Semana Santa: oOcio y reflexión

 

Como si se emulara el bíblico pasaje de la salida del pueblo de Dios desde Egipto, se acentúa hoy un impresionante éxodo de cristianos y paganos hacia zonas de playas, montañas y ríos para retornar el domingo cuando se festeja la resurrección de Jesús, sobre  la cual el Papa Francisco advirtió que no es el final feliz de una película, sino el gesto de Dios cuando se acaban las esperanzas del hombre.

Sin dejar de reconocer el derecho ciudadano al ocio y a la diversión, preciso es exhortar a la población que  dediquen aunque sea un  instante de esta Semana Mayor a la reflexión, única manera de abordar y comprender las causas de  todo cuanto ocurre o deja de ocurrir alrededor de los individuos, la familia y la sociedad.

La solidaridad humana que se expresa en  el noble gesto de miles de voluntarios que dejan a los suyos para  trabajar en la prevención de accidentes durante estos días en que muchos incurren en desenfreno, debería también aflorar en las oraciones por Venezuela, Ucrania y tantos pueblos que  sufren crisis políticas, económicas y sociales.

El presidente Danilo Medina, en la condición de primero entre sus iguales, ha pedido que la prudencia, moderación y el respeto por la vida  de los demás acompañen a los que se van y a los que se quedan, y ha exhortado también a compartir  en familia y evitar los excesos.

El fervor religioso se expresa desde hoy con mayor vehemencia con las iglesias repletas de  feligreses que han abrazado la expresión de “yo me quedo” para conmemorar en penitencia, oración y gozo, la pasión, muerte y resurrección de del Dios de Abrahán.

Aunque en lo humano y en lo divino prevalece el principio del libre albedrio, se reputa como prudente y oportuna la disposición del ministerio de Interior y Policía, de prohibir la venta de alcohol en  Viernes Santos, porque no  solo de la ingesta de alcohol vive el hombre y porque ningún negocio  quebrara por no vender  ron ni cerveza  durante tan  acendrada efeméride.

En atención a la expresión divina de que “Al Cesar lo que es del Cesar”, corresponde a los más de 18 mil policías y militares imponer el orden en  calles, avenidas autopistas, carreteras y en los lugares  donde las masas  procuran sano esparcimiento o reclaman espacio para la reflexión.

El Nacional, que retorna a manos de sus lectores y anunciantes el próximo lunes, formula vehemente deseos de que  la población disfrute, celebre o conmemore, este periodo de asueto en completa paz en  compañía de los suyos y que el amor de Dios se derrame por todos los confines.

TelexFree: Descomunal estafa

                                    

 De nuevo Republica Dominicana despierta con la noticia de una descomunal estafa a través de un esquema piramidal en el cual más de 150 mil personas invirtieron en conjunto más de  cuatro mil millones de pesos en la creencia de que obtendrían  atractiva rentabilidad,  ahorros que se han convertido en sal y agua.

La sociedad comercial TelexFree Dominicana, cuya oficina matriz en estados Unidos se ha declarado en Bancarrota, cerró operaciones  aquí sin devolver las inversiones realizadas por miles de inversionistas locales, que se  estiman en unos  cuatro mil 300 millones de pesos.

El Estado de Massachusetts ha acusado a TelexFree de operar un esquema piramidal fraudulento disfrazado como empresa promotora de publicidad, a través del cual pudo  estafar a más de 700 mil personas, incluido unos 150 mil dominicanos.

Difícil será entender por qué tipo de empresas que promueven inversión de alto riesgo se instalan tan fácilmente en territorio nacional y porqué la Superintendencia de Valores no ejerce debida  fiscalización sobre sus  extrañas y temerarias operaciones.

 Se ha dicho que  solo siete personas que controlaban a ese empresa manejaban las cuentas de más de  700 mil  clientes a los que denominaban “promotores” que llegaron a  aportar  más de mil millones de dólares, equivalente a unos 43 mil millones de pesos.

Aunque  muy tarde, la procuraduría Especializada Anti lavado de Activos y la Fiscalía del Distrito han iniciado una investigación  en torno a las operaciones de TelexFree, sobre la cual  sospechan que  sus  directivos incurrieron en  violación a las leyes monetarias y financieras y en lavado de activos.

Duele decirlo, pero es difícil que  los más de 150 mil incautos que cayeron en las redes de  esos filibusteros financieros logren recuperar sus inversiones, pero todavía  resulta más penoso saber que  la mayoría de los estafados  pertenecen a familias de menores ingresos.

Esta no es la primera vez ni parece que será la última que con anuencia, indulgencia o indiferencia de la Superintendencia de Valores y de otros órganos de regulación financiera, se instalen aquí empresas que reeditan el canje de  “oro por espejitos”, por lo que miles de familias pierdan sus ahorros en una gran espiral de estafa y  engaño.

La nueva cédula

 

Con la entrega de un primer documento al presidente Danilo Medina, la Junta Central Electoral (JCE) inició la entrega de la nueva cédula de identidad y electoral, que tendrá  vigencia por diez años y que se reputa como infalible a todo intento de  distorsión o suplantación.

Se ha dicho que esa tarjeta está considerada  entre las más seguras del mundo y que  posee variables para  menores, militares, policías y extranjeros residentes legales, además de poseer  más de veinte medidas de seguridad que lo convierten en “confiable, inviolable y totalmente segura”.

De la invulnerabilidad de esa cédula depende la  sanidad de las elecciones congresuales y presidenciales de 2016, por lo que  la JCE  esta compelida a garantizar el blindaje de ese documento y su  eficiente  distribución a todos los ciudadanos hábiles para recibirlo.

Entre las bondades que se atribuyen al documento figura la de que contiene un dispositivo que permite a la Policía  tener acceso a los  datos que posee la JCE sobre una persona,  además de que  con un simple aparato electrónico, los bancos y otras instituciones financieras podrán determinar de manera rápida si ha sido falsificada.

Al convertirse en el primer dominicano que recibe esa Cedula, el presidente Danilo Medina envía una clara y saludable señal  indicativa de la necesidad de que todos los ciudadanos acudan por  ante las oficinas de la Junta a proveerse de tan vital documento.

Desde el lunes próximo, operaran 147 centros de cedulación y  15 unidades móviles para  la entrega del  documento biométrico  en todo el territorio nacional, en cumplimiento de la ley 26-01 que dispone  su renovación cada diez años.

Casi todas las diligencias o gestiones ante organismos públicos o privado requieren de la presentación de esa identificacion, por lo que conviene que la gente  gestione  su adquisición con diligencia y prontitud adquisición  para evitar indeseables aglomeraciones, en  el entendido de que la vieja  cedula quedara pronto inhabilitada.

El tiempo dirá si  esa nueva Cedula de Identidad y Personal  tiene los atributos de seguridad y la posibilidad de acceso a  datos de las personas, como  aseguran proveedores y autoridades electorales. Ojala que todo sea como se ha dicho, porque  ese no debe ser  motivo de preocupación en la organización y montaje de las próximas elecciones.

Oligarquía mediática

En los medios de comunicación de República Dominicana ha emergido una especie de oligarquía mediática, que no parece regentada por los dueños de periódicos, estaciones de radio o televisión, aunque se presume que en no pocos casos se producen convenientes alianzas estratégicas vinculadas con el corporativismo.

El diccionario define oligarquía como gobierno de pocos, o cuando el poder supremo es ejercido por grupo de personas que pertenecen a una misma clase social, pero bien puede emplearse esta acepción para personas físicas y entes agrupados en organizaciones no gubernamentales que se han propuesto imponer reglas jurídicas, políticas, sociales y de negocios acorde con los intereses propios o de sus mandantes.

Esos grupos no creen en la democracia, aunque se presentan como fieles defensores del orden institucional; constituyen en esencia una guardia pretoriana al servicio de intereses foráneos, pero con sólida vocación de arreglos políticos o de negocios con grupos económicos señalados como oligárquicos.
Los integrantes de esa oligarquía mediática usan su poder de control de los medios de comunicación para imponer el contenido y destino de la agenda de urgencias nacionales, en conexión con los intereses de las grandes metrópolis.

Esa gente ha contribuido decididamente a que República Dominicana reciba hoy el trato de ratón de ferretería a nivel internacional, al punto que para reclutar a un procónsul que representaría intereses de Estados Unidos ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, el portal del Departamento de Estado consigna que aquí linchan a haitianos, queman sus viviendas y que el Gobierno ha desnacionalizado a 250 mil descendientes de esa etnia.

Cuando se discute la cuestión ética, los líderes de ese grupo oligárquicos son muy proclives a acusar a periodistas y comunicadores de estar vendidos al Gobierno o de aceptar payola para promover políticas públicas contrarias al interés nacional. Ellos son los impolutos, que trabajan y luchan denodadamente por una sociedad auténticamente democrática.

La mayoría de las ONG que sirven de nidos a esos grupos es financiada por agencias gubernamentales de Estados Unidos, Canadá y Europa, por lo que puede decirse que responden a intereses de esas metrópolis, en especial cuando se trata del tema de la nacionalidad e inmigración o cuando las multinacionales telefónicas se pelean.

La verdad es que el verdadero peligro para la democracia, la soberanía, las libertades públicas, la pluralidad y los anhelos de una mejor redistribución del ingreso, lo representa esa oligarquía mediática y sus mandantes.

Publicado por El Nacional el 13 de abril del 2013

Danilo emuló a Salomón

                                 

El presidente Danilo Media ha actuado como el Rey Salomón al devolver al Congreso Nacional la ley de modificación del Código Procesal penal con la objeción de 25 de sus artículos que considera que contradicen la Constitución y principios universalmente aceptado en el régimen penal.

Con la sabiduría del bíblico monarca, el mandatario ha sugerido la ilegalidad o no del polémico artículo 85 de ese código que despoja al ciudadano ordinario de la facultad de  querellarse de manera directa contra funcionarios públicos, sea dirimida en su oportunidad por el Tribunal Constitucional.

Sabiamente, el jefe de Estado no incluye ese artículo entre las modificaciones  sugeridas en la devolución sin promulgar de esa ley, porque  sería como hablar de soga en casa del ahorcado, aunque pudo consignar que la Constitución de la Republica limita esa prerrogativa a la formulación de denuncia y no de querella.

Ante el criterio generalizado de que  el anterior Código Procesal Penal ha sido la causa principal del auge  del crimen y de la delincuencia, el Congreso, sin proponérselo quizás, produjo una contrarreforma que retrotrajo ese estatuto al  anterior Código de Procedimiento Criminal que consigna la cultura del “tránquenlo”.

Es por eso que  las observaciones  del Ejecutivo a se refieren a  colisiones con el Texto Sustantivo, como ha sido  la disposición que establece el carácter preferencial u obligatorio de la prisión preventiva, o la que pone en mano s de jueces de primera instancia conocer de manera unipersonal casos  que conlleven penas de hasta diez años.

Con sobrada razón, el Presidente  señala que ha devuelto sin promulgar esa ley para evitar un posible retroceso en las  conquistas de los ciudadanos y del Estado Social y Democrático de derecho. Corresponde ahora  a senadores y diputados procurar un texto que represente equilibrio entre la fortaleza de la ley y la santidad del derecho.

La ley de reforma al Código Procesal Penal nació con deformaciones congénitas causadas por irregularidades, negligencias, desintereses o inobservancias en las fases de  estudio y aprobación de ese proyecto en la cámara de Diputados.

El presidente Medina ha hecho bien al  retornar al Congreso ese  deformado estatuto  con las observaciones pertinentes para  corregir contradicciones a la Constitución, ineficacia en el sistema judicial y lagunas jurídicas, aunque  se resalta que el jefe de Estado emuló la sabiduría del rey Salomón, al no objetar el artículo 85 y remitir su

Presión de Francia

La senadora francesa Joelle Garriaud-Maylan ha reclamado de la justicia dominicana debida garantía procesal para que dos compatriotas suyos que guaran prisión  hace más de un año por tráfico de drogas puedan declarar y defenderse  ante un tribunal penal, un pedido de derecho que debería ser invocado para todos los justiciables sin  distinguir nacionalidad, estatus económico o social.

Esa legisladora ha denunciado que los pilotos  galos Pascal Fauret y Bruno Odos,  apresados en el aeropuerto  de Punta Cana cuando intentaron  realizar un vuelo privado  a Francia en un avión  con 750 kilos de cocaína, no han tenido nunca una audiencia que le permita  explicarse y defenderse.

Ya antes, el canciller francés, Laurent Fabius, protestó por la reiterada cancelación de audiencia, y el Sindicato de Pilotos Franceses declaró un boicot a vuelos hacia Republica Dominicana en reclamo de la liberación de sus  colegas, que piloteaban un avión trirreactor Falcon 50,  en el que acarreaba el cargamento de drogas.

Aunque el Ministerio Público solicitó al juez de Instrucción declarar el caso como complejo en esa infracción también fueron implicados militares y empleados de Aduanas,  resulta inamisible  que  la audiencia preliminar para dictaminar medidas de coerción haya sido  suspendida en seis ocasiones.

Los pilotos fueron detenidos junto a dos pasajeros que abordaron el avión, el 20 de marzo de 2013, por lo que, aun declarado como  expediente complejo, el Ministerio Publico ha debido  sustentar la acusación y  el juez de lo preliminar escuchar los alegatos de la defensa.

 El canciller Fabius, la senadora Garriaud- Maylan y el gremio de pilotos deberían  entender la gravedad de la imputación que la acusación que  se imputa a los  apresados y que se trata de un crimen  tipificado como de lesa humanidad,  en cuya investigación y posible condena se requiere  la cooperación  de Francia, por tratarse de narcotráfico internacional.

A los funcionarios franceses y al sindicato de pilotos le asiste pleno derecho, deber y obligación de reclamar juicio  diligente  y garantía a los derechos  de los  procesados, cuestión que parece no se ha cumplido cabalmente, si se toma en cuenta que la  audiencia preliminar ha sido reenviada en seis ocasiones.

El Estado dominicano está compelido a demostrar en ese caso y  en todos los procesos penales o civiles, que  es  garantista de un  autentico régimen de derechos y de un ordenamiento jurídico que  respeta los derechos de  todos los intervinientes y que  aplica la ley y las sanciones correspondientes sin aceptar presiones de ningún tipo.

Mas presión contra RD

                                                                 Carta oculta

 De nuevo ha sido pospuesta la tercera ronda del Dialogo Bilateral Dominico Haitiana que debió celebrarse mañana  en la comunidad de Jacmel. Haití ha pedido  la suspensión de tres convocatorias con diferentes alegatos, el último de los cuales se refiere  al cambio de miembros del gabinete, incluido al canciller.

No se niega pertinencia a los motivos expuestos para solicitar tres veces de manera consecutiva la suspensión de la tercera ronda de dialogo que se efectuaría inicialmente el 20 de marzo, pero llama la que coinciden con la advertencia de la Comunidad del Caribe (Caricom), de no participar en ese encuentro hasta que el presidente Danilo Medina presente el borrador del proyecto de Ley de Naturalización.

Mientras Haití acopia excusas para rehuir al diálogo, el gentilicio dominicano es severamente zarandeado por la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos (CIDH) que exige al Gobierno  que otorgue nacionalidad de manera administrativa a unos 210 mil “afro descendientes”, que alega han quedado en condición de apátridas  a causa de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

El gobierno haitiano ha reconocido la prerrogativa soberana del Estado dominicano para fijar  los alcances de la nacionalidad y legislar sobre el tema migratorio, pero parece jugar una carta oculta que privilegia la presión sobre el dialogo, de otra manera no se entiende las repetidas posposiciones de una tercera ronda de negociaciones bilaterales.

Haití y Republica Dominicana tienen mucho de qué hablar, por lo que una agenda  dialogante debería  incluir, además del tema migratorio, cooperación y compromiso mutuo sobre comercio, medio ambiente, sanidad y seguridad fronteriza, así como inversión conjunta, con financiamiento internacional sobre proyectos de desarrollo que impacten a ambos lados del Masacre.

Es claro que el Poder Ejecutivo no puede ni tiene intención de desacatar la sentencia del Tribunal Constitucional ni de violar la Carta Magna, por lo que  de antemanos debe  advertirse a los vecinos y a las gendarmerías imperiales que  ningún tipo de presión oculta o abierta hará cambiar la dirección de lo  dispuesto por el juez de control  constitucional.

 Lo mejor sería que todo lo relacionado con la agenda dominico haitiana retorne al fuero de la Cancillería, a los fines de  despojar a ese expediente del nivel de excepcionalidad que  se le ha conferido y aguardar el momento  cuando Puerto Príncipe decida  que ha lugar al ejercicio de un dialogo bilateral digno de vecinos que promueven  cooperación sin lesionar sus respectivos ordenamientos jurídicos.

El Gobierno dominicano no debería estar expuesto al vaivén de una agenda oculta como la que se maneja desde Haití, porque para dialogar se requiere de  voluntad y buena fe de  todas las partes,  sin cartas entre las mangas.

Malsana intención de la CIDH

Al término de su 150 periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha ofrecido un informe desproporcionado, injerencista y discriminatorio contra República Dominicana, en el que se revela la marcada intención de imponer un régimen jurídico migratorio que se corresponde con propósitos de grandes metrópolis de degradar la soberanía nacional.

En ese informe, la CIDH insiste en denunciar que 210 mil personas “afro descendientes” han quedado en condición de “apátridas”, por afectación de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que define el alcance de la nacionalidad y dispone la ejecución de un programa de regularización migratoria.

Llama la atención que los directivos de esa comisión pretendan señalar que la sentencia del TC procura despojar de la nacionalidad dominicana a centenares de miles de personas por su condición de afro descendientes, bajo el burdo razonamiento de que la mayoría de los afectados son de ascendencia haitiana.

Publicada por El Nacional el 06 de abril del 2014

Es lógico que la mayoría de personas de 117 nacionalidades afectadas por esa sentencia del juez de control constitucional sea “afro descendiente”, en razón de que República Dominicana y Haití comparten una frontera terrestre de 290 kilómetros lineales. Otra sería la historia si esa línea limítrofe fuera con Italia, Finlandia o Puerto Rico.

La CIDH dice lamentar “profundamente” que el Tribunal Constitucional mantenga la constante jurisprudencial derivada de la sentencia 168-13. ¿Qué pretendía? Que la alta corte emitiera fallos contradictorios con su histórica sentencia que describe una situación migratoria irregular que data de 80 años, la cual ordena regularizar?.

Esos comisionados ignoran adrede un principio elemental del derecho internacional que niega la condición de apátrida si la persona tiene o hereda una nacionalidad, como es el caso de descendientes de extranjeros indocumentados a los que su país de origen les mantiene esa condición. Tampoco hacen referencia a la orden contenida en la sentencia del TC para que los órganos del Estado vinculante regularicen la situación de hijos de indocumentados que obtuvieron de buena fe su certificado de nacimiento emitido por el oficial de Registro Civil.

Lo que resulta inaceptable es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pretenda imponer al Gobierno dominicano el criterio de que debe otorgar nacionalidad por vía administrativa o por una ley de amnistía a 210 mil “afro descendientes” asentados en territorio nacional

Diálogo con Haiti: Incertidumbre

Editorial

                                        Incertidumbre

La tercera ronda del diálogo entre República Dominicana y Haití, podría no celebrarse el 8 de abril, fecha fijada después de una anterior posposición, lo que indica que  tan importante jornada ha ingresado en una situación de indefinición que no se corresponde con la muestra de voluntad  dialogante  que ofrece el gobierno dominicano.

Se afirma que la remoción de diez ministros gobierno del presidente  Michel Martelly, incluido  el nombramiento de un nuevo cancillería, sería la causa de otra  suspensión del diálogo dominico haitiano, que ya había sido pospuesto el 20 de marzo.

Cualesquiera que sean las razones para  postergar la tercera ronda de esas conversaciones, la parte  dominicana debería llamar la atención sobre el preocupante nivel de incertidumbre en que ingresa tal iniciativa, que debería ser impulsada con mayor decisión y voluntad  por Puerto Príncipe.

Se recuerda que  el presidente de la Comunidad del Caribe (Caricom), Ralph Gonzalves, advirtió que esa entidad no  acudiría en calidad de observador a ese dialogo a menos que el presidente Danilo Medina presente el contenido  de un proyecto de ley sobre naturalización de indocumentados haitianos.

Hay razones para creer que esa fue la razón de la primera suspensión de la ronda dialogante y que  aún  seria el motivo para una nueva posposición, aunque  esta vez  se  señale como causa la remoción del gabinete haitiano.

El dialogo  dominico haitiano no debería  atarse a burdos intereses  foráneos o domésticos, porque dispensar garantía de convivencia y solidaridad corresponde por igual a  ambos gobierno, no solo en  conciliar divergencias en asuntos migratorios sino también en todo lo referidos a una  sobrecargada  agenda de cooperación.

Incertidumbre ni indefinición deberían signar el proceso de conversación  entre  Haití y República Dominicana, pero tampoco  sería posible conducir a feliz término esa jornada dialogante si  mantiene inaceptables niveles de presiones políticas, diplomáticas y mediáticas sobre el gobierno dominicano para que haga o deje de hacer conforme a intereses de indeseables intervinientes.

Sin espacio para justificación o maquillaje, la Cancillería dominicana debería retormar, al menos los asuntos de protocolo y contenido de este dialogo  con Haití para  que  de una vez y por todas se despeje ese  difuso panorama, porque para  dialogar hay que tener  voluntad de hablar y de escuchar.

DR-Cafta; !Llegó el lobo!

  lobo                                     

                               ¡Llegó el lobo ¡

Desde mucho antes de 2004, cuando se firmó el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centro América (RD-Cafta), gobierno y sector productivo fueron advertidos sobre la necesidad de  cumplir  de manera irrestricta con un cronograma de competitividad para poder afrontar los desafíos que conllevaría la desgravación total de  las líneas arancelarias  contenidas en ese convenio.

Para 2015, un total de 962 productos, correspondientes a 1018 líneas arancelarias ingresarán  al mercado dominicano libre de impuesto o con arancel cero, lo que significaría  perdidas de  cientos de empleos por falta de competitividad  de productores nacionales frente a sus pares estadounidenses y centroamericanos.

Antes de ese tratado, el intercambio comercial de Republica Dominicana con Estados Unidos y la mayoría de los países  de Centroamérica, arrojaba un  superávit,  panorama que se ha revertido, lo que ha agravado el  déficit crónico  en la  cuenta corriente de la balanza de pago, lo que en vez de aliviarse tiende a agravarse.

En este año, el 97% del total de líneas arancelarias contenidas en el RD- Cafta ingresara  al libre comercio, lo que significa que productos tales como varillas, cementos, puertas, ventanas, losetas, libros y productos  para la higiene personal,  pasaran por las aduanas sin pagar impuestos, mientras las manufacturas nacionales confrontan problemas a causa de la elevada tarifa eléctrica y la áspera  burocracia.

En vez de aprovechar un vasto mercado integrado por 350 millones de consumidores, la industria dominicana confronta serias dificultades para  evitar que  las importaciones  la despojen del mercado interno por falta de competitividad. Aquí se recrea el cuento del que tantas veces emitió falsa alarma sobre la llegada del lobo, hasta el día de hoy cuando el feroz animal se avizora a las puertas de las aduanas.

Al ministro de Industria y Comercio, Jose del Castillo, le asiste toda la razón, al señalar que el RD-Cafta significa también una  excelente oportunidad para que los productores dominicanos puedan incrementar sus importaciones, pero es obvio que  se hace tarde, a menos que no se redoblen esfuerzos desde  gobierno y sector privado.

Duele decirlo, pero Republica Dominicana ocupa el puesto 105 en el ranking global de competitividad, muy rezagado respeto a Estados Unidos (5), Costa Rica (54), Guatemala )86), El Salvador (97), Nicaragua (99) y solo delante de Honduras (111), lo que obliga  a trabajar  día y noche para revertir tan difícil situación.

Todavía hay tiempo para que  los  sectores  agrícolas, pecuarios, industrial,  agro industrial unifiquen esfuerzos conjunto al Gobierno y procuren no solo los niveles de competitividad para  defender  su prevalencia en el mercado local,  sino también para  aumentar las exportaciones de bienes hacia Estados Unidos y Centroamérica. De que se puede, se puede.