Revolución democrática

                                

Se puede decir que una revolución  democrática se pone en marcha cuando trabajadores y burgueses coinciden en un punto de inflexión para impulsar reformas políticas, económicas y sociales que se reflejen en  altos índices de desarrollo humano y de rentabilidad del capital.

A ese escenario de transición política aspiraba Juan Bosch hace casi cincuenta años, cuando esbozó su tesis “Dictadura con Respaldo Popular”, un  diseño de gobierno progresista y democrático, bautizado con un título muy áspero.

La dominicana es todavía una sociedad atrasada, porque las clases sociales llamadas a motorizar las reformas sociales, aun no consolidan conciencia como tales. A los trabajadores no se les permite organizarse en sindicatos, ni a los burgueses participar en mercados abiertos y transparentes.

Los grandes grupos económicos han dominado por más de medio siglo al aparato estatal y al escenario político, económico y social, en el que imponen o tratan de imponer regla de juego conforme a su imagen y semejanza.

Gobiernos progresistas y conservadores apenas pueden avanzar en algunos aspectos  de la institucionalidad del Estado, como la apertura limitada de mercados, o promover una que otra política de inclusión social, como las leyes agrarias, pero en sentido general, la sociedad ha seguido enjaulada en lo que Juan Bosch definió como “Frente Oligárquico”.

Durante la primera gestión del presidente Danilo Medina, se produjo un trascendente punto de confluencia entre Gobierno y burguesía liberal para promover iniciativas que ayudan a perfilar una revolución social y democrática.

Los primeros componentes de esa iniciativa han sido el 4% para la educación, la democratización del crédito, la figura de la fiducia para la construcción de miles de  viviendas de bajo costo, la ampliación de los programas sociales y la asistencia estatal a grupos organizados  agropecuarios, agroindustrial, industrial, artesanal, comercial y de  emprendimiento .

Ese es el punto de convergencia que motoriza la revolución social que encamina el gobierno del presidente Medina, que se ampliará con la reforma profunda del sector salud, agua, seguridad social, sector eléctrico y de los programas de apoyo a la Mipymes.

El Frente Oligárquico, que refería Juan Bosch, no va a quedarse de brazos cruzados, por lo que, para impedir o limitar la agenda de un gobierno progresista respaldado por el pueblo, ha instituido una mentada Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, la mascarada de una contrarrevolución.

¡Feliz cumpleaños!

 

                       

El Colegio Médico Dominicano (CMD) insiste en trillar camino de la irracionalidad con la convocatoria hoy de un paro de labores en todos los hospitales de la región Sur, además de alentar otra huelga en centros asistenciales de la provincia Valverde.

Como para despejar toda duda de que  esas suspensiones  en los servicios hospitalarios públicos están dirigidas a afectar a la población pobre, la directiva del CMD escogió a la zona del país de mayor indigencia para iniciar su nuevo periplo de huelgas.

El presidente de ese gremio, Waldo Ariel Suero, estará desde muy temprano el hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, para supervisar que se niegue asistencia a pacientes que carecen de recursos para acudir a una clínica privada, con lo que festejará además el 125 aniversario de la fundación de la institución.

En vez de promover un tipo de dialogo con las autoridades que ayude a acercar lo ideal con lo posible, el doctor Suero produce declaraciones altisonantes que desbordan la prudencia y alejan posibilidad para  arribar a acuerdos que beneficien a los médicos y a la población.

Se admite que un 25% de aumento salarial que propone el Gobierno no llena las expectativas de los galenos, pero  se raya en la imprudencia si  se mantiene la demanda de un 60%, más aun si se toma en cuenta que  las autoridades  aceptan el reclamo de pensiones y nombramientos.

El horario de trabajo en los hospitales públicos debería ser abordado con mayor seriedad, porque debe  figurar como obligación y conquista en toda negociación laboral, por lo que resulta inaceptable que  se defina ese tema como innegociable.

Los médicos de centros asistenciales privados requieren y merecen un incremento salarial mayor a lo posible, pero también que cumplan  de manera estricta  la jornada  de trabajo  que sea acordada, que no debe ser más pero tampoco menos de lo justo y necesario.

Las huelgas en hospitales públicos constituyen anacronismo de gremialistas insensatos, imprudentes, irracionales e irresponsables, que cierran las puertas de los hospitales  en las narices de los pobres  como forma de  la fundación de su gremio. ¡Feliz cumpleaños!

El próximo paso

Liderazgo y dirección del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tienen el imperativo reto de liberar a esa organización del clientelismo y transfuguismo, que afecta expandida metástasis a la partidocracia nacional, agobiada por el desbordamiento de otros vicios como grupismo, arribismo y oportunismo.

La Ley de Partidos, cuyo contenido y alcance se discute dentro y entre organizaciones políticas y de la mentada sociedad civil, podría ser el instrumento idóneo para contener la expansión de los mercados de pulgas en los ámbitos partidarios.

Ese estatuto instituiría las primarias o elecciones simultáneas para la escoger los candidatos a puestos electivos en todos los partidos, lo que también podría fijarse en fechas sucesivas, pero con reglas de juego que impediría que un dirigente se transfiera de un mercado a otro, sin ningún régimen de consecuencia.

En el proceso electoral pasado, miles de miembros del PLD brincaron la cerca hacia otros partidos, después que quedaron fuera de la boleta morada, como también, otros de la oposición llegaron por las mismas razones.

Hubo un momento que el mercado de “agáchate boutique” tuvo tal sobreoferta que los precios de apátridas políticos se desplomaron hasta llegar al “dos por uno”, algo así como que en ningún partido disponían de camas para albergar tanta gente.

El PLD es el partido oficial, cuyos líderes y dirigentes tienen a su cargo en la conducción del Gobierno y del Estado, por mandato de la voluntad popular, por lo que están compelidos a exhibir una conducta acorde con tal elevada responsabilidad.

El nuevo gobierno que se inaugura el martes es del PLD y el partido es del gobierno, por lo cual debería producirse una efectiva correspondencia entre ambos litorales en el diseño y aplicación de políticas públicas, que a su vez están sustentadas en un programa de gobierno prometido a la población y en una Estrategia Nacional de Desarrollo.

En estos cuatro años, al PLD le corresponde bañarse con cloro para liberarse de clientelismo, grupismo, oportunismo, excesiva burocracia, lo que le permitirá unificar con el Gobierno la ejecución de políticas y proyectos que redunden en beneficio del pueblo y de la economía.

El próximo paso en el PLD debería ser ejecutar todos los acuerdos del Octavo Congreso Norge Botello, propiciar una férrea unidad interna y con el Gobierno, disponer de educación política obligatoria para todos sus miembros y olvidarse de los privilegios y castigar con la expulsión a cualquiera que incurra en prevaricación o peculado.

Publicado por El Nacional el 14 de agosto del 2016

Los cuatro años de Danilo

 

                               

A una semana de la juramentación del presidente Danilo Medina para su segundo mandato constitucional, República Dominicana se encuentra en una ventajosa posición para consolidar logros alcanzados en el cuatrienio  anterior y afrontar otros retos no menos significativos.

El nuevo gobierno deberá completar el ciclo de relanzamiento  de la educación básica que, con la inauguración de 33 escuelas en un solo día,  ha cubierto la parte correspondiente a infraestructuras escolares, por lo que ahora falta  impactar sobre currículo y calidad docente.

La generación de empleos figura como prioridad en la agenda del presidente Medida, cuya meta es el meno repetir las  440 mil nuevas  plazas laborales creadas durante  su gestión anterior, para lo cual se haría mayor énfasis en la promoción del crédito hacia las Pymes, agropecuaria y  emprendimiento.

El sector Salud, que incluye la Seguridad Social, representa el mayor reto gubernamental en los próximos cuatro años, cuyo abordaje ya se inició con  el diálogo entre Gobierno y Colegio Médico, en el que por primera vez se plantea una reingeniería en todo lo relacionado con la prestación de Salud.

Se plantea que todos los hospitales  del  Servicio Nacional de Salud se conviertan en  Centro  auto gestionables con el nivel de competencia y calidad que caracterizan  otros que ya operan en el país, como Secanot, Ney Arias Lora,  Traumatológico Juan Bosch y Hospital de Herrera.

En cuatro años, el Sistema de la Seguridad Social deberá ser universal, y el cordón de la asistencia primaria o familiar cubriría  todo el territorio nacional, con lo cual se reducirían sustancialmente los índices de mortalidad a causa de falencias en el sistema de prevención y atención médica.

El gobierno tiene el compromiso de consolidar aún más la estabilidad monetaria y financiera, mediante políticas que promuevan control y disminución  de los déficits fiscal y Cuasi fiscal, ampliación de las reservas del Banco Central, Control y Calidad del gasto Público, disminución de la deuda publica en proporción al PIB.

En el plano económico se requerirá también diversificar la oferta exportable nacional, incrementar la competitividad y poner en marcha una ofensiva de promoción de comercio hacia Los mercados de Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe Haití y Europa.

Se da por seguro que en los primeros dos años de la nueva gestión, el Gobierno habrá resuelto de manera definitiva la crisis eléctrica con la puesta en marcha  de las plantas Punta catalina y la vigencia del Pacto Eléctrico.

El tema de la seguridad ciudadana, sustentados en el Programa 9-1-1, en la ley de control de armas, reforma policial, nuevo Código Penal y mejoría en la prevención en investigación criminal, son retos fácilmente  alcanzables.

Lo más difícil que se avizora durante el nuevo Gobierno tiene que ver con Haití, frontera e inmigración, porque son factores altamente negativos, cuyo control corresponde esencialmente a la comunidad internacional. El porvenir nos pertenece.

Pura hipocresía

El aborto ha sido un drama que de manera oculta se padece en todos los sectores sociales, incluidos en las mejores familias de Gazcue, que han vivido la experiencia de una mujer que voluntaria o por razones terapéuticas y con asistencia de un médico, enfermera o partera interrumpe un embarazo.

Esa práctica ha sido siempre criminalizada en los textos penales, por la censura de iglesias, familia y hasta por las chismosas o chismosos del barrio, pero igual se multiplica y expande a nivel de flagelo social.

En el Congreso cursa un proyecto de reforma al Codigo Penal, ya aprobado en la Cámara de Diputados, que dispone prisión de hasta cuatro años para la mujer que interrumpe un embarazo y hasta diez años para el médico o personal de salud que le asista.

La Constitución de la República garantiza el derecho a la vida desde “el momento de la concepción”, es decir desde cuando el espermatozoide y el óvolo se unen y fecundan, lo que indica que un aborto practicado con unos días de embarazo, constituye un crimen.

La mayoría de nosotros hemos sido educados y formado en la fe cristiana, que conlleva un profundo respeto por la vida, razón por la cual, desde el punto de vista religioso y ético se rechaza la interrupción del embarazo.

Es menester advertir que la criminalización del aborto no resuelve, ni por asomo, el drama de miles y miles de niñas, adolescentes y adultas que a diario intentan abortar por cualquier vía.

Estadísticas oficiales revelan que casi el 25% de las parturientas que acuden a las maternidades públicas, son niñas o adolescentes entre 11 a 17 años, lo que indica que no dan a luz un hijo, sino un hermanito o hermanita. Esas madres prematuras, son o serán también abuelas a destiempo.

El Ministerio Público carece de capacidad logística para someter a la justicia a los adultos que embarazan niñas, pero se le exige que procese a cualquiera de esas embarazadas si deciden abortar, sin tomar en cuenta que ya han sido condenada por la sociedad.

Bonito sería que las cárceles se llenen de mujeres y médicos por practicar el aborto, mientras miles de niñas y adolescentes son obligados a prostituirse en lupanares con disfraz de centros turístico o en bares de favelas.

La figura del aborto no es solo un problema religioso, ético o jurídico; es en mayor medida un drama social, que debe ser afrontado desde la óptica de la prevención y el salvataje, porque lo demás se inscribe en pura hipocresía.

Publicado por El Nacional el 24 de julio del 2016

El poder nace del voto

rajatabla

 

Lejos de ingresar en un proceso de revisión y autocritica por sus pírricos desempeño en las elecciones de mayo 15, la derecha y la izquierda política confluyen en un difuso discurso en base al cual pretenden justificar su fracaso electoral.

Esos dirigentes y partidos alegan que se produjo un fraude electoral en todos los lugares donde perdieron, lo que quiere decir en todos los municipios  de la República y en  casi 15 mil de los 16 mil colegios electorales, donde la boleta presidencial del PLD salió  airoso.

Los únicos lugares donde no se perpetró un fraude fueron aquellos donde la oposición ganó, es decir en menos de mil colegios, tres provincias, y a nivel  municipal en un puñado de demarcaciones. No se atreven a reflexionar sobre la verdadera razón por las cuales Danilo gano con un 62% de los  sufragios.

Como consecuencia directa de los resultados electorales, el PLD obtuvo control absoluto en el Senado y Cámara de Diputados, así como la mayoría de las alcaldías, lo que significa también mayoría en el Consejo Nacional  la Magistratura.

La democracia radica en la voluntad del pueblo, expresada por canales o figuras señalados en la Constitución del Estado, como son las elecciones, el referéndum y el plebiscito, de lo que se deriva también  la legitimidad de los funcionarios electos y la calidad de su mandato. En mayo 15,  la voluntad ciudadana se expresó  de manera libre y categórica.

En base a ese discurso falaz, apadrinado por un sector de la oligarquía, derecha e izquierda política pretenden que el mandato ciudadano expresado en las urnas se transforme en una piñata de distribución ilegitima de poderes que serviría esencialmente para promover intereses corporativos situados en dirección opuesta a los anhelos de redención social.

La selección de los magistrados de las altas cortes deben reflejar la voluntad popular, aunque obviamente se promueve consenso y se ofrezca participación proporcional de las ideas retrogradas que fueron vencidas en las urnas.

Los órganos e instituciones deben expresar de manera mayoritaria pensamiento, acción política y planteamiento filosóficos que previamente  han sido refrendados por los electores,  a partir de los cual se definen como progresistas o conservadoras.

El Gobierno ni el Partido deben aceptar o acogerse a  encerronas políticas, fácticas o mediáticas que procuren soliviantar la auténtica voluntad de la población  que se expresó de manera libre y transparente en los resultados de las elecciones de mayo 15. El poder nace del voto, no del dinero ni del chantaje.

 

Renacer de la oligarquía

A rajatabla

                               

No creo ni imagino que en República Dominicana ocurriría los mismo que en Brasil o Venezuela, lo que digo y afirmo es que como en toda América Latina, aquí también se observa un resurgimiento del poder oligárquico, que se presenta como contrapeso a iniciativas de corte progresista que se proyectan desde el Gobierno.

Un enorme capital rentista pretende realojarse en el tuétano de la economía, lo que impediría la expansión del tejido reproductivo de una burguesía con ferviente vocación y deseo de participar en la generación de riquezas en alianza con el Estado y los trabajadores.

Ese sector oligárquico ha retornado para tratar de impedir, deformar o retardar la urgente  e imprescindible revolución social que  encamina o desea encaminar la administración del presidente Danilo Medina, y que se expresa  en  una redistribución justa  del ingreso público.

Junto al anuncio de la Junta Central Electoral sobre el boletín definitivo con los resultados de las elecciones de mayo 15, resonó el resabio del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), quien denunció que el sistema electoral colapsó y que aquí no hay institucionalidad.

Ese exabrupto parece vinculado a la derrota sufrida por el partido que serviría de sostén político al resurgir del frente oligárquico que no quiere reformas mayores en los ámbitos de la industria eléctrica, fiscalidad ni en otras estructuras básicas para impulsar equidad social.

A lo que todos debemos aspirar es a una sociedad de oportunidades, no de privilegios ni de exclusión,  en la cual  prevalezca como dinamo o motor de la economía  el capital productivo que genere empleo y calidad de vida, y no el que  se emplea en tesorería o en iniciativas oligopólicas con exclusiva intensión rentista.

El país requiere de un empresariado audaz, sensible que  sirva de sostén a un régimen social de derechos y un Estado de Bienestar que redistribuyan el ingreso y la riqueza  y eleven los niveles  de todos los indicadores humanos, lo que supone también conjurar la pobreza extrema y la marginalidad social.

Hace más de 40 años, que Juan Bosch propuso un Frente Anti oligárquico, que supone una lianza estratégica entre un empresariado progresista con todas las organizaciones que operan en la planta baja de la pirámide social para evitar que el capital rentista reedite el tipo de capitalismo salvaje del que habló Juan Pablo Segundo.

Aunque la burguesía nacional ha experimentado un significativo avance desde los tiempos cuando el país era propiedad de los terratenientes, grandes comerciantes y banqueros, todavía carece de la fortaleza necesaria para impedir que grupos oligárquicos se alcen con el santo y la limosna.

A partir del pronunciamiento del presidente del Conep y de la clara intervención del liderazgo del alto empresariado en actos de  manipulación política, económica y social, la propuesta de Bosch, recobra vida.

El cántaro

 

 

El debate o la discusión en torno a los temas esenciales de la agenda nacional se tornan confusos, difusos, sin contenidos ni propuestas útiles, en diálogo de sordos impulsado sin ninguna voluntad de promover acuerdos en favor de la ciudadanía o del más sano interés de la nación.

Aquí se menciona con frecuencia  de una “estrategia nacional de desarrollo”, instaurada por ley, según la cual Gobierno y sociedad se obligan a cumplir  con un cronograma de políticas públicas para que en 2030, la República cumpla con objetivos de  crecimiento  y progreso.

Esa meta se torna difícil de alcanzar porque Gobierno,  clase política ni empresariado muestran  voluntad de concertar sobre asuntos directamente relacionado con  la meta  que se pretende cumplir durante los próximos 14 años.

Ni siquiera logran ponerse de acuerdo  en torno el orden de prioridad para abordar los asuntos definidos como urgentes, por lo que la población solo alcanza a escuchar ruidos desde las esferas públicas y clases dirigentes.

La Republica requiere consenso  o vías de solución rápido sobre problemas de gran magnitud como el reordenamiento tributario y, la crisis eléctrica, inseguridad ciudadana, déficit fiscal y cuasi fiscal,  reordenamiento sistema de transporte público,  nueva ley  electoral y de  partidos.

No se conoce de ningún intento o esfuerzo provechoso de Gobierno, empresarios y Partidos para ordenar esa agenda de urgencias nacionales, ni menos aún, para iniciar un tipo de discusión seria que permita  la salida de humo blanco por la chimenea.

Los actores de la vida pública nacional deberían quedar advertidos sobre el hecho  cierto de que una mezcla de frustración e indignación se apodera  de la población que no alcanza a ver el más mínimo interés de resolver los problemas  que generan atraso, miseria   e iniquidad.

A quienes dirigen o controlan poderes públicos, corporativos, políticos o mediáticos deberían asumir conciencia sobre el momento de inflexión social y económica por  el que atraviesa la nación y  saber que tanto  va  el cántaro al agua hasta que se rompe. (Periódico El Nacional)

A rajatabla

PLD y Gobierno

El difícil entorno internacional, que se cierne como espada de Damocles sobre la Republica, obliga al liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a no adelantar diligencias sobre aspiraciones políticas individuales o de grupos que lesionen u obstruyan el canal de convivencia y retroalimentación con el Gobierno.

La misma exhortación va dirigida a quienes tienen o tendrán responsabilidades mayores o menores en el Poder Ejecutivo o en el Congreso que deberán asumir como objetivo vital para el próximo cuatrienio una relación de correspondencia biunívoca con   la dirección del PLD.

Una todavía arraigada cultura insular nos hace creer que el destino dominicano se circunscribe al territorio de más de 48 mil kilómetros cuadrados, razón por muchas veces desde el Gobierno y desde el Partido no se pone atención a los vaticinios sobre tormentas allende los mares.

Durante los 16 años de gobiernos peledeistas, la economía dominicana se ha mantenido  en el carril del crecimiento, incluido los años de la cruenta crisis  financiera mundial que se desato en 2008 con la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos.

No debería olvidarse, sin embargo que durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía se produjo aquí un crack financiero y económico que puso a la economía patas arribas, con la generación de más de un millón de   nuevos pobres, inflación galopante y la economía en situación de  cesación de pagos.

En Latinoamérica, solo las economías de República Dominicana y Panamá tienen previsión de crecimiento notable en su PIB de 2016, mientras  los demás países se reducen a  crecimiento negativo o estancamiento. Es claro que aquí no debemos abusar de la suerte ni dejarle todo el trabajo a la Virgen.

Sin que todavía el presidente Danilo Medina se haya juramentado para su nuevo periodo, dentro del PLD se desata una suerte de piñata por cargos congresuales conectado a distancia con el 2020, lo que constituye un comportamiento político contrario al mandato que la población encomendó al parido de Juan Bosch.

El Comité Político del PLD está compelido a colocarse a la altura del gran momento histórico que vive la nación y dedicar todo su esfuerzo a promover unidad en la diversidad, disciplina y respeto a los estatutos y al liderazgo del Partido.

Ningún interés individual o grupal puede ni debe poner en peligro la agenda vital del Gobierno y del Partido que se centra en promover pactos y políticas públicas relacionadas con la fiscalidad, rescate  de la industria eléctrica, seguridad pública, saneamiento del déficit públicos y justa redistribución del ingreso.

Los Dinosaurios

Todo parece indicar que la extraña confluencia política post-electoral entre el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y micro grupos de izquierda y derecha estará sustentada en acometer una oposición irracional, sin tomar en cuenta las consecuencias de sus temeridades, lo que se atribuye a que el liderazgo básico de ese tropel se desconectó de la realidad política o porque actúa presionado por urgencias biológicas.

Mientras el brazo izquierdo de esa alianza fuerza por vía de violencia paros barriales o en comunidades de provincia, con el infeliz pretexto de fraude colosal, el derecho se asocia a intereses de grupos oligárquicos para boicotear iniciativas en torno a proyectos esenciales de la agenda nacional, como son las propuestas de los pactos eléctrico y fiscal.

A los grupos de izquierda les regalaron dos escaños congresuales, que no lograrían a través del voto popular, por lo que seguramente participan con sobrado entusiasmo en la carrera de locura, que dirigen sus nuevos patronos políticos.

Impresiona ver a antiguos apóstoles de Leon Trotsky y de la Revolución Permanente, asociados a intereses oligárquicos para impedir que el Gobierno libere al pueblo, a la clase media y al sector productivo del oligopolio que maneja a su antojo a la industria eléctrica.

Esos intereses, a los que sirve un sector de izquierda con militancia vergonzosa, impulsan el boicot contra la construcción de las plantas de Punta Catalina, para lo cual no solo han puesto a correr mucho dinero con la orden de que si fuera necesario no quede piedra sobre piedra con tal de conseguir ese propósito. A eso se atribuye la acometida de esa gente contra el sistema financiero nacional.

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, expresó con claridad el planteamiento del Gobierno respecto al tema del pacto fiscal, que no sería para fijar más impuestos, sino para reducir la evasión tributaria, que equiparó con robo y prevaricación, por lo que hay que suponer que el adelantado rechazo del PRM y compartes significa un espaldarazo a los depredadores fiscales.

Para instalar ese andamiaje se ejecuta una campana de descrédito contra los resultados electorales, con el fin de declarar como ilegítimo al próximo gobierno de Danilo Medina, a pesar de que su candidatura obtuvo el 62% de los votos.

A lo que se apuesta es al caos y a la violencia; pero es preciso que esos jinetes del Apocalipsis puedan entender que todos los sectores productivos participan junto al Gobierno en un proyecto político y económico de largo alcance, basado en el crecimiento de la economía, redistribución del ingreso y consolidación de la institucionalidad democrática.

Ojalá el sector menos insensato de esa absurda confluencia política aliente un retorno de esa gente a la racionalidad.

Publicado por El Nacional el 19 de junio del 2016