El costo del crimen

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha publicado un amplísimo estudio sobre “Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe”, que debería servir como referencia vital para afrontar el flagelo de la violencia, delincuencia y criminalidad que agobia a nuestro país.

En el prólogo de esa investigación se ofrecen datos que presentan a la región como la más violenta del planeta, al registrar el 33% de los homicidios por cada 100 mil habitantes en el mundo, a pesar de que en el continente solo habita el 9% de la población mundial.

Se parte del criterio de que el crimen y el temor al crimen influyen en la conducta de las personas, limitan las decisiones de inversión de las empresas y minan la confianza en las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública, además de distorsionar la asignación de recursos públicos y privados.

Como costos directos del crimen se mencionan lesiones, daños y pérdidas, así como el gasto público y privado en procurar prevenirlo, además del costo del sistema de justicia penal y todo lo que en términos financieros se deriva del temor a ese flagelo.

América latina es la región más peligrosa del planeta, con 20 homicidios por cada cien mil habitantes, además de ser la única región donde la tendencia aumenta en vez de disminuir, tanto así que seis de cada diez robos tienen componente de violencia física.

El principio de que a menor desigualdad y pobreza, menor tasa de criminalidad, ha sido roto en América Latina y el Caribe, donde el PIB y los programas sociales se han incrementados, pero no así la reducción del crimen y la delincuencia.

Aunque desigualdad y pobreza se asocia a la criminalidad, las estadísticas de la región sobre PIB real e ingreso per cápita, no inciden en la disminución de los crímenes y delitos, por lo que, conforme a ese estudio, la principal preocupación en América Latina no es el desempleo, sino el crimen y la violencia.

En República Dominicana el PIB ha crecido en promedio 6.3% anual , disminuido el desempleo, se ha incrementado el gasto social, impulsado principalmente por el 4% del PIB a la educación y el aumento de la inversión en salud, la seguridad social e infraestructura vial, pero la delincuencia sigue en auge.

El informe de referencia puede ser un buen punto de apoyo para impulsar desde el Estado, Gobierno y sociedad un programa integral de combate a la delincuencia y a la prevaricación, porque ese es un mal cuyo combate compete a todos los dominicanos.

Publicado por El Nacional el 26 de marzo del 2017

Taladra el alma

 

Delcy Miguelina Yapor, de 55 años, salió ayer de su hogar al volante de un minibús para su cotidiana labor de transportar niños a los colegios del ensanche Evaristo Morales, sin saber que una bala disparada por la imprudencia contra la delincuencia le cegaría la vida.

La muerte de esa fervorosa cristiana ha consternado a toda la sociedad, que aún no se repone de una tragedia  causada por el ex raso de la Fuerza Aérea, Franklin Padilla Núñez, quien dijo que disparó contra dos atracadores a bordo de una motocicleta, pero la bala  impactó sobre la anatomía de la mujer.

El homicida dijo que perseguía a los individuos habían despojado a una joven de su cartera en la  calle Francisco Prats Ramírez del referido sector, sin saber que  el disparo que realizó había causado la muerte a la señora Yapur, que llevaba 20 años en el servicio de transporte  escolar.

Una irreparable tragedia que taladra el alma de una colectividad tiempo es prisionera hace tiempo de la criminalidad, violencia y delincuencia, a lo que esta vez se agrega la imprudencia de un ciudadano que pretendió  administrar justicia por  propia cuenta.

En frecuente casos de de robos y atracos, vecinos persiguen o atrapan a delincuentes que, en vez de entregarlos a una autoridad competente, intentan lincharlos, lo que representa un crimen  de tanta gravedad como el que se procura castigar.

La ciudadanía dispone  del servicio de asistencia y emergencia 9-1-1, al que se puede informar sobre  la comisión de un hecho delictuoso en proceso, por cometerse o ya perpetrado, pero es impropio que los ciudadanos  pretendan suplir la misión de las autoridades, a menos que se trate de una situación de  defensa propia o de los suyos.

La señora Yapur era esposa del diacono de la Iglesia El Buen Pastor, donde participaba con su marido en  actividades de organización y promoción de la fe católica. Disfrutaba del aprecio y admiración de la feligresía y de las comunidades educativas a las que  servía, por lo que  su intempestiva muerte ha  causado profunda consternación.

Que tan triste y desgarrador suceso, sirva siquiera de lección a la ciudadanía para actuar con prudencia y precaución ante  el oleaje de delincuencia y criminalidad, y para que las autoridades, de una vez y por todas, cumplan con su obligación de prevenir, perseguir y castigar a los delincuentes.

 

Editorial de El Nacional

21-03-17CddV

El burro y la sombra

Aunque se presentó aquí hace más de 40 años, “Proceso por la sombra de un burro” es el montaje teatral que mejor retrata a la sociedad dominicana de ayer y de hoy, envuelta en una madeja de intereses, la mayoría de los cuales pregonan legalidad e institucionalidad, pero manejan una agenda oculta contraria a esos valores.

Esa obra, de Friedrich Durrenmatt, ambientada en la Grecia Clásica, narra el proceso judicial entablado por un dentista y un asnero a causa de la sombra de un burro. Se entabla una discusión por el disfrute o no de la sombra que en el desierto proyecta el animal que había sido rentado por el odontólogo.

El dentista reclamó el derecho a cobijarse a la sombra del burro, mientras el dueño del animal exige un pago adicional por conceder ese disfrute, con lo que la litis llegó a los tribunales, desbordó el debate político, fue motivo de sedición y todo terminó con el incendio y destrucción de la ciudad de Abdera.

En ningún modo pretendo comparar lo que sucede hoy con la historia que recrea esa obra, de hace más de dos mil 500 años, pero sí su similitud en el comportamiento impropio que exhiben sectores económicos y políticos cuando sus burdos intereses corren peligro.

El pleito por la sombra de un burro adquiere implicaciones filosóficas, teológicas, políticas, económicas y sociales que desembocan en una crisis de tal magnitud que las partes confrontadas contratan a un mismo terrorista, el pirata Tifus, para incendiarse mutuamente sus respectivos santuarios, lo que arropó en llamas a toda la ciudad.

Igual que esa historia del siglo V antes de nuestra era, aquí una intermediación politiquera y de funestos intereses económicos, pretende regentear el justo reclamo popular de que se garantice sana administración de justicia ante todos los casos de prevaricación.

Con excepción de Panamá, las economías de todos los países mencionados en los sobornos de Odebrecht están en recesión y algunos padecen los efectos de severas crisis políticas y sociales, contrario a República Dominicana que lleva más de diez años con un crecimiento del PIB por encima del 6%.

El ciudadano ordinario reclama, anhela, desea que todos los implicados en ese escándalo vayan a parar con sus huesos a la cárcel, pero una burda intermediación política y económica desea que el país arda por los cuatro costados, lo mismo que la ciudadela de Grecia.

Cuando Abdera fue reducida totalmente a cenizas y el pueblo sumido en la más abyecta miseria, entonces los mismos sectores poderosos que atizaron la sedición, desataron una campaña mediática para culpar al burro por todo lo sucedido y reclamar su ejecución.

Ojalá que al pueblo dominicano no le ocurra lo del burro de la historia, que antes de su ejecución pudo hablar para preguntar: ¿fui yo realmente el burro de esta historia?

Publicado por El Nacional, el 19 de marzo del 2017

Las enaguas de Caperucita

Las enaguas de  esa gente quedaron completamente  al descubierto con el uso desestabilizador que pretendieron darle al suelto noticioso de un periódico digital de Brasil que atribuyó a un delator decir que Joao Santana financió campañas electorales en varios países, incluido Republica Dominicana.

De inmediato,  el gran poder  de los medios de comunicación fue puesto en marcha para mercadear la falsa de que Odebrecht financió la campaña del presidente Danilo Medina, cuestión que el mandatario negó, además de retar a sus detractores a demostrar lo contrario.

Como por  arte de magia se reclama desde la oposición un juicio político al Presidente, una quimera que  equivaldría a colocarlo en la antesala de su destitución, claro, si esos sectores tuviesen el poder para reeditar aquí lo que hizo la derecha política en Brasil.

De manera simultánea, esos grupos sediciosos mantienen una intensa campaña de descredito contra Punta Catalina, el proyecto más relevante en lo  que va de siglo, llamado a liberar al país de un oligopolio que  subyuga al  subsector eléctrico, al que el Gobierno debe traspasar 400 millones de dólares anuales, en promedio.

He dicho que el propósito de esa gente es literalmente quebrarle las rodillas al Presidente para obligarlo a detener la construcción de Punta Catalina, que ya ronda el 70%, aunque otros litorales procuran también desprestigiarlo para obtener ganancias políticas  en 2020.

El abogado  de Joao Santana desmintió que su defendido haya financiado las  campañas electorales del Presidente Medina, pero ese desmentido no fue destacado en la prensa, que sí ofreció tratamiento de luxe a una vergonzosa tergiversación.

No hay que desesperarse porque el escándalo de Odebrecht será completamente esclarecido y a la cárcel irán los que tengan que ir, pero el Presidente no  va a nadar en ningún lodazar ni se detendrá Punta Catalina.

Publicado por El Nacional el 12 de marzo del 2017

El Partido

La composición social dominicana es dominada ampliamente por la pequeña burguesía, compuesta en la capa alta por medianos empresarios, profesionales y en el segmento medio y bajo por pequeños emprendedores, chiriperos y la gran masa de excluidos que conforman el eslabón pobre y muy pobre.

La clase obrera dominicana, en términos reales forma parte, en actitud y comportamiento, de la pequeña burguesía, razón por la cual el empleo no se percibe como la imprescindible relación con el capital, para general plusvalía, sino como una mera forma de supervivencia económica.

Se percibe una asimetría social entre el desarrollo político que ha logrado la burguesía dominicana frente al estancamiento como clase de los trabajadores, lo que se percibe en las cifras de las cuentas nacionales, que reflejan altas tasas de rentabilidad en desproporción con el rendimiento de los salarios.

Un partido político que se defina progresista debe asimilar esta realidad en la correlación de fuerzas o clases sociales, entender también que el sector oligárquico, que controla y maneja enormes flujos de capitales en nichos rentistas o de tesorería, debilitan la posibilidad de sustentar un régimen político sustentado en la relación entre capital y mano de obra.

La institución partidaria en República Dominicana, como en casi toda América, degenera muy rápidamente hasta convertirse en clanes, cuya dirigencia se postra ante altares oligárquicos y su militancia pequeño burguesa, la usa como pista para el despegue económico.

Juan Bosch estudió y entendió las consecuencias políticas derivadas de la composición social dominicana, razón por la cual, en la cúspide de su popularidad, renunció del PRD para fundar al PLD, que sería un partido sustentado en los principios de liberación nacional, en el estudio y comprensión de la realidad política, económica, antropológica, histórica y social de nuestro país.

El PLD no fue forjado para postrarse ante líderes y dirigentes, sino que estos tenían el compromiso de trabajar día y noche en favor de los ideales del Partido, como su militancia tampoco podía convertirlo en una agencia de empleo ni en trampolín social, porque todos fueron formados como oficiales para dirigir con probidad e inteligencia al ejercito del pueblo.

Ese partido no debía promover pobreza ni machepismo, pero tampoco celebrar acumulación originaria de capital basada en prácticas, quien posea algún bien o propiedad debe estar en calidad y capacidad de demostrar su procedencia. El PLD es un activo de la sociedad dominicana, a la que le corresponde defenderlo y preservarlo.

Publicado por El Nacional el 5 de marzo del 2017

El dedo pulgar del Presidente

 

 

 

El presidente Danilo Medina pronunció ayer un discurso ante la Asamblea Nacional que pasará a la historia por las muy elevadas expectativas que le precedió y porque el mandatario proclamó que serán traducidos a la justicia los implicados en el escándalo Odebrecht, “caiga quien caiga”.

El propio mandatario se encargó de ampliar la expectación en torno a lo que diría sobre ese caso, al adelantar que reservaría ese tema para el final de su comparecencia, tras lo cual proclamó que  su gestión no le conferiría  espacio  a la impunidad.

Las graderías del Coliseo político y social estuvieron repletas ayer a la espera de que el Presidente exhibiera su dedo pulgar como señal de que  las fieras saldrían al ruedo a destripar a moros y cristianos involucrados en el expediente Odebrecht.

Lo que el jefe de Estado dijo o pudo decir en torno a ese expediente ha sido lo que la ley y la prudencia le permiten revelar, como su promesa de no interferir en las investigaciones que realiza el Ministerio Público, de que  llegaran hasta sus últimas consecuencias y que no habrá vacas sagradas.

El Presidente ofreció la impresión de estar convencido sobre la determinación de la mayoría de la sociedad en exigir que su gobierno enfrente de manera decidida a la corrupción e impunidad, y de estar claro, además, de lo que significaría no atender ese reclamo.

Aunque en plano de subordinación mediática, es de justicia destacar la defensa del mandatario al proyecto eléctrica Punta Catalina, del que dijo permitirá un ahorro de 400 millones de dólares al año, su optimista descripción de la economía y el anuncio de aumentos de salarios a policía y militares.

Se resalta también la descripción que hizo el Presidente Medina  sobre el proyecto de Nuevo Modelo de Transporte, que sustituiría a 19 mil  carros del concho, con un sistema de desplazamiento combinado  en metro, buses y teleférico, así  como el anuncio sobre la réplica  del proyecto La barquita para beneficiar a unos 45 mil residentes de los barrios La Ciénaga y Los Guandules.

Puede decirse que la comparecencia ayer del presidente  de la Republica ante la Asamblea Nacional cumplió con los requerimientos  constitucionales de rendición de cuentas, aunque  queda al criterio ciudadano establecer si el contenido de ese discurso cumplió o no con tan elevadas expectativas.

 

Editorial periódico El Nacional

28 febrero 2017

 

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El color de la corrupción

 

El liderazgo político esta compelido a liberarse e inmunizarse contra la prevaricación, lo mismo que el empresariado, de prácticas desleales, si de verdad ambos litorales poseen suficiente voluntad política para coexistir e impulsar una sociedad de convivencia sostenida en la ley.

La desgracia de la sociedad dominicana no es solo que la corrupción se entroniza como cáncer en sus tejidos, sino que ese flagelo se usa indistintamente por partidos y entes corporativos solo con el objetivo de desplazar al adversario, pero no para extirparlo de raíz.

Cada quien denuncia la corrupción o prevaricación de los otros, pero oculta o calla la propia o la de los suyos y otros  pelean, más que por razones éticas o morales, por participar en el festín este donde este. Claro, muchos líderes y dirigentes en el gobierno, partidos, empresariado y sociedad civil combaten ese mal con  absoluto decoro.

La sociedad dominicana ha alcanzado un nivel de crecimiento y desarrollo que debería reflejarse en la efectividad  de su andamiaje jurídico- político y en el quehacer ético de su  clase empresarial, pero no ha sido así, a pesar de que disponemos de una Constitución política de última generación, códigos leyes y mecanismos de prevención del peculado.

Hablamos con más vehemencia, y así debe ser, de corrupción o impunidad en el Gobierno o el Estado, pero no nos alarmamos por los altos niveles de evasión, elusión, contrabando, monopolio, oligopolio o cruenta explotación laboral. Tampoco reparamos en el principio de que detrás o delante de un corrupto hay un corruptor.

Un ejemplo más que elocuente lo que constituye el sector de generación eléctrica, a donde han ido a parar en los últimos doce años desde el Presupuesto Nacional más de 12 mil millones de dólares, para conjurar déficits provocados por prácticas monopólicas y acuerdos viles, como ese de pagar más de cinco millones de dólares mensuales a los operadores de una planta apagada.

Criticamos las prácticas clientelares desde el Gobierno, pero callamos que el sector privado recibe los beneficios de 230 mil millones de pesos al año en exoneraciones y exenciones, frente a solo 27 mil millones que se dirigen a programas sociales.

La economía dominicana creció en los últimos tres años  en un promedio del 7% del PIB, lo que se reflejó en altísima rentabilidad para los anaqueles más altos del empresariado, pero nada se hizo cuando el Banco Mundial aconsejo recaudar 33 mil millones de pesos para conjurar de manera definitiva  la indigencia.

Lo mejor de la clase política, en el Gobierno y la oposición, así como los sectores empresariales progresistas y de la Sociedad Civil sin ataduras extranjeras o corporativas, están compelidos a concertar un gran acuerdo patriótico contra toda forma de corrupción y prevaricación y por la vigencia de un régimen jurídico de consecuencia. Lo demás es cháchara oportunista.

El color de la corrupción

El liderazgo político esta compelido a liberarse e inmunizarse contra la prevaricación, lo mismo que el empresariado, de prácticas desleales, si de verdad ambos litorales poseen suficiente voluntad política para coexistir e impulsar una sociedad de convivencia sostenida en la ley.

La desgracia de la sociedad dominicana no es solo que la corrupción se entroniza como cáncer en sus tejidos, sino que ese flagelo se usa indistintamente por partidos y entes corporativos solo con el objetivo de desplazar al adversario, pero no para extirparlo de raíz.

Cada quien denuncia la corrupción o prevaricación de los otros, pero oculta o calla la propia o la de los suyos y otros  pelean, más que por razones éticas o morales, por participar en el festín este donde este. Claro, muchos líderes y dirigentes en el gobierno, partidos, empresariado y sociedad civil combaten ese mal con  absoluto decoro.

La sociedad dominicana ha alcanzado un nivel de crecimiento y desarrollo que debería reflejarse en la efectividad  de su andamiaje jurídico- político y en el quehacer ético de su  clase empresarial, pero no ha sido así, a pesar de que disponemos de una Constitución política de última generación, códigos leyes y mecanismos de prevención del peculado.

Hablamos con más vehemencia, y así debe ser, de corrupción o impunidad en el Gobierno o el Estado, pero no nos alarmamos por los altos niveles de evasión, elusión, contrabando, monopolio, oligopolio o cruenta explotación laboral. Tampoco reparamos en el principio de que detrás o delante de un corrupto hay un corruptor.

Un ejemplo más que elocuente lo que constituye el sector de generación eléctrica, a donde han ido a parar en los últimos doce años desde el Presupuesto Nacional más de 12 mil millones de dólares, para conjurar déficits provocados por prácticas monopólicas y acuerdos viles, como ese de pagar más de cinco millones de dólares mensuales a los operadores de una planta apagada.

Criticamos las prácticas clientelares desde el Gobierno, pero callamos que el sector privado recibe los beneficios de 230 mil millones de pesos al año en exoneraciones y exenciones, frente a solo 27 mil millones que se dirigen a programas sociales.

La economía dominicana creció en los últimos tres años  en un promedio del 7% del PIB, lo que se reflejó en altísima rentabilidad para los anaqueles más altos del empresariado, pero nada se hizo cuando el Banco Mundial aconsejo recaudar 33 mil millones de pesos para conjurar de manera definitiva  la indigencia.

Lo mejor de la clase política, en el Gobierno y la oposición, así como los sectores empresariales progresistas y de la Sociedad Civil sin ataduras extranjeras o corporativas, están compelidos a concertar un gran acuerdo patriótico contra toda forma de corrupción y prevaricación y por la vigencia de un régimen jurídico de consecuencia. Lo demás es cháchara oportunista.

El color de la corrupción

El liderazgo político esta compelido a liberarse e inmunizarse contra la prevaricación, lo mismo que el empresariado, de prácticas desleales, si de verdad ambos litorales poseen suficiente voluntad política para coexistir e impulsar una sociedad de convivencia sostenida en la ley.

La desgracia de la sociedad dominicana no es solo que la corrupción se entroniza como cáncer en sus tejidos, sino que ese flagelo se usa indistintamente por partidos y entes corporativos solo con el objetivo de desplazar al adversario, pero no para extirparlo de raíz.

Cada quien denuncia la corrupción o prevaricación de los otros, pero oculta o calla la propia o la de los suyos y otros  pelean, más que por razones éticas o morales, por participar en el festín este donde este. Claro, muchos líderes y dirigentes en el gobierno, partidos, empresariado y sociedad civil combaten ese mal con  absoluto decoro.

La sociedad dominicana ha alcanzado un nivel de crecimiento y desarrollo que debería reflejarse en la efectividad  de su andamiaje jurídico- político y en el quehacer ético de su  clase empresarial, pero no ha sido así, a pesar de que disponemos de una Constitución política de última generación, códigos leyes y mecanismos de prevención del peculado.

Hablamos con más vehemencia, y así debe ser, de corrupción o impunidad en el Gobierno o el Estado, pero no nos alarmamos por los altos niveles de evasión, elusión, contrabando, monopolio, oligopolio o cruenta explotación laboral. Tampoco reparamos en el principio de que detrás o delante de un corrupto hay un corruptor.

Un ejemplo más que elocuente lo que constituye el sector de generación eléctrica, a donde han ido a parar en los últimos doce años desde el Presupuesto Nacional más de 12 mil millones de dólares, para conjurar déficits provocados por prácticas monopólicas y acuerdos viles, como ese de pagar más de cinco millones de dólares mensuales a los operadores de una planta apagada.

Criticamos las prácticas clientelares desde el Gobierno, pero callamos que el sector privado recibe los beneficios de 230 mil millones de pesos al año en exoneraciones y exenciones, frente a solo 27 mil millones que se dirigen a programas sociales.

La economía dominicana creció en los últimos tres años  en un promedio del 7% del PIB, lo que se reflejó en altísima rentabilidad para los anaqueles más altos del empresariado, pero nada se hizo cuando el Banco Mundial aconsejo recaudar 33 mil millones de pesos para conjurar de manera definitiva  la indigencia.

Lo mejor de la clase política, en el Gobierno y la oposición, así como los sectores empresariales progresistas y de la Sociedad Civil sin ataduras extranjeras o corporativas, están compelidos a concertar un gran acuerdo patriótico contra toda forma de corrupción y prevaricación y por la vigencia de un régimen jurídico de consecuencia. Lo demás es cháchara oportunista.

El color de la corrupción

El liderazgo político esta compelido a liberarse e inmunizarse contra la prevaricación, lo mismo que el empresariado, de prácticas desleales, si de verdad ambos litorales poseen suficiente voluntad política para coexistir e impulsar una sociedad de convivencia sostenida en la ley.

La desgracia de la sociedad dominicana no es solo que la corrupción se entroniza como cáncer en sus tejidos, sino que ese flagelo se usa indistintamente por partidos y entes corporativos solo con el objetivo de desplazar al adversario, pero no para extirparlo de raíz.

Cada quien denuncia la corrupción o prevaricación de los otros, pero oculta o calla la propia o la de los suyos y otros  pelean, más que por razones éticas o morales, por participar en el festín este donde este. Claro, muchos líderes y dirigentes en el gobierno, partidos, empresariado y sociedad civil combaten ese mal con  absoluto decoro.

La sociedad dominicana ha alcanzado un nivel de crecimiento y desarrollo que debería reflejarse en la efectividad  de su andamiaje jurídico- político y en el quehacer ético de su  clase empresarial, pero no ha sido así, a pesar de que disponemos de una Constitución política de última generación, códigos leyes y mecanismos de prevención del peculado.

Hablamos con más vehemencia, y así debe ser, de corrupción o impunidad en el Gobierno o el Estado, pero no nos alarmamos por los altos niveles de evasión, elusión, contrabando, monopolio, oligopolio o cruenta explotación laboral. Tampoco reparamos en el principio de que detrás o delante de un corrupto hay un corruptor.

Un ejemplo más que elocuente lo que constituye el sector de generación eléctrica, a donde han ido a parar en los últimos doce años desde el Presupuesto Nacional más de 12 mil millones de dólares, para conjurar déficits provocados por prácticas monopólicas y acuerdos viles, como ese de pagar más de cinco millones de dólares mensuales a los operadores de una planta apagada.

Criticamos las prácticas clientelares desde el Gobierno, pero callamos que el sector privado recibe los beneficios de 230 mil millones de pesos al año en exoneraciones y exenciones, frente a solo 27 mil millones que se dirigen a programas sociales.

La economía dominicana creció en los últimos tres años  en un promedio del 7% del PIB, lo que se reflejó en altísima rentabilidad para los anaqueles más altos del empresariado, pero nada se hizo cuando el Banco Mundial aconsejo recaudar 33 mil millones de pesos para conjurar de manera definitiva  la indigencia.

Lo mejor de la clase política, en el Gobierno y la oposición, así como los sectores empresariales progresistas y de la Sociedad Civil sin ataduras extranjeras o corporativas, están compelidos a concertar un gran acuerdo patriótico contra toda forma de corrupción y prevaricación y por la vigencia de un régimen jurídico de consecuencia. Lo demás es cháchara oportunista.

El color de la corrupción

El liderazgo político esta compelido a liberarse e inmunizarse contra la prevaricación, lo mismo que el empresariado, de prácticas desleales, si de verdad ambos litorales poseen suficiente voluntad política para coexistir e impulsar una sociedad de convivencia sostenida en la ley.

La desgracia de la sociedad dominicana no es solo que la corrupción se entroniza como cáncer en sus tejidos, sino que ese flagelo se usa indistintamente por partidos y entes corporativos solo con el objetivo de desplazar al adversario, pero no para extirparlo de raíz.

Cada quien denuncia la corrupción o prevaricación de los otros, pero oculta o calla la propia o la de los suyos y otros  pelean, más que por razones éticas o morales, por participar en el festín este donde este. Claro, muchos líderes y dirigentes en el gobierno, partidos, empresariado y sociedad civil combaten ese mal con  absoluto decoro.

La sociedad dominicana ha alcanzado un nivel de crecimiento y desarrollo que debería reflejarse en la efectividad  de su andamiaje jurídico- político y en el quehacer ético de su  clase empresarial, pero no ha sido así, a pesar de que disponemos de una Constitución política de última generación, códigos leyes y mecanismos de prevención del peculado.

Hablamos con más vehemencia, y así debe ser, de corrupción o impunidad en el Gobierno o el Estado, pero no nos alarmamos por los altos niveles de evasión, elusión, contrabando, monopolio, oligopolio o cruenta explotación laboral. Tampoco reparamos en el principio de que detrás o delante de un corrupto hay un corruptor.

Un ejemplo más que elocuente lo que constituye el sector de generación eléctrica, a donde han ido a parar en los últimos doce años desde el Presupuesto Nacional más de 12 mil millones de dólares, para conjurar déficits provocados por prácticas monopólicas y acuerdos viles, como ese de pagar más de cinco millones de dólares mensuales a los operadores de una planta apagada.

Criticamos las prácticas clientelares desde el Gobierno, pero callamos que el sector privado recibe los beneficios de 230 mil millones de pesos al año en exoneraciones y exenciones, frente a solo 27 mil millones que se dirigen a programas sociales.

La economía dominicana creció en los últimos tres años  en un promedio del 7% del PIB, lo que se reflejó en altísima rentabilidad para los anaqueles más altos del empresariado, pero nada se hizo cuando el Banco Mundial aconsejo recaudar 33 mil millones de pesos para conjurar de manera definitiva  la indigencia.

Lo mejor de la clase política, en el Gobierno y la oposición, así como los sectores empresariales progresistas y de la Sociedad Civil sin ataduras extranjeras o corporativas, están compelidos a concertar un gran acuerdo patriótico contra toda forma de corrupción y prevaricación y por la vigencia de un régimen jurídico de consecuencia. Lo demás es cháchara oportunista.

El color de la corrupción

El liderazgo político esta compelido a liberarse e inmunizarse contra la prevaricación, lo mismo que el empresariado, de prácticas desleales, si de verdad ambos litorales poseen suficiente voluntad política para coexistir e impulsar una sociedad de convivencia sostenida en la ley.

La desgracia de la sociedad dominicana no es solo que la corrupción se entroniza como cáncer en sus tejidos, sino que ese flagelo se usa indistintamente por partidos y entes corporativos solo con el objetivo de desplazar al adversario, pero no para extirparlo de raíz.

Cada quien denuncia la corrupción o prevaricación de los otros, pero oculta o calla la propia o la de los suyos y otros  pelean, más que por razones éticas o morales, por participar en el festín este donde este. Claro, muchos líderes y dirigentes en el gobierno, partidos, empresariado y sociedad civil combaten ese mal con  absoluto decoro.

La sociedad dominicana ha alcanzado un nivel de crecimiento y desarrollo que debería reflejarse en la efectividad  de su andamiaje jurídico- político y en el quehacer ético de su  clase empresarial, pero no ha sido así, a pesar de que disponemos de una Constitución política de última generación, códigos leyes y mecanismos de prevención del peculado.

Hablamos con más vehemencia, y así debe ser, de corrupción o impunidad en el Gobierno o el Estado, pero no nos alarmamos por los altos niveles de evasión, elusión, contrabando, monopolio, oligopolio o cruenta explotación laboral. Tampoco reparamos en el principio de que detrás o delante de un corrupto hay un corruptor.

Un ejemplo más que elocuente lo que constituye el sector de generación eléctrica, a donde han ido a parar en los últimos doce años desde el Presupuesto Nacional más de 12 mil millones de dólares, para conjurar déficits provocados por prácticas monopólicas y acuerdos viles, como ese de pagar más de cinco millones de dólares mensuales a los operadores de una planta apagada.

Criticamos las prácticas clientelares desde el Gobierno, pero callamos que el sector privado recibe los beneficios de 230 mil millones de pesos al año en exoneraciones y exenciones, frente a solo 27 mil millones que se dirigen a programas sociales.

La economía dominicana creció en los últimos tres años  en un promedio del 7% del PIB, lo que se reflejó en altísima rentabilidad para los anaqueles más altos del empresariado, pero nada se hizo cuando el Banco Mundial aconsejo recaudar 33 mil millones de pesos para conjurar de manera definitiva  la indigencia.

Lo mejor de la clase política, en el Gobierno y la oposición, así como los sectores empresariales progresistas y de la Sociedad Civil sin ataduras extranjeras o corporativas, están compelidos a concertar un gran acuerdo patriótico contra toda forma de corrupción y prevaricación y por la vigencia de un régimen jurídico de consecuencia. Lo demás es cháchara oportunista.Cmdv

Caperucita Verde

Se pintan como Caperucita Verde con su angelical manto anticorrupción, pero en vez de frutas, leche y miel, ocultan en sus canastas cruentas historias de acumulación de riqueza por vías de abyectas prácticas desleales, prevaricación, privilegios y explotación laboral.

Esos lobos de la moral se colocan a la vanguardia de una causa justa y necesaria que reclama bañarse con cloro a poderes públicos, clase política, empresariado y mentada sociedad civil, pero la intención de la fiera es la misma de engullirse a la abuela.

Nadie en su sano juicio puede oponerse al clamor de que se identifiquen las personas físicas o jurídicas implicadas en casos de soborno o de cualquier infracción que se defina como un crimen contra la cosa pública, pero el disfraz de Caperucita no les entalla a muchos lobos.

Esa gente conoce muy bien a Odebrecht y a sus personajes, tanto así que su comando de campaña se erigió en la antigua residencia de uno sus representantes, pero para ellos lo que importa ahora es llevarse por delante a Punta Catalina y, si fuera posible, quebrarle las rodillas a Danilo Medina.

El Ministerio Público tiene la obligación de identificar a todos los que resulten implicados en el escándalo de soborno, sean quienes sean, porque eso es lo que quiere la gente, pero el crecimiento de la economía seguirá, igual que la estabilidad, las visitas sorpresa y claro, Punta Catalina.

Ojalá que en esta nueva historia de Caperucita Verde, la gente pueda identificar si ningún tipo de distorsión política o mediática a los Barrabás del Gobierno, del Congreso, de la justicia, del empresariado, de la política, de la Sociedad Civil y de la prensa.

Muchos de los que se ajustan el manto verde arrastran una indignante historia de represión política, corrupción y entreguismo, mientras otros “pegados con coquí”, alimentan una alianza filisteísta con lobos oligárquicos, sustentada en buen vino y perfume Cartier, porque en términos políticos no han sido capaces de sacar un minino a excretar.

La estabilidad económica, política y social no puede estar en juego por el escándalo de Odebrecht, en torno al cual el Ministerio Publico y Orden Judicial deben mover cielo y tierra para identificar a todos los implicados, sean mansos o cimarrones.

Los ciudadanos que con todo derecho y razón expresan indignación por la corrupción o la impunidad, tienen que evitar que les cambien el cuento de Caperucita, porque de lo contrario, un lobo con disfraz verde que se hace pasar como si fuera la inocente niña, se comerá a la abuela.

Publicado por El Nacional el 12 de febrero del 2017

La ley es la ley

 

El ilícito penal admitido por el consorcio brasileño Odebrecht se erigió en primer término en práctica desleal de comercio, por cuanto la empresa incurrió en pagos de soborno a funcionarios o gente influyente para obtener ventajas o privilegios en procesos de licitación o adjudicación de obras públicas.

Entre los crímenes y delitos a la cosa pública, el soborno o cohecho es el más recurrente entre empleados y funcionarios del Estado, al punto que  el ciudadano asume como normal dar u ofrecer dadivas a cualquier servidor público por realizar una diligencia  atinente a  cargo.

Para evitar que ese ilícito trastorne las actividades empresariales o de inversión, el legislador reforzó el artículo 177 del Código Penal, que sanciona esa infracción,  con la ley 448-06, del 8 de diciembre de 2006, que considera reo de soborno tanto al que exige como al que ofrece soborno.

El artículo 6 de esa ley señala que en los casos en que  el sobornante sea  una persona jurídica será condenado por un periodo de dos a cinco años al cierre o intervención y a una multa del duplo de la recompensa ofrecida, además de que el representante de la empresa podría ser sancionado a pena entre cinco a diez años de reclusión.

Los funcionarios o cualquier persona física que a haya incurrido en soborno también sufriría pena de hasta diez años de cárcel, lo que indica que la ley de referencia es drástica, puntual y clara, para que ningún imputado alegue ignorancia.

Todos los servidores públicos deberían  leer muchas veces el apartado del  código Penal que refiere los Crímenes y Delitos perpetrados contra la Cosa Pública, para que  en caso de violación a le ley,  estén conscientes de las penas aflictivas e infamantes  que sufrirán.

Los niveles de desarrollo económico e institucional que ha alcanzado la sociedad dominicana, obliga a gobernantes y gobernados a abandonar el estado semi-salvaje de anarquía jurídica e incumplimiento de la ley, por lo que todos los ciudadanos, sin importar rango social o politico deben ajustarse a la ley o sufrir las consecencias.

Nuevo presidente en Haiti

                          

Haití estrena hoy otro presidente Constitucional, en la persona de Jovenel Moise, quien ganó las elecciones celebradas en noviembre de 2016, postulado por el Partido Haitiano Tet Kale, después que unos comicios anteriores fueron anulados por supuesta comisión de fraude.

La juramentación de Moise nuevo mandatario haitiano representa una excelente oportunidad para que el vecino país reencamine sus pasos por sendero de recuperación económica y estabilidad política, activos democráticos y sociales que han estado ausentes por muchos años.

A Moise se le define como un joven político emprendedor, que por el momento no ha dado muestra de tener animadversión con Republica Dominicana, por lo que se espera que su gestión procure una mejoría sustancial en las relaciones dominico- haitianas.

Es claro que el nuevo mandatario haitiano no puede realizar milagros, por lo que requiere del firme y decidido concurso de la comunidad internacional, en flujo de recursos y cooperación técnica para promover proyectos sociales y de infraestructura que generen empleos y atraigan inversión.

Ha hecho bien el presidente Danilo Medina en participar hoy en los actos de juramentación de Moise, quien en su condición de jefe de Estado electo, giró una visita de buena visita de cortesía al mandatario dominicano, lo que representa una buena señal de mejoría en los nexos bilaterales.

Con el ascenso al Poder en Haití de un presidente con aparente rostro amigable, aumentan las expectativas sobre la reactivación de la Comisión Binacional, que a su vez permitiría que ambos países discutan sin prejuicios temas sobre cooperación, comercio, salud, migración y medio ambiente.

Con fondos de la Cooperación Europea, Haití y República Dominicana podrían emprender de forma conjunta proyectos de producción y manejo de agua, reforestación y de fomento a la agricultura y pecuaria, además de atraer inversión hacia la frontera.

Los votos son para que el nuevo presidente que asume hoy el gobierno de Haití, esa nación encuentre el camino extraviado de progreso económico y de estabilidad política y que sea abundante su voluntad para trabajar en el cultivo de una buena relación con su vecino y cirineo.