El decreto de Obama

El decreto de Obama
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dispuso mediante orden ejecutiva otorgar permiso de trabajo a más de cinco millones de indocumentados, lo que desatara una crisis en la Casa Blanca y el Congreso.
Obama ordenó a la Policía de Inmigración que centre su atención en detener y deportar a delincuentes y no a padres de familia y a jóvenes, presenta la decisión presidencial de mayor trascendencia en el ámbito migratorio en los últimos 30 años.
Entre los que se beneficiaran con el decreto de Obama figuran cuatro millones de residentes ilegales que tienen la condición de ser padres o madres de ciudadanos estadounidenses, además de quienes ingresaron antes de cumplir los 16 años.
El programa beneficiará a miles de dominicanos que figuraban en la lista de los más de cinco millones de indocumentados en inminente riesgo de deportación e impedido además de acceder a un empleo formal.
La orden ejecutiva promueve la reunificación familiar sobre la base de núcleos integrados por estudiantes que podrán acceder a carreras tecnológicas y científicas, cuyos padres indocumentados podrán acogerse a las nuevas normas migratorias.
Aunque los beneficiarios no recibirán una residencia definitiva, el decreto evita la deportación de más de cinco millones de indocumentados y abre una batalla entre Ejecutivo y el Congreso que podría incluir como represaría el cierre fiscal de la Casa Blanca.
El presidente asumió la histórica decisión después que abortó una ley en el Congreso que habría transformado de manera permanente el sistema de inmigración en Estados Unidos, al conceder residencia definitiva a la mayoría de los más de once millones de indocumentados.
Más de un millón de dominicanos residen en Estados Unidos de manera legal o en condición de indocumentados, por lo que la orden ejecutiva emitida por el presidente Barak Obama que evita deportaciones masivas, repercute de manera positiva en tierra insular, aunque es menester esperar el desenlace de la crisis política e institucional que esa medida desatará.

El cielo se despeja

A causa de sus desaciertos y extralimitación jurídica, tanto la Comisión, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido afectadas por una crisis de legitimidad, que las conviertes sus decisiones en inoperantes o irrelevantes, como ha sido una aberrante sentencia que colisiona contra la soberanía de República Dominicana.
En el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) se advierte el agrietamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a causa de las críticas que se vierten contra las decisiones de Comisión y la Corte, la mayoría de las cuales se consideran sesgadas o parcializadas.
La sentencia condenatoria contra el Estado dominicano ha sido la gota que derramó el vaso, porque ese fallo constituye un monumento jurídico de intervencionismo o injerencia sobre un país y sus instituciones políticas.
Es por eso que Douglas Cassel, profesor de derecho de la Universidad de Nostre Dames, advierte que “es un momento muy precario para la protección de los derechos humanos”, por la lluvia de críticas que ha recibido el órgano de la OEA encargado de procesar denuncias sobre violaciones a prerrogativas ciudadanas.
La Corte Interamericana (CIDH) ha visto disminuida su jurisdicción a solo 19 de los 35 países miembros de la OEA, con el retiro en los últimos años de Venezuela, Guatemala, Ecuador y Trinidad y Tobago, además de enfrentar abierta crítica de naciones miembros de la Alianza Bolivariana (ALBA).
El momento es propicio para que el gobierno dominicano inicie una ofensiva internacional de rechazo a la sentencia de la CIDH porque pretende sustituir o erosionar toda la base institucional del Estado Nacional, incluido su constitución política y el principio de separación de poderes.
Ese fallo imperial y monstruoso ha sido el detonante de la crisis de credibilidad y legitimidad que hoy afecta a la Comisión y Corte Interamericana, lo que también demuestra que el gobierno dominicano ha actuado correctamente al rechazarlo en su totalidad.
Ojala que la Cancillería aproveche el escenario descrito para apuntalar las razones de derecho que sustenta el Gobierno para rechazar ese fallo de la CIDH, así como para acoger plenamente las sentencias del Tribunal Constitucional sobre alcance de la nacionalidad y la que declara en colisión con la Constitución la adhesión de Republica Dominicana a esa corte. El cielo se despeja.

Unidad en la diversidad

La misión del Fondo Monetario que reviso el desempeño de las cuentas nacionales ratifico que la economía dominicana marcha por buen camino y solo alerto sobre aspectos relacionados con la recapitalización del Banco Central y el elevado monto de transferencias presupuestarias destinadas a conjurar déficits del sector eléctrico. El primer problema se afronta con la vigencia de una ley y el otro con la construcción de dos plantas de generación eléctrica a carbón.

Aunque todos los indicadores económicos están bajo control y la economía encarrilada   en rieles de   crecimiento, siempre es oportuno llamar la atención sobre su elevada exposición al sector externo, porque su sostenibilidad depende en mucho de episodios u eventos que ocurren fuera de su frontera.

La economía dominicana se sostiene sobre pilares del turismo (más de US$5,000 millones), exportaciones, (US$10,000 millones), remesas (US$4,500 millones), inversión extranjera directa (US$3,200 millones), todos los cuales dependen en gran medida de como soplan los vientos de la economía mundial.

Esas fuentes de ingresos están vinculadas también a factores internos como consolidación institucional, seguridad jurídica, calidad de mano de obra, infraestructura física y certidumbre política, por lo que se requiere que en todo momento haya armonía entre esos elementos con las coordenadas de la economía mundial.

Por todo lo ante expuesto se advierte que Gobierno y clase política están compelidos a la negociación y el consenso sobre aspectos relacionados con la consolidación   democrática, incluido las propias instituciones partidarias, sin las cuales no sería posible sostener en firme al régimen político.

Los grupos económicos, políticos y mediáticos que mancomunan esfuerzos en el propósito de estimular   división o crisis en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no terminan por entender que afilan cuchillo para su propia garganta, pues un escenario de enfrentamiento o colisión entre los principales líderes de esa organización sería perjudicial para la democracia y la economía.

Si esa gente logra colocar una cuna entre Danilo y Leonel, es previsible que como consecuencia de ese indeseable escenario, disminuiría la inversión extranjera directa para 2015 y 2016, lo que presionaría el tipo de cambio, el índice general de precios, y la gestión de negocios en sentido general, con incremento del desempleo.

Es malo también para la democracia y la economía que el mentado Partido Revolucionario Moderno (PRM), se divida a causa de dificultades en la escogencia de su candidato presidencial, por lo que tampoco es saludable que se estimule un pleito insalvable entre Hipólito Mejía y José Rafael Abinader.

Publicado por El Nacional el 16 de noviembre del 2014

Por el bien del espacio democrático y de la salud financiera de la nación, Danilo y Leonel tienen que promover unidad en la diversidad, fortalecer al PLD y negociar todo lo relacionado con las elecciones de 2016. El consejo va tambien para Hipólito y Abinader.

Inscríbanme, por favor

No creo que en su sano juicio ningún político, embajador o empresario se atreva a negar respaldo a la lucha contra la corrupción, aun en el caso del embajador de Estados Unidos, quien visitó al procurador general para tratar tema del narcotráfico y tuvo que hablar de tolerancia cero a la prevaricación.

En el despacho de Domínguez Brito, el embajador James Brewster externó felicitación al procurador por la lucha que libra contra el crimen organizado, y a insistencia de los periodistas dijo que su gobierno tiene tolerancia cero contra la corrupción.

En la prensa se dijo que Brewster fue donde el procurador para congratularlo y expresarle su apoyo por el expediente abierto contra un senador de la República, del que incluso se dijo que lo despojaron del visado estadounidense a solicitud de Domínguez Brito, cuestión que negó el diplomático.

Líderes empresariales también peregrinaron hasta la oficina del procurador para sí expresarle respaldo en su lucha contra la corrupción, aunque solo se refirieron al expediente instrumentado contra el senador que alega persecución política en su contra.

Como la mayoría de los dominicanos creo en la dictadura de le ley, o más bien, en un régimen de derechos, donde todos los ciudadanos sean iguales ante el Ministerio Publico y el juez, donde se guarde obediencia por el debido proceso y se respete la presunción de inocencia, hasta que un tribunal o corte la ratifique o dicte lo contrario en última instancia.

A mí me llama la atención el exceso de interés en lapidar a ese senador, mucho antes de que los jueces conozcan su expediente y se pruebe en audiencia si de verdad ha cometido los hechos que el procurador le imputa.

El presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia pidió que la Suprema Corte de Justicia cambie el juez que instruye su caso para que sea conocido por un magistrado “de carrera”, con lo que se pretende instituir la presunción de que el alto tribunal se divide en magistrado de carrera y ratones de ferretería.

No sé si los empresarios que peregrinaron hasta el despacho del procurador son los mismos o representan los mismos intereses que firmaron de puño y letra un comunicado de respaldo al consultor empresarial que luego fue condenado a diez años de prisión por fraude y lavado de activos.

Publicado por El Nacional el 09 de noviembre del 2014

Inscríbanme, por favor, entre quienes respaldan la lucha contra la corrupción, pero no en la lapidación mediática y política ni en la improvisación de paredones para liquidar reputaciones de terceros.

La Constitución

Buenos y verdaderos dominicanos han sido convocados hoy a celebrar con justificado regocijo los 170 años de proclamación de la Constitución de la República, fundamento esencial y garante fundamental del Estado nacional.
Desde la aprobación de la primera Carta Magna, el 6 de noviembre de 1844, ese texto sustantivo, ha sido objeto de múltiples violaciones por gobernantes que han pretendido adecuarlo a sus despropósitos, pero una y otra vez, la población ha salido en su defensa y custodia.
Así fue después el general Pedro Santana usó la bayoneta para imponer el consabido articulo 210 en la primigenia Constitución de San Cristóbal y también cuando intentó cercenarla para degradar a la Republica a la humillante condición de colonia española.
En 1916, la Carta Magna fue por ocho años prisionera de la primera intervención militar de Estados Unidos y a partir de 1930 fue usada como servidumbre de una tiranía sin ejemplo, hasta que pudo resplandecer en 1963, aunque solo por siete meses, con linaje de democracia y liberalismo.
La insurrección de abril de 1965 y la Guerra Patria que se desató tres días después ante la segunda invasión militar de Estados Unidos, tuvieron el propósito de restablecer la Constitución de 1963, demostración de que lo mejor del pueblo dominicano no teme derramar sangre para defenderla.
El 170 aniversario de la Constitución Dominicana ha de conmemorarse en medio del acoso de fuerzas supranacionales contra el ordenamiento jurídico y el irrenunciable principio de soberanía nacional, motivo valedero para que hoy más que nunca los dominicanos cierren fila en defensa de su gentilicio.
Desde 1910, el Constituyente dominicano ha establecido con claridad meridiana el alcance de la Nacionalidad, principio que cortes imperiales han pretendido borrar junto al propio texto jurídico sobre el que descansa la Republica y su sagrada independencia política.
Tal y como ha proclamado el magistrado presidente del Tribunal Constitucional la Carta Sustantiva está regida por valores supremos y los principios fundamentales que dan vida, unidad y coherencia a la nación dominicana. Hoy, los dominicanos reafirman compromiso y voluntad de defender por siempre el legado de Duarte y de los Trinitarios.

El circo

Sin esperar que se levante la carpa electoral, el circo político ha iniciado ininterrumpidas funciones, esta vez con asistencia o participación de sectores que antes no figuraban en cartelera, al menos no como actores, aunque si como titiriteros o encargados de boleterías.
Con tantos shows al aire libre, la distracción, no el disfrute, del público parece garantizado, porque serán muchos los magos y trapecistas en escena en repetidos esfuerzos por concitar atención colectiva a base de ensayada espectacularidad.
A partir de ahora será menos el tiempo disponible para que gobierno, partidos, sector productivo y mentada sociedad civil presten atención a temas básicos insertos en la agenda de urgencias nacionales, porque el circo opera en tandas extendidas 24/7.
Por lo ante expuesto, pasa inadvertida la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) con fines de, como cada año, revisar las cuentas nacionales y cumplir con el encargo de repetir las mismas recomendaciones que nunca se cumplen.
El FMI ha advertido sobre la necesidad de reducir el subsidio al sector eléctrico, frenar el endeudamiento, reducir a cero el déficit fiscal, cumplir con la ley de capitalización de Banco Central, aumentar las reservas de divisas y disminuir las exenciones fiscales.
A grupos y sectores comprometidos con significativos aportes de propios sacrificios en beneficio del bien común, les parece mejor emplear su tiempo en dar volteretas mediáticas en el improvisado circo de opinión pública, en el errado convencimiento de que de esa manera la población olvida la quimera de equidad y justicia.
Actores ni bufones circenses alcanza a entender que en todo el mundo todavía se forman tormentas generadas como desprendimiento de la gran crisis financiera de 2008-2009, que han provocado el retraso de la recuperación de la eurozona, la disminución del impulso de la economía de China y la reducción del crecimiento en América Latina.
Líderes y dirigentes desperdician el tiempo ensayando saltos mortales y trucos de magia, sin entender que el futuro de esta nación pende del buen juicio y elevado sentido patriótico de quienes hoy desempeñan el penoso papel de actores y bufones.

Sucesos extraños

Las cosas no ocurren al azar ni se puede atribuir una sucesión o simultaneidad de hechos a la mera coincidencia, menos cuando se trata de atentados terroristas perpetrados en cortos períodos de tiempo y contra objetivos públicos que convierten esas acciones en frontal desafío a la autoridad y a la seguridad interna del Estado.

El asalto con armas de guerra contra la Cárcel Modelo Najayo Hombre, constituye un acto de terror sin precedentes, planificado y ejecutado por elementos del crimen organizado, como respuesta a la resolución y voluntad política de las autoridades de enfrentarlo y anularlo.

Casi simultáneamente con el ataque a la cárcel de Najayo, desconocidos despojaron de las placas de sostenimiento y aflojaron tornillos en la base de 14 torres de alta tensión en el vecino municipio de Yaguate, con el claro objetivo de producir un prolongado apagón general. ¿Para qué?

Ya se sabe que un joven de 21 años admitió que preparó una bomba incendiaria casera a base de gravilla y pólvora dentro de una mochila que luego incendio y lanzó contra casi 500 pasajeros en un vagón del Metro de Santo Domingo, con saldo de 35 lesionados. Ya se dice que el implicado intentó suicidarse en la cárcel.

A esos atentados terroristas se agregan los extraños sucesos de un recluso que armado de una pistola tomó como rehén a un oficial carcelario, el día del asalto a Najayo y de otro que en esa misma tarde asesinó a balazos a un interno en la Penitenciaría La Victoria. ¿Reclusos con armas de fuego?

Hay que incluir entre esos sucesos pesarosos los sorpresivos enfrentamientos a piedras y tiros entre manifestantes y policías en un municipio de Santiago, donde el narcotráfico tiene mucha incidencia, con saldo de un muerto y varios heridos.

Más extraño todavía es la campaña mediática que se ha desatado para consolidar en la población la falsa percepción de que este país se está cayendo a pedazo, a causa del galopante desempleo, corrupción, violencia e inseguridad.

Resulta que el PIB creció 7% durante el período enero septiembre, se crearon 165 mil nuevos empleos, la inflación fue de menos de 3% y se prevé que a la economía, ya convertida en la novena del continente y la primera de América Central, generará 22 mil millones de dólares al final de 2014.

La sensatez y el buen juicio aconsejan defender al gobierno del presidente Danilo Medina y del PLD contra una posible confluencia de un desaforado crimen organizado con vertientes del oportunismo político, que procura acorralarlo e indisponerlo ante una población que en un 91 % aprueba su desempeño.

Publicado por El Nacional el 02 de noviembre del 2014

Sucesos extraños

Sucesos extraños
Las cosas no ocurren al azar ni se puede atribuir una sucesión o simultaneidad de hechos a la mera coincidencia, menos cuando se trata de atentados terroristas perpetrados en cortos períodos de tiempo y contra objetivos públicos que convierten esas acciones en frontal desafío a la autoridad y a la seguridad interna del Estado.
El asalto con armas de guerra contra la Cárcel Modelo Najayo hombre, constituye un acto de terror sin precedentes, planificado y ejecutado por elementos del crimen organizado, como respuesta a la resolución y voluntad política de las autoridades de enfrentarlo y anularlo.
Casi simultáneamente con el ataque a la cárcel de Najayo, desconocidos despojaron de las placas de sostenimiento y aflojaron tornillos en la base de 14 torres de alta tensión en el vecino municipio de Yaguate, con el claro objetivo de producir un prologado apagón general. ¿Para qué?
Ya se sabe que un joven de 21 años admitió que preparó una bomba incendiaria casera a base de gravilla pólvora dentro de una mochila que luego incendio y lanzó contra casi 500 pasajeros en un vagón del Metro de Santo Domingo, con saldo de 35 lesionados. Ya se dice el implicado intentó suicidarse en la cárcel.
A esos atentados terroristas se agregan los extraños sucesos de un recluso que armado de una pistola tomó como rehén a un oficial carcelario, el día del asalto a Najayo y de otro que en esa misma tarde asesinó a balazos a un interno en la Penitenciaría La Victoria. ¿Reclusos con armas de fuego?
Hay que incluir entre esos sucesos pesarosos los sorpresivos enfrentamientos a piedras y tiros entre manifestantes y policías en un municipio de Santiago, donde el narcotráfico tiene mucha incidencia, con saldo de un muerto y varios heridos.
Más extraño todavía es la campaña mediática que se ha desatado para consolidar en la población la falsa percepción de que este país se está cayendo a pedazo, a causa del galopante desempleo, corrupción, violencia e inseguridad.
Resulta que el PIB creció 7% durante el período enero septiembre, se crearon 165 mil nuevos empleos, la inflación fue de menos de 3% y se prevé que a la economía, ya convertida en la novena del continente y la primera de América Central, generará 22 mil millones de dólares al final de 2014.
La sensatez y el buen juicio aconsejan defender al gobierno del presidente Danilo Medina y del PLD contra una posible confluencia de un desaforado crimen organizado con vertientes del oportunismo político, que procuran acorralarlo e indisponerlo ante una población que en un 91 % aprueba su desempeño.

Única e indivisible

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condena a República Dominicana por supuestas deportaciones sumarias de indocumentados haitianos durante el periodo 1999-2000 pretende derribar de un solo golpe todo el ordenamiento jurídico político que sustenta al Estado dominicano y anular el principio de soberanía.

No se trata de un fallo que otorga ganancia de causa a un individuo o grupo de personas que aleguen violación a sus derechos inalienables, sino que anula mandato de la Constitución, como el alcance del jus solis y subvierte el principio de la separación de poderes, al desconocer leyes, decretos y sentencias.

Puede definirse también como una sentencia ultra petita que pretende crear en el ámbito interamericano una jurisprudencia de naturaleza y espíritu imperial que desconoce la Convención de La Haya de 1930 sobre derecho de los Estados a fijar el alcance de la nacionalidad y subordina el jus sanguinis a la nueva figura dominante del jus solis.

El acatamiento de esa sentencia significa que habría que modificar la Constitución de la República, degradar el papel del Tribunal Constitucional y supeditar toda la legislación dominicana y el desempeño del Poder Ejecutivo y de la justicia al criterio de esa corte.

Se pretende decir que las decisiones de la CIDH están por encima de lo estipulado en la Constitución, por tratarse de una convención con jerarquía mayor, pero se olvida que el Congreso no ha sancionado la adhesión de República Dominicana a esa jurisdicción, por tanto carece de valor jurídico.

Los jueces de esa corte pasaron por alto que los nacimientos de hijos de extranjero en tránsito, incluido lógicamente los indocumentados, son inscritos en un Libro de Extranjería en el que se indica la nacionalidad de sus padres, por tanto no resultan desnacionalizados ni se violentan sus derechos.

El Gobierno ha cumplido con su deber y obligación al rechazar ese sentencia aberrante y definir su contenido como inaceptable porque pretende subvertir el orden institucional al obligar a un Estado soberano a renunciar a su derecho a fijar condición y alcance de la nacionalidad y estatuir control migratorio.

En las constituciones dominicana y haitiana el jus sanguinis (derecho de sangre) tiene mayor jerarquía que el jus solis (derecho de suelo), pero la Corte Interamericana pretende obligar al Estado nacional a otorgar nacionalidad a todos los hijos de indocumentados haitianos nacidos aquí.

No exagero si afirmo aquí que el eventual acatamiento de esa monstruosidad jurídica equivaldría a declarar la isla como única e indivisible, en razón de que se despojaría al Gobierno y al Estado de su derecho de fijar alcance de la nacionalidad y de disponer mediante ley, decretos y ordenanza un efectivo control migratorio.

Publicado por El Nacional el 25 de octubre del 2014

Sentencia humillante

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que declara inhábil la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y la ley que instituye el Plan Nacional de Regularización Migratoria ha sido un áspero desenlace de la cruenta campaña internacional que procura obligar a República Dominicana a cargar con el pesado fardo de la migración irregular haitiana.
Se trata de un fallo humillante e ilegítimo, cuyo contenido atropella el principio de soberanía del Estado dominicano y pretende desconocer su Constitución Política, a los poderes públicos y al orden jurídico interno.
La CIDH exige que los poderes públicos vinculantes dejen sin efectos leyes sustantivas, adjetivas o reglamentaciones administrativas que tengan por efecto que la estancia irregular de padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana.
A partir de ese absurdo fallo de la CDHI, el Estado dominicano no tendría ninguna autoridad para producir un ordenamiento migratorio conforme a su propia Constitución, que virtualmente queda desmantelada y sin protección cautelar por parte del Tribunal Constitucional.
Dicho de otra manera, todos los hijos de haitianos indocumentados, aun no residentes que nacieren en territorio nacional tendrían derecho automático a la nacionalidad dominicana, en virtud de la Corte Interamericana, se la autoridad supranacional para abolir de la Constitución la figura del jus solis.
A pesar de que la sentencia del Tribunal Constitucional dispone la regularización de indocumentados, la CIDH exige su inhabilitación por considerar que viola el derecho a la personalidad jurídica, la nacionalidad, a la identidad, además de tener efectos discriminatorios, porque lo único es degradar el principio y alcance de la nacionalidad.
Es esa una sentencia aberrante que colisiona con irrenunciables principios de soberanía y de absoluto respeto y vigencia de la Constitución de la Republica, por tanto debe ser rechazada de plano y de fondo, porque el Estado dominicano no ha incurrido en violación flagrante o generalizada de derechos humanos.
A reservas de un escrutinio mayor, en ese fallo de la Corte Interamericana, que pretende desconocer alcance y efecto de la figura constitucional del jus solis, aflora la clara intención de obligar al Estado a conceder o reconocer la nacionalidad dominicana a toda la descendencia haitiana que resulte de la migración ilegal.