Por menos de 30 monedas

República Dominicana vive un periodo histórico atípico o especial, caracterizado por el ejercicio de un gobierno que ha logrado mantener estables y en crecimiento los indicadores económicos básicos, y una oposición que actúa como si la confrontación política fuera similar a la que padece Siria.
Con excepción de un reducido grupo de economistas y de algunos políticos no infectados por el delirio, aquí nadie debate sobre temas económicos o sociales que tienen que ver con la supervivencia del esquema democrático o con los anhelos colectivos de justicia social.

No pocos empresarios en rol de dirigentes o candidatos han descubierto que el ejercicio de la política se convierte en la mejor vía para hacer negocios, ya sea por vía de chantaje o confrontación, o por sumisión al Gobierno.

La oposición política luce atomizada, empantanada alrededor de un discurso incendiario en la forma e insular en el fondo, carente de propuesta que, por desdibujar la realidad objetiva, desemboca en lo sedicioso.

Con pocas excepciones nadie debate sobre temas económicos o sociales y la izquierda tiene un discurso carente de realismo

El avance político más importante que ha experimentado la izquierda delirante ha sido trasladar su modus vivendi desde la bocacalle y la Universidad hacia el Parlamento y la prensa, con el mismo discurso difuso e incendiario, carente de realismo.

Aquí pocos hablan de fiscalidad, generación eléctrica, agropecuaria, exportaciones, turismo, déficit o superávit fiscal, estabilidad monetaria, acuerdos comerciales, generación de empleo, Pymes, calidad educativa, migración o seguridad ciudadana.
Odebrecht y los Tucano son el pan nuestro de cada día en limitado abecedario opositor, pero con la extraña característica de no desear que esos expedientes se conozcan en justicia, sino que sirvan para motorizar estadios de subversión e ingobernabilidad.

Es claro que en términos de debate político, se pretende imponer como buena y valida una realidad parecida a uno de los pasajes infernales de la Divina Comedia pero, si bien es cierto que el presente no es color de rosa, tampoco se siente la candela del delirio.

En ese penoso esfuerzo por desdibujar una realidad objetiva participa una camada de profesionales de la comunicación, que ha archivado sus capacidades para debatir y confrontar, y se asocian hoy en el discurso y en el propósito espurio a sicarios y caníbales que asesinan reputaciones por menos de 30 monedas.

Publicado por El Nacional el 17 de septiembre del 2017

Advertisements

Los vicios en el partido

De añejas lecturas sobre ciencias políticas se puede recordar que las contradicciones al interior del partido pueden ser de principio o innegociables, o secundarias, que sí pueden ser objeto de negociación dentro de cualquier abordaje táctico que coadyuve a acercar o conseguir el objetivo estratégico.

En una nación en la que no está bien definida su estratificación social fundamental (burguesía/proletariado), las contradicciones de clases se vuelven difusas, matizadas por vicios que afloran desde los estamentos de la pequeña burguesía, como sectarismo, individualismo y oportunismo.
Ningún partido conserva ni promueve sus objetivos primigenios sin lograr controlar esos vicios pequeños burgueses, que en la sociedad de hoy se expresan también, no solo en romper corozos para alcanzar puestos de dirección política, sino también en adición al enriquecimiento precoz.

Esas debilidades tienen carácter de endémicas en una sociedad como la dominicana, donde la burguesía se debilita, acosada por una inusitada actividad rentista que empodera y fortalece a una oligarquía que se creía en decadencia.

Aquí tampoco se puede hablar de una clase obrera en ascenso, ni en sí ni para sí, porque sus dirigentes son los mismos de hace más de 30 años y porque no han podido siquiera defender el derecho constitucional a la sindicalización.

La militancia de los partidos tradicionales y de la mentada izquierda está compuesta esencialmente por pequeños burgueses, en sus capas alta, media y baja, con buen entrenamiento electoral, pero escaso desarrollo político y delimitada conciencia social, aunque en la praxis son capaces de cultivar un sólido liderazgo.

El de la Liberación Dominicana (PLD) es el único partido cuya arquitectura fue diseñada para asumir y aprovechar todo el potencial de la pequeña burguesía, de los trabajadores y los burgueses progresistas para impulsar el proyecto político de la liberación nacional.

Sería más que una tragedia que la dirección política del PLD no llegue siquiera a entender que la unidad de ese partido solo se preserva si aplican correctamente el principio de las contradicciones, si respetan y se hacen respetar los acuerdos o métodos de trabajo y si promueve el centralismo democrático.

Sería imperdonable que la dirección del PLD en el Partido y en el Gobierno permita que los vicios a los que hago referencia generen un tipo de cáncer incurable que se reflejaría en división y derrota electoral.

Publicado por El Nacional el 10 de septiembre del 2017

Lo que sería un grave error

A casi tres años de las elecciones surgen aspiraciones presidenciales como verdolaga, de forma pública o detrás de la puerta, de dirigentes o funcionarios que ya han sido presidentes, aspirantes o legisladores, que realizan una buena gestión o que disfrutan de sus 15 minutos de gloria.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) parece a punto de incurrir en el grave error de permitir que se levante temprano la carpa para una campaña proselitista interna que alejaría toda posibilidad de poder consolidar una unidad real de cara a los comicios de 2020.

Sin aparente voluntad para aprobar o promover una Ley de Partidos que afiance la democracia al interior de las instituciones partidarias, la dirección del PLD insiste en recorrer el camino electoralista, muy lejos de compromisos ideológicos o con difusos predicamentos filosóficos.

Influyentes funcionarios del Gobierno creen que desde ya pueden imponer designios al Partido y a la sociedad, sin darse cuenta que de la condición de dirigente a la de líder hay un espacio mayor que del cielo a la tierra.

Si bien es cierto que por diversas vías el presidente Danilo Medina ha dicho o ha querido decir que no aspiraría a un nuevo periodo de gobierno, prevalece su condición de jefe de Estado y de líder, cuyas decisiones como estadista y como político signan el futuro del país y del Partido.

El activo más importante que tendría el PLD, que le serviría como lanza y escudo en las próximas elecciones, sería que el Gobierno culmine una gestión histórica sostenida en crecimiento económico, estabilidad monetaria, generación de empleo, control fiscal y de la deuda y, sobre todo, mejor redistribución del ingreso.

Solo desde el Gobierno no se gana una contienda electoral, pero tampoco con un PLD infectado de un vago proselitismo sostenido en la distribución de canonjías o sueños o mediante el archivo de los principios. Para triunfar se requeriría que el liderazgo peledeísta promueva unidad en la diversidad y hale la cuerda en la misma dirección.

Sin negarle derecho o posibilidad de participar con éxito en un escenario electoral del 2020, el doctor Leonel Fernández, en su condición de presidente del PLD, está compelido a asumir la tarea de acercar a esa organización a sus orígenes ideológicos y alejarlo del clientelismo político.

El presidente Danilo Medina hace lo que debe hacer, que es gobernar con responsabilidad, firmeza, transparencia y equidad, un quehacer del que no deben apartarse sus colaboradores, aun aquellos que disfrutan de sus 15 minutos de gloria.

Es claro que sin una buena gestión de Gobierno no hay 2020, pero tampoco sin un partido que respalde a su Gobierno y que al mismo tiempo recobre su rol de ente progresista que promueve unidad interna y vocación de servir a los mejores intereses del pueblo dominicano.

Publicado por El Nacional el 20 de agosto del 2017

El presidente y el cura

En vez de buscarle una pata adicional al gato, con la peregrina hipótesis de que Gobierno e Iglesia se distancian, la comunidad política debería reflexionar en torno al planteamiento de respuesta del presidente Danilo Medina a lo dicho por el párroco Benito Cruz Lantigua en la bendición de una escuela inaugurada por el mandatario en Santiago.

Con todo su derecho, el cura reclamó del Presidente atender otras necesidades de la comunidad que recibió ese moderno plantel, pero incurrió en el desliz de señalar que el Gobierno solo pone atención al sector educación.

Provisto también de derecho, el presidente Medina tomó la palabra para defender su obra de gobierno, que considera resaltante en la promoción de la economía, salud y vivienda, además de señalar que se trabaja con un presupuesto limitado o reducido.

El cura hizo bien en aprovechar la presencia del jefe de Estado para pedir otras obras para su comunidad, pero el Presidente también actuó correctamente al defender su obra de gobierno en ese escenario, que no era el de la Cámara Americana de Comercio, sino en el de una escuela nueva de una barriada pobre.

No se trató de una confrontación entre Gobierno e Iglesia, sino el de una nota aclaratoria sobre el principal fuerte de la gestión de Medina, que sin dudas lo es el de una mejor y más justa redistribución del ingreso público.

El cura no ofendió al Presidente, pero le ofreció la oportunidad de abordar el alcance y profundidad de su obra de gobierno, que el mandatario considera resaltante porque se ha hecho con un presupuesto reducido, en comparación con el crecimiento que ha experimentado la economía.

El problema es el bajo nivel de presión tributaria (14% del PIB), frente a las urgentes demandas de la población, pero aun así se cumple con el 4% a la educación y se levantan importantes obras de infraestructura, incluidos hospitales, viviendas, plantas de generación eléctrica presas y carreteras.

El cura Benito ignora que por Gastos Tributarios (exenciones y exoneraciones al sector privado), el Gobierno deja de percibir unos 230 mil millones de pesos, con los que se podrían construir todas las obras que reclama para su comunidad y las de otras poblaciones, pero también debería reconocer que no resulta tan fácil para un mortal distribuir panes y peces.

Ojalá que lo dicho por el sacerdote y la respuesta del presidente Medina motiven un sano debate sobre el aspecto más esencial de la economía, el de la redistribución del ingreso, en torno al cual el mandatario ha obtenido notas sobresalientes.

Publicado por El Nacional el 30 de julio del 2017

Un problema de Estado

El ministro de Interior, Carlos Amarante Baret, reveló que solo el 3% de los extranjeros que se acogieron al Plan Nacional de Regularización han completado sus expedientes, a pesar de que el Gobierno confirió dos años de plazo, por lo que más de 240 mil inmigrantes tienen la condición de indocumentados.

Es obvio que son haitianos la casi totalidad de esos extranjeros que no han podido o no han querido legalizar sus papeles migratorio, quienes poseen un carnet provisional, que quizás ha sido la única identificación que han tenido durante toda su vida.

Una cantidad posiblemente superior a esos 243 mil indocumentados se desparrama por todo el territorio nacional, aun con el esfuerzo que se atribuye al Ejército, de impedir el ingreso de 140 mil haitianos durante este año y a los 40 mil que ha repatriado Migración.

No parece posible en términos logísticos poder repatriar a tantos inmigrantes ilegales en tiempo relativamente corto, no sin que la comunidad internacional alegue que el Gobierno aplica un genocidio migratorio.

El Gobierno haitiano nunca cumplió con su compromiso de proveer de documentos de identificación a sus nacionales que residen de manera irregular en República Dominicana, pero siempre ha sido diligente para denunciar a sus vecinos por supuestos maltratos cuando se procura hacer cumplir la ley migratoria.

La dominicana es una economía muy abierta y vulnerable que puede ser severamente afectada en términos de comercio e inversión, si no se actúa con moderación frente al gravísimo tema de la inmigración haitiana, aunque nunca el Gobierno debería renunciar a su derecho de ejercer efectivo control migratorio sobre una muy porosa franja fronteriza de 390 kilómetros lineales.

El desorden migratorio impacta negativamente sobre los servicios de salud, educación, vivienda, medio ambiente, empleo, seguridad y sobre el uso de suelo en comercio irregular, lo que obliga al Gobierno a recuperar el control en la frontera y aplicar las políticas condignas contra la inmigración ilegal.

Se requiere de mayores esfuerzos para impedir el ingreso de indocumentados por la franja fronteriza, simultáneamente con la ejecución de un programa de repatriaciones continuas con absoluto respeto a los derechos humanos.

El Ministerio de Trabajo está compelido a aplicar la ley referida al porcentaje de dominicanos y de extranjeros que deben conformar la plantilla laboral en cualquier empresa, construcción, hato o plantación.

Se aboga por una política migratoria integral, basada en impedir ingreso e incrementar las repatriaciones, de respetar los derechos de los inmigrantes legales o indocumentados, sin exagerar, pero sin pausa de ningún tipo.

Publicado por El Nacional el 23 de Julio del 2017

De la boca para fuera

Aunque de la boca para fuera todos dicen luchar por un Estado de derechos sustentados en los principios de salvaguarda de la dignidad humana y de igualdad ante la ley, en la práctica cada sector de la sociedad procura un país hecho a su imagen y semejanza basado en privilegios para uno y discrimen para los demás.
República dominicana representa hoy una nación con uno de los mayores y mejores mantos viales de la región, con su principal metrópoli conectada por un Metro y un teleférico y dotada del eficiente servicio 9-1-1, pero también con un gran conglomerado humano todavía falto de servicios básicos.
El presidente Balaguer recató dignifico numerosos asentamientos marginados, con sus “multifamiliares”, el presidente Fernández, también contribuyó con los proyectos “Villa Liberación” y el presidente Medina construyó La Nueva Barquita, Villa Cachón y levanta la impresionante Ciudad Juan Bosch, pero el déficit de viviendas persiste.
La economía crece cerca de un 6% en promedio durante muchos años, pero los gobiernos carecen de ingreso suficiente como para garantizar que esa rentabilidad económica impacte hacia los sectores de la planta baja del edificio social.
Un delirante sector de izquierda, que tal vez sin proponérselo sirve de conejillo de india a una derecha sin hiel, no alcanza siquiera juicio de separar trigo de cizaña, sino que asume el propósito de sus mandantes de intentar incendiar la pradera a cualquier costo.
Nadie en su buen juicio puede creer que existe la más mínima posibilidad de cambiar de un solo tirón el sistema capitalista y colocar en su lugar el que se añora desde la primera juventud, pero sería una estupidez mayor servirle de carne de cañón a los mismos sectores que pretenden repetir aquí los dramas de Brasil y Venezuela.
El principio de unidad en la diversidad no significa la claudicación de principios fundamentales ni la sumisión, aun sea coyuntural a despropósitos encaminados por gente que arrastra los pies, por aquello de que “dime con quién andas y te diré quién eres”.
Los sectores progresistas, además de marchar, deberían estar pendientes a la escogencia de los jueces de las Altas Cortes, al proceso judicial por Odebrecht, a la discusión sobre la Ley de Partido y Electoral, pero también al Pacto Fiscal y al pacto Eléctrico.
Sería bueno y provechoso que el movimiento social asuma conciencia de que en cualquier iniciativa no son todos los que están ni están todos los que son, y que en ocasiones, es mejor solo que mal acompañado

Publicado por El Nacional el 09 de julio del 2017

Consejo a la Marcha Verde

La Marcha Verde ha sido asaltada por gente retrogradada que arrastran los pies y que, como la Ciguapa, caminan para atrás en la autopista de la historia, enfermos de delirio, frustraciones y amarguras, que solo alcanzan a divisar el porvenir como uno de los cuadrantes del Dante.
Ese ha sido un movimiento de reclamo ciudadano legítimo y útil que en principio fue bien acogido por toda la ciudadanía que también reclama poner fin a toda forma de corrupción e impunidad pública o privada, pero ha sido infectado por sectores que medran en la prevaricación.
El movimiento por la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, que explosionó a partir del escándalo Odebrecht, se expande por toda América, pero no como manadas de buitres que procuran engullirse el despojo de la democracia.
Una iniciativa como la de la Marcha Verde, además de reclamar el fin de la corrupción y la impunidad, debería promover el fortalecimiento del espacio democrático y no su destrucción, como sería si se impulsa la interrupción abrupta del orden institucional.
¿Cómo es posible que mentados sectores progresistas coincidan con grupos empresariales oligopólicos y otros que han amasados fortunas por vía de evasión, elusión y lavado de activos, en el propósito de frustrar la recuperación y control de la industria eléctrica?
Es menester advertir que la corrupción es un flagelo añejo, que estalló con el golpe de Estado contra el gobierno democrático de Juan Bosch, perpetrado, hace 56 años por sectores oligárquicos, militares y eclesiásticos que se apoderaron de las riquezas amasadas por la tiranía de Trujillo.
En vez de profundizar la lucha social con nuevos reclamos de justa redistribución del ingreso, disminución de exoneraciones y exenciones a grupos económicos parasitarios, justa reforma fiscal que disminuya el rentismo, pacto eléctrico que elimine el oligopolio, la Marcha Verde permite que malos espíritus atenten en su nombre contra la democracia.
Ante el estrambótico pedido de renuncia, el presidente Danilo Medina, quien ganó las elecciones con un 62%, y en cuyo primer gobierno se generaron 440 mil empleos, la economía creció en promedio un 5.5% y la pobreza disminuyo en un 11%, ha pedido que lo dejen trabajar.
Si la Marcha Verde desea sobrevivir como legitima expresión social, debería impedir que los malos espíritus enturbien su seno, porque esa gente tiene la incurable enfermedad de la amargura, unos porque sus logros en 12 años de gobierno no llenan una cuartilla y los otros porque convulsionan de delirio.

Publicado por El Nacional el 25 de junio del 2017

El buen juicio

El Gobierno colocó con éxito una emisión de bonos soberanos por 500 millones de dólares, a una tasa de interés record de 5.10%, para concluir el financiamiento de Punta Catalina, lo que constituye una buena noticia para cualquier buen dominicano que se precie de sensato.
A ese complejo termoeléctrico, que construye un consorcio liderado por Odebrecht, a un costo de US$2,040 millones, solo le falta menos de un 30% para su terminación, programada para finales de 2018, cuando entrarán en línea sus dos plantas con una generación de 730 megavatios.
Para poder afrontar cualquier dificultad económica, social política o jurídica, se requiere sobre todo buen juicio, lo que quiere decir cabeza fría aunque arda el corazón, pero al abordar el tema Punta Catalina, mucha gente carece de esos atributos.
El Gobierno ha adelantado mil 300 millones de dólares para la construcción de ese proyecto, que también ha recibido s 300 millones de un pool de bancos europeos, que han retenido otros US$300 millones, después que mensajeros de la izquierda financiados por la derecha fueron a Alemania a reclamar detener ese financiamiento.
Hay que suponer que la transferencia desde el Presupuesto Nacional de más de 60 mil millones de pesos para la construcción de Punta Catalina, supone un gran sacrificio en que incurre el Gobierno, que además tuvo que cumplir con un rígido programa de control del déficit fiscal.
Otro significativo sacrificio para las finanzas públicas serán los 700 millones de dólares en endeudamiento que completan el total del financiamiento de Punta Catalina (500 millones en bonos y 300 de los bancos europeos).
¿Qué significa Punta Catalina para la economía dominicana? ¿Qué resulta mejor, concluirla o paralizarla? Lo primero es que sus dos plantas aportaran al sistema de generación eléctrica más de 700 megas, a un precio de menos de ocho centavos de dólar el kilovatio, en comparación con más de 16 centavos, el precio promedio actual.
Esas plantas suplirán el 35% de la demanda de energía eléctrica, además de obligar a las otras generadoras a procurar otras fuentes de alimentación de sus generadoras para poder competir en precios. El buen juicio aconseja terminar a Punta Catalina, en vez de paralizarla.
Se plantea que Odebrecht es una empresa delincuente que obtuvo el contrato de Punta Catalina, mediante la distribución de sobornos, lo que no se discute, pero es preciso decir que la figuras jurídicas no delinquen, sino las personas, por lo que no es posible mandar a la cárcel a Odebrecht, sino a los sobornantes y sobornados.
La empresa brasileña ha sido multada con 284 millones de dólares y todavía puede ser objeto de demandas civiles que se desprendan de un sobreprecio comprobado o del juicio penal por soborno, pero puede y debe concluir la construcción de Punta Catalina. Es asunto de buen juicio.

Publicado por El Nacional el 18 de junio del 2017