El color de la corrupción

 

El liderazgo político esta compelido a liberarse e inmunizarse contra la prevaricación, lo mismo que el empresariado, de prácticas desleales, si de verdad ambos litorales poseen suficiente voluntad política para coexistir e impulsar una sociedad de convivencia sostenida en la ley.

La desgracia de la sociedad dominicana no es solo que la corrupción se entroniza como cáncer en sus tejidos, sino que ese flagelo se usa indistintamente por partidos y entes corporativos solo con el objetivo de desplazar al adversario, pero no para extirparlo de raíz.

Cada quien denuncia la corrupción o prevaricación de los otros, pero oculta o calla la propia o la de los suyos y otros  pelean, más que por razones éticas o morales, por participar en el festín este donde este. Claro, muchos líderes y dirigentes en el gobierno, partidos, empresariado y sociedad civil combaten ese mal con  absoluto decoro.

La sociedad dominicana ha alcanzado un nivel de crecimiento y desarrollo que debería reflejarse en la efectividad  de su andamiaje jurídico- político y en el quehacer ético de su  clase empresarial, pero no ha sido así, a pesar de que disponemos de una Constitución política de última generación, códigos leyes y mecanismos de prevención del peculado.

Hablamos con más vehemencia, y así debe ser, de corrupción o impunidad en el Gobierno o el Estado, pero no nos alarmamos por los altos niveles de evasión, elusión, contrabando, monopolio, oligopolio o cruenta explotación laboral. Tampoco reparamos en el principio de que detrás o delante de un corrupto hay un corruptor.

Un ejemplo más que elocuente lo que constituye el sector de generación eléctrica, a donde han ido a parar en los últimos doce años desde el Presupuesto Nacional más de 12 mil millones de dólares, para conjurar déficits provocados por prácticas monopólicas y acuerdos viles, como ese de pagar más de cinco millones de dólares mensuales a los operadores de una planta apagada.

Criticamos las prácticas clientelares desde el Gobierno, pero callamos que el sector privado recibe los beneficios de 230 mil millones de pesos al año en exoneraciones y exenciones, frente a solo 27 mil millones que se dirigen a programas sociales.

La economía dominicana creció en los últimos tres años  en un promedio del 7% del PIB, lo que se reflejó en altísima rentabilidad para los anaqueles más altos del empresariado, pero nada se hizo cuando el Banco Mundial aconsejo recaudar 33 mil millones de pesos para conjurar de manera definitiva  la indigencia.

Lo mejor de la clase política, en el Gobierno y la oposición, así como los sectores empresariales progresistas y de la Sociedad Civil sin ataduras extranjeras o corporativas, están compelidos a concertar un gran acuerdo patriótico contra toda forma de corrupción y prevaricación y por la vigencia de un régimen jurídico de consecuencia. Lo demás es cháchara oportunista.

El color de la corrupción

El liderazgo político esta compelido a liberarse e inmunizarse contra la prevaricación, lo mismo que el empresariado, de prácticas desleales, si de verdad ambos litorales poseen suficiente voluntad política para coexistir e impulsar una sociedad de convivencia sostenida en la ley.

La desgracia de la sociedad dominicana no es solo que la corrupción se entroniza como cáncer en sus tejidos, sino que ese flagelo se usa indistintamente por partidos y entes corporativos solo con el objetivo de desplazar al adversario, pero no para extirparlo de raíz.

Cada quien denuncia la corrupción o prevaricación de los otros, pero oculta o calla la propia o la de los suyos y otros  pelean, más que por razones éticas o morales, por participar en el festín este donde este. Claro, muchos líderes y dirigentes en el gobierno, partidos, empresariado y sociedad civil combaten ese mal con  absoluto decoro.

La sociedad dominicana ha alcanzado un nivel de crecimiento y desarrollo que debería reflejarse en la efectividad  de su andamiaje jurídico- político y en el quehacer ético de su  clase empresarial, pero no ha sido así, a pesar de que disponemos de una Constitución política de última generación, códigos leyes y mecanismos de prevención del peculado.

Hablamos con más vehemencia, y así debe ser, de corrupción o impunidad en el Gobierno o el Estado, pero no nos alarmamos por los altos niveles de evasión, elusión, contrabando, monopolio, oligopolio o cruenta explotación laboral. Tampoco reparamos en el principio de que detrás o delante de un corrupto hay un corruptor.

Un ejemplo más que elocuente lo que constituye el sector de generación eléctrica, a donde han ido a parar en los últimos doce años desde el Presupuesto Nacional más de 12 mil millones de dólares, para conjurar déficits provocados por prácticas monopólicas y acuerdos viles, como ese de pagar más de cinco millones de dólares mensuales a los operadores de una planta apagada.

Criticamos las prácticas clientelares desde el Gobierno, pero callamos que el sector privado recibe los beneficios de 230 mil millones de pesos al año en exoneraciones y exenciones, frente a solo 27 mil millones que se dirigen a programas sociales.

La economía dominicana creció en los últimos tres años  en un promedio del 7% del PIB, lo que se reflejó en altísima rentabilidad para los anaqueles más altos del empresariado, pero nada se hizo cuando el Banco Mundial aconsejo recaudar 33 mil millones de pesos para conjurar de manera definitiva  la indigencia.

Lo mejor de la clase política, en el Gobierno y la oposición, así como los sectores empresariales progresistas y de la Sociedad Civil sin ataduras extranjeras o corporativas, están compelidos a concertar un gran acuerdo patriótico contra toda forma de corrupción y prevaricación y por la vigencia de un régimen jurídico de consecuencia. Lo demás es cháchara oportunista.

El color de la corrupción

El liderazgo político esta compelido a liberarse e inmunizarse contra la prevaricación, lo mismo que el empresariado, de prácticas desleales, si de verdad ambos litorales poseen suficiente voluntad política para coexistir e impulsar una sociedad de convivencia sostenida en la ley.

La desgracia de la sociedad dominicana no es solo que la corrupción se entroniza como cáncer en sus tejidos, sino que ese flagelo se usa indistintamente por partidos y entes corporativos solo con el objetivo de desplazar al adversario, pero no para extirparlo de raíz.

Cada quien denuncia la corrupción o prevaricación de los otros, pero oculta o calla la propia o la de los suyos y otros  pelean, más que por razones éticas o morales, por participar en el festín este donde este. Claro, muchos líderes y dirigentes en el gobierno, partidos, empresariado y sociedad civil combaten ese mal con  absoluto decoro.

La sociedad dominicana ha alcanzado un nivel de crecimiento y desarrollo que debería reflejarse en la efectividad  de su andamiaje jurídico- político y en el quehacer ético de su  clase empresarial, pero no ha sido así, a pesar de que disponemos de una Constitución política de última generación, códigos leyes y mecanismos de prevención del peculado.

Hablamos con más vehemencia, y así debe ser, de corrupción o impunidad en el Gobierno o el Estado, pero no nos alarmamos por los altos niveles de evasión, elusión, contrabando, monopolio, oligopolio o cruenta explotación laboral. Tampoco reparamos en el principio de que detrás o delante de un corrupto hay un corruptor.

Un ejemplo más que elocuente lo que constituye el sector de generación eléctrica, a donde han ido a parar en los últimos doce años desde el Presupuesto Nacional más de 12 mil millones de dólares, para conjurar déficits provocados por prácticas monopólicas y acuerdos viles, como ese de pagar más de cinco millones de dólares mensuales a los operadores de una planta apagada.

Criticamos las prácticas clientelares desde el Gobierno, pero callamos que el sector privado recibe los beneficios de 230 mil millones de pesos al año en exoneraciones y exenciones, frente a solo 27 mil millones que se dirigen a programas sociales.

La economía dominicana creció en los últimos tres años  en un promedio del 7% del PIB, lo que se reflejó en altísima rentabilidad para los anaqueles más altos del empresariado, pero nada se hizo cuando el Banco Mundial aconsejo recaudar 33 mil millones de pesos para conjurar de manera definitiva  la indigencia.

Lo mejor de la clase política, en el Gobierno y la oposición, así como los sectores empresariales progresistas y de la Sociedad Civil sin ataduras extranjeras o corporativas, están compelidos a concertar un gran acuerdo patriótico contra toda forma de corrupción y prevaricación y por la vigencia de un régimen jurídico de consecuencia. Lo demás es cháchara oportunista.

El color de la corrupción

El liderazgo político esta compelido a liberarse e inmunizarse contra la prevaricación, lo mismo que el empresariado, de prácticas desleales, si de verdad ambos litorales poseen suficiente voluntad política para coexistir e impulsar una sociedad de convivencia sostenida en la ley.

La desgracia de la sociedad dominicana no es solo que la corrupción se entroniza como cáncer en sus tejidos, sino que ese flagelo se usa indistintamente por partidos y entes corporativos solo con el objetivo de desplazar al adversario, pero no para extirparlo de raíz.

Cada quien denuncia la corrupción o prevaricación de los otros, pero oculta o calla la propia o la de los suyos y otros  pelean, más que por razones éticas o morales, por participar en el festín este donde este. Claro, muchos líderes y dirigentes en el gobierno, partidos, empresariado y sociedad civil combaten ese mal con  absoluto decoro.

La sociedad dominicana ha alcanzado un nivel de crecimiento y desarrollo que debería reflejarse en la efectividad  de su andamiaje jurídico- político y en el quehacer ético de su  clase empresarial, pero no ha sido así, a pesar de que disponemos de una Constitución política de última generación, códigos leyes y mecanismos de prevención del peculado.

Hablamos con más vehemencia, y así debe ser, de corrupción o impunidad en el Gobierno o el Estado, pero no nos alarmamos por los altos niveles de evasión, elusión, contrabando, monopolio, oligopolio o cruenta explotación laboral. Tampoco reparamos en el principio de que detrás o delante de un corrupto hay un corruptor.

Un ejemplo más que elocuente lo que constituye el sector de generación eléctrica, a donde han ido a parar en los últimos doce años desde el Presupuesto Nacional más de 12 mil millones de dólares, para conjurar déficits provocados por prácticas monopólicas y acuerdos viles, como ese de pagar más de cinco millones de dólares mensuales a los operadores de una planta apagada.

Criticamos las prácticas clientelares desde el Gobierno, pero callamos que el sector privado recibe los beneficios de 230 mil millones de pesos al año en exoneraciones y exenciones, frente a solo 27 mil millones que se dirigen a programas sociales.

La economía dominicana creció en los últimos tres años  en un promedio del 7% del PIB, lo que se reflejó en altísima rentabilidad para los anaqueles más altos del empresariado, pero nada se hizo cuando el Banco Mundial aconsejo recaudar 33 mil millones de pesos para conjurar de manera definitiva  la indigencia.

Lo mejor de la clase política, en el Gobierno y la oposición, así como los sectores empresariales progresistas y de la Sociedad Civil sin ataduras extranjeras o corporativas, están compelidos a concertar un gran acuerdo patriótico contra toda forma de corrupción y prevaricación y por la vigencia de un régimen jurídico de consecuencia. Lo demás es cháchara oportunista.

El color de la corrupción

El liderazgo político esta compelido a liberarse e inmunizarse contra la prevaricación, lo mismo que el empresariado, de prácticas desleales, si de verdad ambos litorales poseen suficiente voluntad política para coexistir e impulsar una sociedad de convivencia sostenida en la ley.

La desgracia de la sociedad dominicana no es solo que la corrupción se entroniza como cáncer en sus tejidos, sino que ese flagelo se usa indistintamente por partidos y entes corporativos solo con el objetivo de desplazar al adversario, pero no para extirparlo de raíz.

Cada quien denuncia la corrupción o prevaricación de los otros, pero oculta o calla la propia o la de los suyos y otros  pelean, más que por razones éticas o morales, por participar en el festín este donde este. Claro, muchos líderes y dirigentes en el gobierno, partidos, empresariado y sociedad civil combaten ese mal con  absoluto decoro.

La sociedad dominicana ha alcanzado un nivel de crecimiento y desarrollo que debería reflejarse en la efectividad  de su andamiaje jurídico- político y en el quehacer ético de su  clase empresarial, pero no ha sido así, a pesar de que disponemos de una Constitución política de última generación, códigos leyes y mecanismos de prevención del peculado.

Hablamos con más vehemencia, y así debe ser, de corrupción o impunidad en el Gobierno o el Estado, pero no nos alarmamos por los altos niveles de evasión, elusión, contrabando, monopolio, oligopolio o cruenta explotación laboral. Tampoco reparamos en el principio de que detrás o delante de un corrupto hay un corruptor.

Un ejemplo más que elocuente lo que constituye el sector de generación eléctrica, a donde han ido a parar en los últimos doce años desde el Presupuesto Nacional más de 12 mil millones de dólares, para conjurar déficits provocados por prácticas monopólicas y acuerdos viles, como ese de pagar más de cinco millones de dólares mensuales a los operadores de una planta apagada.

Criticamos las prácticas clientelares desde el Gobierno, pero callamos que el sector privado recibe los beneficios de 230 mil millones de pesos al año en exoneraciones y exenciones, frente a solo 27 mil millones que se dirigen a programas sociales.

La economía dominicana creció en los últimos tres años  en un promedio del 7% del PIB, lo que se reflejó en altísima rentabilidad para los anaqueles más altos del empresariado, pero nada se hizo cuando el Banco Mundial aconsejo recaudar 33 mil millones de pesos para conjurar de manera definitiva  la indigencia.

Lo mejor de la clase política, en el Gobierno y la oposición, así como los sectores empresariales progresistas y de la Sociedad Civil sin ataduras extranjeras o corporativas, están compelidos a concertar un gran acuerdo patriótico contra toda forma de corrupción y prevaricación y por la vigencia de un régimen jurídico de consecuencia. Lo demás es cháchara oportunista.

El color de la corrupción

El liderazgo político esta compelido a liberarse e inmunizarse contra la prevaricación, lo mismo que el empresariado, de prácticas desleales, si de verdad ambos litorales poseen suficiente voluntad política para coexistir e impulsar una sociedad de convivencia sostenida en la ley.

La desgracia de la sociedad dominicana no es solo que la corrupción se entroniza como cáncer en sus tejidos, sino que ese flagelo se usa indistintamente por partidos y entes corporativos solo con el objetivo de desplazar al adversario, pero no para extirparlo de raíz.

Cada quien denuncia la corrupción o prevaricación de los otros, pero oculta o calla la propia o la de los suyos y otros  pelean, más que por razones éticas o morales, por participar en el festín este donde este. Claro, muchos líderes y dirigentes en el gobierno, partidos, empresariado y sociedad civil combaten ese mal con  absoluto decoro.

La sociedad dominicana ha alcanzado un nivel de crecimiento y desarrollo que debería reflejarse en la efectividad  de su andamiaje jurídico- político y en el quehacer ético de su  clase empresarial, pero no ha sido así, a pesar de que disponemos de una Constitución política de última generación, códigos leyes y mecanismos de prevención del peculado.

Hablamos con más vehemencia, y así debe ser, de corrupción o impunidad en el Gobierno o el Estado, pero no nos alarmamos por los altos niveles de evasión, elusión, contrabando, monopolio, oligopolio o cruenta explotación laboral. Tampoco reparamos en el principio de que detrás o delante de un corrupto hay un corruptor.

Un ejemplo más que elocuente lo que constituye el sector de generación eléctrica, a donde han ido a parar en los últimos doce años desde el Presupuesto Nacional más de 12 mil millones de dólares, para conjurar déficits provocados por prácticas monopólicas y acuerdos viles, como ese de pagar más de cinco millones de dólares mensuales a los operadores de una planta apagada.

Criticamos las prácticas clientelares desde el Gobierno, pero callamos que el sector privado recibe los beneficios de 230 mil millones de pesos al año en exoneraciones y exenciones, frente a solo 27 mil millones que se dirigen a programas sociales.

La economía dominicana creció en los últimos tres años  en un promedio del 7% del PIB, lo que se reflejó en altísima rentabilidad para los anaqueles más altos del empresariado, pero nada se hizo cuando el Banco Mundial aconsejo recaudar 33 mil millones de pesos para conjurar de manera definitiva  la indigencia.

Lo mejor de la clase política, en el Gobierno y la oposición, así como los sectores empresariales progresistas y de la Sociedad Civil sin ataduras extranjeras o corporativas, están compelidos a concertar un gran acuerdo patriótico contra toda forma de corrupción y prevaricación y por la vigencia de un régimen jurídico de consecuencia. Lo demás es cháchara oportunista.Cmdv

Caperucita Verde

Se pintan como Caperucita Verde con su angelical manto anticorrupción, pero en vez de frutas, leche y miel, ocultan en sus canastas cruentas historias de acumulación de riqueza por vías de abyectas prácticas desleales, prevaricación, privilegios y explotación laboral.

Esos lobos de la moral se colocan a la vanguardia de una causa justa y necesaria que reclama bañarse con cloro a poderes públicos, clase política, empresariado y mentada sociedad civil, pero la intención de la fiera es la misma de engullirse a la abuela.

Nadie en su sano juicio puede oponerse al clamor de que se identifiquen las personas físicas o jurídicas implicadas en casos de soborno o de cualquier infracción que se defina como un crimen contra la cosa pública, pero el disfraz de Caperucita no les entalla a muchos lobos.

Esa gente conoce muy bien a Odebrecht y a sus personajes, tanto así que su comando de campaña se erigió en la antigua residencia de uno sus representantes, pero para ellos lo que importa ahora es llevarse por delante a Punta Catalina y, si fuera posible, quebrarle las rodillas a Danilo Medina.

El Ministerio Público tiene la obligación de identificar a todos los que resulten implicados en el escándalo de soborno, sean quienes sean, porque eso es lo que quiere la gente, pero el crecimiento de la economía seguirá, igual que la estabilidad, las visitas sorpresa y claro, Punta Catalina.

Ojalá que en esta nueva historia de Caperucita Verde, la gente pueda identificar si ningún tipo de distorsión política o mediática a los Barrabás del Gobierno, del Congreso, de la justicia, del empresariado, de la política, de la Sociedad Civil y de la prensa.

Muchos de los que se ajustan el manto verde arrastran una indignante historia de represión política, corrupción y entreguismo, mientras otros “pegados con coquí”, alimentan una alianza filisteísta con lobos oligárquicos, sustentada en buen vino y perfume Cartier, porque en términos políticos no han sido capaces de sacar un minino a excretar.

La estabilidad económica, política y social no puede estar en juego por el escándalo de Odebrecht, en torno al cual el Ministerio Publico y Orden Judicial deben mover cielo y tierra para identificar a todos los implicados, sean mansos o cimarrones.

Los ciudadanos que con todo derecho y razón expresan indignación por la corrupción o la impunidad, tienen que evitar que les cambien el cuento de Caperucita, porque de lo contrario, un lobo con disfraz verde que se hace pasar como si fuera la inocente niña, se comerá a la abuela.

Publicado por El Nacional el 12 de febrero del 2017

La ley es la ley

 

El ilícito penal admitido por el consorcio brasileño Odebrecht se erigió en primer término en práctica desleal de comercio, por cuanto la empresa incurrió en pagos de soborno a funcionarios o gente influyente para obtener ventajas o privilegios en procesos de licitación o adjudicación de obras públicas.

Entre los crímenes y delitos a la cosa pública, el soborno o cohecho es el más recurrente entre empleados y funcionarios del Estado, al punto que  el ciudadano asume como normal dar u ofrecer dadivas a cualquier servidor público por realizar una diligencia  atinente a  cargo.

Para evitar que ese ilícito trastorne las actividades empresariales o de inversión, el legislador reforzó el artículo 177 del Código Penal, que sanciona esa infracción,  con la ley 448-06, del 8 de diciembre de 2006, que considera reo de soborno tanto al que exige como al que ofrece soborno.

El artículo 6 de esa ley señala que en los casos en que  el sobornante sea  una persona jurídica será condenado por un periodo de dos a cinco años al cierre o intervención y a una multa del duplo de la recompensa ofrecida, además de que el representante de la empresa podría ser sancionado a pena entre cinco a diez años de reclusión.

Los funcionarios o cualquier persona física que a haya incurrido en soborno también sufriría pena de hasta diez años de cárcel, lo que indica que la ley de referencia es drástica, puntual y clara, para que ningún imputado alegue ignorancia.

Todos los servidores públicos deberían  leer muchas veces el apartado del  código Penal que refiere los Crímenes y Delitos perpetrados contra la Cosa Pública, para que  en caso de violación a le ley,  estén conscientes de las penas aflictivas e infamantes  que sufrirán.

Los niveles de desarrollo económico e institucional que ha alcanzado la sociedad dominicana, obliga a gobernantes y gobernados a abandonar el estado semi-salvaje de anarquía jurídica e incumplimiento de la ley, por lo que todos los ciudadanos, sin importar rango social o politico deben ajustarse a la ley o sufrir las consecencias.

Nuevo presidente en Haiti

                          

Haití estrena hoy otro presidente Constitucional, en la persona de Jovenel Moise, quien ganó las elecciones celebradas en noviembre de 2016, postulado por el Partido Haitiano Tet Kale, después que unos comicios anteriores fueron anulados por supuesta comisión de fraude.

La juramentación de Moise nuevo mandatario haitiano representa una excelente oportunidad para que el vecino país reencamine sus pasos por sendero de recuperación económica y estabilidad política, activos democráticos y sociales que han estado ausentes por muchos años.

A Moise se le define como un joven político emprendedor, que por el momento no ha dado muestra de tener animadversión con Republica Dominicana, por lo que se espera que su gestión procure una mejoría sustancial en las relaciones dominico- haitianas.

Es claro que el nuevo mandatario haitiano no puede realizar milagros, por lo que requiere del firme y decidido concurso de la comunidad internacional, en flujo de recursos y cooperación técnica para promover proyectos sociales y de infraestructura que generen empleos y atraigan inversión.

Ha hecho bien el presidente Danilo Medina en participar hoy en los actos de juramentación de Moise, quien en su condición de jefe de Estado electo, giró una visita de buena visita de cortesía al mandatario dominicano, lo que representa una buena señal de mejoría en los nexos bilaterales.

Con el ascenso al Poder en Haití de un presidente con aparente rostro amigable, aumentan las expectativas sobre la reactivación de la Comisión Binacional, que a su vez permitiría que ambos países discutan sin prejuicios temas sobre cooperación, comercio, salud, migración y medio ambiente.

Con fondos de la Cooperación Europea, Haití y República Dominicana podrían emprender de forma conjunta proyectos de producción y manejo de agua, reforestación y de fomento a la agricultura y pecuaria, además de atraer inversión hacia la frontera.

Los votos son para que el nuevo presidente que asume hoy el gobierno de Haití, esa nación encuentre el camino extraviado de progreso económico y de estabilidad política y que sea abundante su voluntad para trabajar en el cultivo de una buena relación con su vecino y cirineo.

Las 14 puñaladas

En la intersección de las calles Juan de Morfa y Juan Bautista Vicini, de mi barrio San Carlos operaba hace más de medio siglo un prostíbulo, donde un hombre celoso mató a cuchilladas a una meretriz, por lo que ese lugar fue bautizado como “la esquina de las 14 puñaladas”, el número de estocadas que el homicida infirió a la infeliz mujer.

Cuentan que casi todas las noches, en ese lenocinio se producían pleitos a “puñales, punzones y chavetas”, con saldos frecuentes de muertos y heridos, pero el caso más famoso fue el de la trabajadora sexual asesinada de 14 puñaladas.

Aunque hoy esa es una esquina apacible, los viejos cuentan que fue escenario de muchas historias de violencia y que al bar de mala muerte iba todo hombre con deseo de pelear o de matarse con cualquiera. Dicho de otra manera, era una peña de gente intolerante.

Les cuento esta historia, porque creo que a nivel del debate público aquí sobra gente que confunden los medios de comunicación y las redes con “la esquina de la 14 puñaladas”, a donde acuden con asechanza y felonía a hundir sobre la honra de cualquiera el puñal de la infamia o de la afrenta.

A esos sectores mediáticos, fácticos y políticos no les interesa participar en un debate de calidad en forma y contenido, en el que cada cual presente o exhiba razonamientos coherentes sobre cualquiera de los temas objetos de discusión. Prefieren pelear con navajas de los adjetivos peyorativos o insultantes.

Pongo de ejemplo los casos Odebrecht y Los Tres Brazos, sobre los cuales levantan humaredas para ocultar que el Gobierno y el Ministerio Público han actuado responsablemente en consonancia con la Constitución, las leyes y el debido proceso.
El presidente Danilo Medina acogió las recomendaciones de una comisión que investigó la venta irregular de terrenos en esa barriada, anulando esas operaciones y de paso desmantelando a Crep, además de poner en el ámbito del Ministerio Público, la posibilidad de algún ilícito penal.

En lo que respecta a Odebrecht, ya la Procuraduría General arribó a un acuerdo con ese consorcio que se obliga a resarcir al Estado con 184 millones, pero además a entregar al Ministerio Publico actas de las confesiones hechas por la empresa ante autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil.

Es claro que los nombres de personas físicas o jurídicas que recibieron sobornos serán revelados en esos documentos o permitirán su identificación y seguro sometimiento a la justicia, que es lo que reclama la sociedad.

A los sectores que pretenden llevar el debate público a “la esquina de las 14 puñaladas”, no les interesa que los temas se discutan y se esclarezcan, sino en convertirlos en detritus que corran por tuberías de la subversión.

Publicado por El Nacional el 04 de febrero del 2017

Moral de hojalata

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue fundado por un prócer que, cuando le toco ejercer la presidencia de la República,  no vaciló en someter a la justicia a uno de sus más cercanos colaboradores, Virgilio Gell, jefe de la Oficina de Seguridad Presidencial, implicado en un supuesto acto de  corrupción Fue en esa oportunidad cuando el presidente Juan Bosch advirtió que en su condición de jefe del Estado no tenía amigos ni enemigos, ni parientes ni arientes, por lo que cualquier funcionario que incurriera en actos de prevaricación sería cancelado y sometido a la justicia.  Es bueno señalar que  en el caso de Gell, un amigo de Bosch, se cumplieron requisitos indispensables antes de su cancelación y traducción a los tribunales, como una denuncia previa y la investigación  que determinó que contra ese funcionario afloraron indicios o evidencias que comprometían su responsabilidad penal. Ell presidente Bosch fue enérgico contra cualquier manifestación o intento de corrupción en su gobierno, pero también respetó el debido proceso, la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Gente que durante toda su vida han denostado en público y en privado  la figura prístina  de Bosch, traen al presente la firme conducta del fundador del PLD frente  a la corrupción,  pero olvidan que ese prócer no manipuló ningún expediente judicial con fines de sacar provecho político. Igual que durante el gobierno democrático de Bosch, los ciudadanos exigen hoy  que se castigue al peculado, sin importar nomenclatura política, social o económica de quienes violen la ley, lo que contradice la posición hipócrita  de muchos mentados líderes de la comunicación  que miran el cohecho desde un solo litoral. En el caso de Odebrecht, que data desde hace 15 años, y que involucra a a la mayoría de las grandes obras de infraestructura  levantadas durante los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, el Ministerio Público ha actuado correctamente, al iniciar una investigación seria y profunda, con absoluto respeto al debido proceso. El gobierno de Medina no ha hecho otra cosa que respaldar y estimular al procurador general para que cumpla su cometido de identificar a los funcionarios, ex funcionarios, empresarios o políticos que recibieron o promovieron sobornos para dar o recibir facilidades en los procesos de licitación o adjudicación de obras públicas . los ciudadanos tienen todo el derecho a manifestarse en contra de la impunidad o a favor de que mal justicia procese a todo mortal que violé la ley penal, grande o pequeño, del PLD, PRM, PRD, Reformista o empresario o quien sea. Lo que de ningún modo se acepta es que gente sin escrúpulo moral ni político pretendan aprovechar ese legítimo clamor de la población  con fines de obtener burdo provecho político o económico o para intentar a la sombra la posibilidad de que aquí se repita la tragedia institucional que  acaeció  en 1963.

 

Yo también estuve ahí

A rajatabla

                             

El escritor y cineasta Jimmy Sierra narró en dos  relatos la pugna de hace más de 50 años  entre  simpatizantes del Partido Comunista Dominicano (PCD) y de la Línea Roja del 14 de Junio por el control del naciente club Mauricio Báez, que ganó el IJ4, con el voto  favorable de un grupo de niños.

Esa historia contada por el acucioso investigador, constituye una útil oportunidad para analizar el papel de la izquierda en la extinción o nulidad del movimiento clubístico que emergió en 1963, cuyo espacio  que ocupaban es hoy operado por  el narcotráfico.

En 1968, un grupo de jóvenes formamos en el barrio de San Carlos, el Club Juan Sánchez Lamouth, que promovía la cultura a través de la celebración de muchos “actos liricos culturales”, durante los cuales se presentaban obras teatrales, grupos folclóricos, de poesía coreada, entre otras manifestaciones artísticas.

La directiva de ese club estuvo integrada básicamente por simpatizantes del PRD, MPD y Línea Roja, pero ninguno de  esos grupos intentó controlar sus estructuras,  aunque se promovía la educación y  discusión política, por lo que era común  ver a jóvenes en las esquinas discutir los planteamientos de sus respectivos partidos.

Ese ambiente de pluralidad cambió drásticamente a comienzo de la década de los 70s, cuando la izquierda  se peleó abiertamente por el control de  decenas de clubes deportivos y culturales diseminados por  todos los barrios de la capital.

En 1971, fundé junto a otros jóvenes en el barrio Capotillo el Club Salome Ureña, con el mismo perfil del Juan Sánchez Lamouth, que ya languidecía en San Carlos, pero esta entidad operaba una escuela y un programa de alfabetización de adultos.

La Línea Roja del IJ4 y el  MPD se unieron en el propósito de controlar al Salomé Ureña y para tal fin emprendieron una campaña de denuestos contra mi persona que ostentaba el liderazgo de la  entidad y contra  el grupo que dirigíamos el club y la escuela.

El club murió asfixiado por la intolerancia ideológica, como la mayoría de esas organizaciones que debieron haber sido templos  de formación de un sano liderazgo barrial, donde los niños y adolescente se recrearan en la cultura y en los deportes.  

La izquierda cometió un grave error al pretender que los clubes barriales formaran parte de su estructura organizacional o como centro de operaciones y de propaganda, pero más aún, de impedir que  muchos  jóvenes accedieran  a la directiva o liderazgo de esas organizaciones.  Volveré sobre el tema, porque yo también estuve ahí.

Fin de la historia

Editorial

 

Con la muerte ayer a balazos por un contingente policial en Bonao de John Percival Matos se pone fin a una cadena de asaltos a bancos que se había constituido en desafío para las autoridades y motivo de consternación y angustia para la sociedad.

Lo deseable hubiese sido que Percival Matos obtemperara el emplazamiento de la Policía y ruego de su familia para que se entregara a la justicia y evitar así ese previsible desenlace.

La muerte de ese ex teniente del Ejército impide que  se ausculte con mayor profundidad el origen y naturaleza de una banda de delincuentes a la que se atribuye al menos tres asaltos contra entidades bancarias, durante los cuales los forajidos asesinaron a un guardián privado e hirieron a otros tres.

A la espera de la captura de Brayan Paulino y otros presuntos implicados en esos  atracos, la población aspira a que el episodio de ayer ponga punto final a esa historia de terror, que ha llevado dolor y luto  a las familias de Percival Matos y a las de los guardianes muertos o gravemente heridos.

 

Sin estridencias

 

El presidente Danilo Medina ha ordenado mediante decreto la suspensión inmediata de toda operación de venta o reventa de los inmuebles ubicados en el sector Los Tres Brazos, de Santo Domingo Este,  con lo que se detiene una transacción con esos terrenos que ha provocado un oleaje de críticas.

Ha hecho bien el mandatario en detener  esa operación de venta y titulación de solares que la estatal Corporación de Empresas Estatales (Corde) vendió a una compañía privada, que a su vez los ofrece en reventa a los ocupantes.

Conforme al decreto 392-16, una comisión encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, tendrá a su cargo rendir un informe  al Presidente sobre todo lo concerniente a los terrenos de Los Tres Brazos.

Sin estridencias ni presiones, los comisionados deberán determinar la legalidad o no de esa operación, así como recomendar al Poder Ejecutivo la mejor manera para que los ocupantes de  esos inmuebles obtengan  los títulos de propiedad de conformidad con la ley.

Última semana del año

 

Se inicia hoy la última semana del año sin que se concerté una tregua política que permita a Gobierno y población reflexionar sobre cómo afrontar los retos y desafíos del 2017, lo que indica que a partir de enero se aplicará a todos los problemas la  misma  receta del paño tibio.

En la mayoría de las naciones, autoridades, partidos y sociedad civil confrontan informes y valoraciones sobre el comportamiento de la economía y de otras variables sociales, así como  sobre las perspectivas del año entrante, pero aquí todo se reduce a un insulso  dime y direte.

En vez de debatir el comportamiento que tuvo y tendría el déficit fiscal, endeudamiento externo, intercambio comercial, poder adquisitivo, precios del petróleo o crisis eléctrica, la clase política se cuece en las crisis intermitentes de los partidos.

Temas como fortalecimiento institucional y corrupción se degradan en convenencieras chácharas políticas, sin que el Gobierno, Congreso, empresariado o la oposición política se animen en halar la cuerda en dirección a la sanidad administrativa y a la  aplicación de la ley.

El 2017 sorprenderá a mansos y cimarrones como  el que despierta con el rostro en dirección al sol, sin  conocer siquiera el lado de la cama por donde levantarse y tener que avanzar cegado por la incompetencia e improvisación.

 La clase política muestra mayor interés por las elecciones generales de 2020, que por el impacto que tendría sobre la economía dominicana  el sostenido incremento en los precios  del petróleo o el aumento de la tasa de referencia del Tesoro Americano sobre la deuda pública.

Más que una tregua política, la sociedad aspiraba a una recomposición del debate público que debió enfocarse en el futuro inmediato de la nación amenazado por un entorno internacional enrarecido por los resultados electorales en Estados Unidos, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, inestabilidad política en América Latina y la vuelta al armamentismo entre Moscú y Washington.

La última semana del año sorprende a un liderazgo político, empresarial y social, asimétrico sin conexión  clara con  la agenda interna y externa, y a un gobierno que confunde su bitácora porque cree navegar sobre aguas mansas sin avizorar la proximidad de la tormenta.

Editorial publicado por El Nacional el 26 de enero del 2016

El PLD de Juan Bosch

 

                                  

Juan Bosch concibió al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como una organización de gente “valiente, consciente y disciplinada”, que para completar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte, luchen  todos los días “hasta que no quede fuerza para seguir de pie”.

 Hace 43 años  que  el PLD  se fundó legalmente, en un congreso que llevó el nombre del fundador de la República, en el que estuve presente, como entusiasta  mozalbete,  después de renunciar del Comité de base número 9, de la “zona P”, del PRD. Antes milité en la “Zona A, del barrio San Carlos.

Desde su fundación, el PLD fue un ejemplo de una disciplina que, como manantial de agua cristalina, brotaba de la educación y de la conciencia política, a pesar de que su membresía provenía mayoritariamente  de la pequeña burguesía.

 La condición más importante de un peledeista era la de miembro, que se alcanzaba  después de permanecer  durante muchos meses en un “Círculo de Estudios”, donde se discutían 21 folletos sobre política, economía, historia, sociología, política internacional, entre otros temas.

Se requería que los miembros de esos círculos “unificaran criterios” en torno  a cada tema, sin dogmatismo y con alto sentido de criticidad y comprensión, porque el propósito era el de formar en términos de educación política a “oficiales”, en capacidad de dirigir  al “ejercito”, que  era el pueblo.

Para pode acceder a los Círculos de Estudios se requería previamente formar parte de los “Comités Patrióticos y Populares”, integrado a su vez por lectores del periódico “Vanguardia del Pueblo”, que  mostraban interés en  el Partido.

 Después de La Trinitaria”, fundada por Duarte, en 1838, el PLD ha sido la institución política mejor organizada  y de más elevados propósitos no solo aquí, sino en toda América Latina,  pues el partido morado se instituyó libre de ataduras ideológicas, con el propósito de completar la empresa duartiana, que  hace 43 años equivalía a un partido de liberación.

Juan Bosch se declaró marxista, pero no leninista, por la simple razón de que el marxismo representaba el método científico para analizar la sociedad a partir del principio de que los acontecimientos históricos, políticos y económicos se originan en la dinámica de la lucha de clases.

Es verdad que no es posible abrevar dos veces en las aguas de un mismo rio, pero los peledeistas  deberían defender la esencia de esa organización creada  por el prócer de la República para liberar al pueblo dominicano de la miseria, la opresión y de la ignorancia.