeron que con Odebrecht encenderían la pradera sediciosa, quebrarían las rodillas del presidente Danilo Medina e  impedirían la terminación de Punta Catalina.