Historia de dramas y tragedias

Son tantos y tan lacerantes los males que todavía padece la sociedad dominicana, que la solución que se procura para un determinado flagelo se queda a medio talle ante la urgencia de afrontar otro problema mayor, y así se vive de dar vuelta en círculo con el ímpetu del can que en vano afana por morderse la cola.
Cuando se cree que un mal ha sido resuelto, los efectos del remedio resultan peores que la enfermedad, como si se tratara de una maldición que infecta de lepra al tejido social o algo así como una caminadora eléctrica donde cada paso hacia adelante en realidad es uno hacia atrás.
Los ejemplos sobran, pero es menester resaltar el deterioro de la seguridad ciudadana, un mal de estos tiempos contra el que se han probado los más variados antídotos sin poder detener la metástasis de la delincuencia y criminalidad.
Son muchas las medicinas que alquimistas neoliberales aplican al mal del clientelismo, al que se le atribuye causa de parálisis de la anatomía económica de la nación, pero no ha sido posible prever cura contra sociales secundarios como los que resultarían de suprimir las transferencias presupuestarias en favor de más de 800 mil familias que malviven del otro lado de la verja de la miseria.
Tampoco esos eruditos encuentran fórmulas para el 80 por ciento de los casi 600 mil empleados públicos que devengan cinco mil 117 pesos mensuales, que para colmo son tildados de botellas o de infección social, sin que cientistas sociales entiendan la catástrofes que se produciría si como aconsejan, esa gente son enviadas a la calle.
Aquí se habla mucho de dialogo político, cuando en realidad lo que se ejerce es diálogo de sordos, porque la clase política prefiere hacer malabares para mantenerse en la cresta de la ola populista en vez de ejercer un rol de responsabilidad en la conducción de los destinos nacionales.
Los males dominicanos datan de mucho tiempo, como la crisis eléctrica, por cuyo foso se han lanzado casi 15 mil millones de dólares en el último decenio, pero cuando se propone una solución duradera, filibusteros modernos imponen la regla de los piratas del capital.
El más reciente ejemplo de lo que aquí se dice lo representa la ley que convierte Loma Miranda en parque nacional. Esa solución genera ahora una desgracia mayor, la de que el Estado sea compelido al pago de cuatro mil millones de dólares en indemnizaciones. Es la historia de dramas que se convierten en tragedias.

Conspiracion

Es imposible hablar de desarrollo económico y social sin antes librar las obligadas batallas para desmantelar el ensamblaje oligopólico que sustenta la industria eléctrica basado en contratos viles y prácticas desleales que succionan del Presupuesto Nacional más de mil 500 millones de dólares al año.

El Gobierno ha puesto en marcha el proyecto de construcción de una de dos centrales eléctricas a carbón mineral en Punta Catalina, Baní, que generaría 769.8 megavatios a un costo promedio de 11.0 centavos de dólar, mucho menos que el promedio de casi 20.0 que cuesta hoy.

Cuando esas dos plantas entren en producción para principio de 2017, las empresas generadoras tendrán que modificar su matriz de generación que hoy se sustenta en el consumo de combustible bunker 6, que define el 55% del costo de la energía eléctrica.

Para que se tenga una idea de lo que representa la situación actual del subsector eléctrico, se señala que el precio más alto de la energía lo representan los contratos indexados al componente fuell oil, que representa el 57% del total de la energía que adquieren las distribuidoras.

Los precios del kilovatio hora, que generado por carbón mineral, gas natural o por caída libre de agua serían en promedio de 10.0 centavos, alcanzan por el uso de derivado de petróleo hasta 35.0 centavos de dólar, lo que justifica la ofensiva iniciada por el Gobierno para cambiar radicalmente ese cuadro.

Sectores muy poderosos que se benefician de ese ensamblaje anárquico en que signa la generación y comercialización de energía eléctrica, conspiran abiertamente contra el proyecto de Punta Catalina, cuestión que debe rechazar el Gobierno y la sociedad.

El consorcio Cogentrix, que opera tres generadoras de cien megavatios cada una, recibe 5.8 millones de dólares sin tener que encender ni un bombillo, lo que representa una hemorragia financiera de 60 millones de dólares anuales, pero, como si eso fuera poco, el Gobierno tuvo que pagar 283 millones de dólares adicionales a lo facturado por los generadores, solo por el incremento en la tasa de cambio.

Cuatro principales empresas que participaron en la licitación internacional para la construcción del proyecto Punta Catalina, felicitaron a la CDEEE por la transparencia con que se manejó ese concurso, pero desde aquí se envían emplazamiento a instituciones financieras interesadas en financiar esas plantas para que desistan de sus propósitos.

La inusitada campaña mediática contra un supuesto excesivo endeudamiento externo también procura castrar la posibilidad de que se levanten esas plantas, única vía para afrontar con éxito la estructura oligopólica que hoy desangra la economía y mantiene el país a oscuras.

Publicado por El Nacional el 24 de agosto del 2014.

Fallo histórico

Con la sentencia de la jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierra que anula 1,066 títulos de propiedad sobre terrenos de Bahía de Las Águilas, se reivindica el ordenamiento jurídico nacional lacerado por cruento un acto de defraudación perpetrado hace 17 años desde esferas del gobierno.
La magistrada Alba Luisa Beard Marco dijo que durante el juicio se comprobó que esos certificados fueron expedidos mediante un concierto de voluntades que tenía el propósito común de defraudar al Estado bajo la apariencia de un asentamiento agrario.
El Instituto Agrario Dominicana (IAD) distribuyó en esa oportunidad centenares de parcelas a supuestos campesinos para “cultivar” sobre arena y mar, lo que obviamente se convirtió en fuente primaria de fraude e ilegalidad, que mediante influencia política y argucias procesales se cubrió con denso manto de impunidad.
Mediante esa sentencia, que consta de 300 páginas, los terrenos de Bahía de Las Águilas regresan al Estado, su legítimo propietario, que una vez adquiera la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, podrá iniciar el anhelado proyecto de convertir a Bahia de Las Águilas en el cuarto polo turístico de la Republica.
Con esa sentencia ha ganado el bien común y la justicia ha recuperado su buen nombre en materia inmobiliaria, manchado hace 17 años con tinte de defraudación que parecía indeleble, pero que ha sido borrado por una decisión valiente y justa en forma y fondo.
Sustentado en un legajo de irrefutable pruebas y evidencia, el fallo de la magistrada Beard Marcos pudo demostrar que se produjo un fraude colosal contra el Estado dominicano y que los títulos emitidos son irregulares y por tanto nulos.
El tiempo ha conferido la razón al presidente Danilo Medina al aceptar el pedido de amplios sectores ciudadanos para que el gobierno se abstuviera de negociar con los alegados propietarios de terrenos de Bahía de Las Águilas y esperara a que ese caso se ventilara en los tribunales, antes de iniciar el proyecto de convertir al suroeste en un polo turístico.
Con esa decisión de la Octava Sala del tribunal de Tierra, el sistema judicial recupera un eslabón perdido hace 17 años, por lo que sobran los motivos para que la sociedad dominicana celebre lo que se define como un triunfo de la justicia y del derecho.

Dos años

Aunque me guillotinen, coloco al programa Quisqueya Aprende Contigo como la iniciativa más relevante en los primeros dos años del gobierno del presidente Danilo Medina, porque ese programa de alfabetización ha liberado de la ignorancia crasa a más de 500 mil dominicanos adultos que hoy saben leer y escribir.

La meta es liberar de esa esclavitud a 851,396 ciudadanos y declarar así a República Dominicana territorio libre de analfabetismo, lo que tendría el efecto de una nueva independencia, más aun si se ayuda a esa gente a completar el ciclo básico de enseñanza e ingresarlos a programas de entrenamiento técnico laboral.

En un honroso segundo lugar colocaría entre los logros la significativa democratización del crédito que se ha logrado mediante una gestión personal del Presidente, la de acudir cada semana a comunidades diferentes para proveer de recursos a grupos organizados en los ámbitos agrícola, pecuario, agroindustrial, artesanal y de emprendurismo, a favor de los cuales ha podido colocar más de seis mil millones de pesos.

Una cantidad similar se han colocado por vida de créditos con garantía de “pelo de bigote” a miles de micro y pequeños empresarios, que no solo han logrado emprender o preservar sus negocios, sino generar empleos adicionales, como también la apertura de carteras de préstamos en la banca múltiple dirigidos a las Mipyme, lo que ha motivado que los bancos habiliten áreas para esos ya lucrativos sectores.

La consolidación de la estabilidad macroeconómica es otro de los puntos luminosos del gobierno del PLD, lo que se expresa en la reducción del déficit fiscal (de 6,3% a 2,89% del PIB), reducción y mejoría en la calidad del gasto público, control de inflación, retorno pleno al crecimiento económico, consolidación y expansión del sector financiero y certidumbre en las cuentas nacionales.

El fortalecimiento de la democracia y las libertades públicas figura en quinto lugar en mi lista particular de logros en dos años de gestión presidencial, tiempo durante el cual no se conoce de incidentes o acciones oficiales que afecten libertades fundamentales de los ciudadanos, quienes tienen absoluta libertad para ejercer todas sus prerrogativas constitucionales.

Aunque en principio estuve opuesto al cumplimiento de la ley que fija el 4% a la educación, porque no creía posible que ese sector estaba preparado para asimilar un presupuesto mayor a los 55 mil millones de pesos que se les fijaron en el Presupuesto de 2013, dos años después debo admitir que la construcción masiva de aulas y el programa de tanda extendidas han valido la pena.

Para una próxima evaluación quedan pendientes los temas relacionados con el cumplimiento de la sentencia 168-13, de la ley 169-16 y del decreto presidencial que la sustenta.

Publicado por El Nacional el 17 de agosto del 2014

Regla de oro

Después de algunos contratiempos, los partidos con representación municipal han acordado preservar el 16 de agosto lo que se define como Regla de Oro, que consiste en que los regidores votan para la presidencia de la Sala Capitular por el candidato que señale el alcalde o alcaldesa.
Ese acuerdo, concertado hace años entre los partidos Revolucionario (PRD), De la Liberación (PLD) y Reformista (PRSC), ha garantizado relativa gobernabilidad en los cabildos, al evitar que dos fuerzas minoritarias se unan para cerrar el paso a las ejecutorias del equipo que dirige el ayuntamiento.
En principio, el sector que se desprendió del de PRD para formar el Partido Revolucionario Mayoritario (PRM), anuncio que no acataría esa regla, pero posteriormente anuncio que instruyo a sus representados en 22 municipios adherirse al convenio.
Sin esa normativa de carácter político, no sería posible preservar la gobernabilidad en la mayoría de los ayuntamientos porque las diferentes fuerzas políticas harían lo indecible para controlar las salas capitulares sin respetar el principio de que la minoría debe someterse a la mayoría.
La preservación de ese acuerdo tiene gran significación para los afanes de consolidación democrática, en razón de que se trata en el más dilatado consenso político alcanzado por los partidos mayoritarios, que por demás ha tenido repercusión a nivel de la dirigencia partidaria en todas las demarcaciones.
Crisis generadas por pugnas en la escogencia de bufetes directivos de Ayuntamientos y Junta Municipales han generados en confrontaciones violentas con saldos de muertos y heridos, escenarios en riesgo de repetirse si hubiese sucumbido la mentada Regla de Oro.
La cultura de la confrontación ha hecho mucho daño al sistema político sobre el que se sustenta la democracia, que debería consolidarse sobre la base del dialogo constante y el respeto a inviolables reglas de juego basada en el reconocimiento de la voluntad de la mayoría y la observancia de la ley.

Hay razones para resaltar la recobrada madurez y sensatez del liderazgo político, que oportunamente ha desalentado otro fallido remedio de confrontación y anarquía para preservar la Regla de Oro, mediante la cual se garantiza respeto y consenso en los ayuntamientos.

Con mi peor enemigo

jb

Mis esfínteres literalmente se abrieron de par en par y mi cuerpo y espíritu fueron invadidos por una extraña sensación de calor y frío cuando ese hombre puesto de pie y muy erguido me dijo: “usted esta confabulado con mi peor enemigo”. No sé de dónde saqué fuerzas para responderle: “explíquese mejor, compañero presidente”.

En segundos pensé que ese líder y prócer me acusaba de traidor o de tener doble militancia, o quizás de mantener contacto con algún miembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o de algún otro crimen político mayor, que merecería mi expulsión sumaria del Partido. Claro que en cualquier caso yo proclamaría mi inocencia.

Cuando me repitió la frase de “usted está confabulado con mi peor enemigo”, mis rodillas ya no soportaban el peso de mi cuerpo, pero aun así, volví a reclamarle:” explíquese mejor, compañero presidente”. Fue entonces cuando me dijo que su peor enemigo era el tiempo, a quien tenía que ganarle la batalla que habían entablado.

Mi cuerpo volvió a oxigenarse cuando entendí que la reprimenda estuvo motivada en mi repetida tardanza en llegar a su oficina para llevarle los originales de Vanguardia del Pueblo y realizar otras encomiendas en mi condición de mandadero.

Yo tenía menos de 20 años y Juan Bosch más de 60, pero en ese momento, el líder me enseñó el valor del tiempo, más aun cuando se emprende la tarea de construir el instrumento político que completaría la obra de Duarte. El estaba consciente de que tenía que aprovechar cada minuto en pensar, escribir, estudiar, discutir y transmitir sus enseñanzas a “esos oficiales conscientes, valientes y disciplinados”, que eran los miembros del Partido.

Para resolver el problema de la tardanza, don Juan dispuso que me asignaran un vehículo y además aumentó mi asignación de 60 pesos a cien pesos mensuales, con los cuales ya podía pagar el alquiler de mi pensión estudiantil y atender algunas exigencias estomacales, pero el regalo mayor lo fue sin dudas, la lección sobre el valor del tiempo.

Desde ese día han transcurrido casi 40 años, pero todavía hoy es válido reclamar de la dirección del Partido y del Gobierno no desperdiciar el tiempo, que debe ser seccionado en días, horas y segundos, para poder aprovechar hasta sus vísceras, en la tarea de construir y consolidar una sociedad basada en justicia, prosperidad y equidad.

Quizás, Juan Bosch ya temía que una enfermedad neurológica atacaría su memoria y destruiría su capacidad de pensar, razón por la cual trabajaba sin descanso, como quien procura alcanzar la meta en tiempo record. Creo que pudo ganarle el combate al tiempo porque su legado político, literario y ético constituye un valioso tesoro para presente y futuras generaciones.

Ojalá Gobierno, Partido y la sociedad luchen contra quien hace casi cuatro décadas se constituyó en el más encarnizado rival de Bosch y para que el prócer no endilgue a líderes y dirigentes la terrible acusación de “usted esta confabulado con mi peor enemigo”

Publicado por El Nacional el 09 de agosto del 2014

Divide y vencerá

La campaña mediática y política ha sido muy bien estructurada y marcha viento en popa y de forma simultánea hacia los objetivos mayores de drenar las relaciones Danilo Leonel, Partido Gobierno, desmantelar al Bloque Progresista, reducir la valía política del jefe de Estado y degradar los logros de su administración.
A todo lo anterior se agrega la intensa ofensiva comunicacional en procura de destruir al PRD institucional, a cuyos dirigentes se presentan como defraudadores, violentos y agresores de periodistas, algo así como imponer una percepción que corresponde a los propiciadores de esa campaña.
Los mismos que ayudaron a motorizar una bestial ofensiva internacional contra Republica Dominicana, con la infamia de desde el Gobierno se promueve racismo, xenofobia y desnacionalización, ahora se presentan como ardientes defensores del Gobierno en la aplicación de la misma política migratoria por la que vertieron un mar de infamia y afrenta.
La historia comenzó con una ofensiva letrina contra el ex presidente Leonel Fernández, contra quien se vertieron todo tipo de ofensa, infamia y afrenta a través de los medios de comunicación, además de usar canales procesales para degradarlo y presentarlo como burdo delincuente.
Esa primera operación de retrete fracasó estrepitosamente, tal y como admitió uno de sus visibles propulsores, que dijo que el líder del PLD salió fortalecido y que no sería posible detenerlo en 2016, a menos que se formara un frente político y social en su contra.
Fue por esa razón que el PPH y sus mandantes corporativos y mediáticos cambiaron y diversificaron su fallida estrategia, que esta vez incluyó una feroz campaña de diatribas contra la Familia Castillo, la propagación de rumores sobre la salida del Bloque Institucional del Bloque Progresista, supuestos actos de corrupción en la Cancillería y sometimiento a la justicia del líder del PQD.
Esa gente no ha tenido éxito en la manipulación de temas como reelección presidencial y escogencia de los bufetes congresuales, pero han logrado algún efecto con el reglamento de la ley 169-14, porque aprovecharon un traspié político de uno de los dirigentes de la FNP.
En el propio gobierno no parecen darse cuenta de que uno de los principales cañones de esa campaña maledicente apunta a la propia figura del presidente Danilo Medina, que por ciento ha sido disparado repetida veces, aunque con municiones de salva.
Sobra la confianza en el liderazgo y de Danilo y Leonel, en la sensatez del Comité Político y de los dirigentes presidenciables para poder repeler este cerco mediático y político que pretende imponer el ejército del caos y del desorden.
EL PLD y el Gobierno están compelidos a unificarse en un solo discurso, preservar al Bloque Progresista, trabajar sin descanso por el cumplimento de las principales promesas electorales. Danilo y Leonel son dos generales con vasta experiencia de combates. Confíen en ello

Listin Diario

Los 125 años que Listín Diario festeja hoy constituyen una singular efeméride que la sociedad festeja con gran orgullo por tratarse del aniversario de un icono de la prensa dominicana que por cinco generaciones ha sido arma y pólvora en defensa de la libertad, la justicia y del derecho a la libre expresión.
Vinculados con históricas jornadas por la defensa y consolidación de la democracia, Listín sobrevivió a la cicuta de un prolongado silencio que una cruenta tiranía le obligo abrevar, y desde entonces ha desempeñado con esmero y tesón su rol de custodia y garante de las libertades públicas.
Su antigüedad, que exhibe con denodado justificada vanidad, no ha sido óbice para asociar su nombre a la modernidad, por lo que puede decirse que el fraterno matutino exhibe hoy en términos una tecnología de última generación que no vulnera el tesoro de su vetusta tradición.
Las páginas de Listín han estado siempre a la disposición del libre albedrio ciudadano, con la irrenunciable condición de que información u opinión no colisione con la ley ni se rebelen contra las buenas costumbres y el respeto al derecho ajeno.
Han sido muchas las campanas ciudadanas motorizadas desde las páginas de ese periódico para que Gobierno y Estado atiendan legítimos reclamos de la población o para que propia ciudadanía se reencause por senderos de la convivencia.
Dueño y promotor de un periodismo innovador, valiente, visionario y con decidido propósito de respetar cabalmente el derecho del lector a recibir información veraz, oportuna y libre de la contaminación de intereses personales, políticos o corporativos.
Hay razones pues, para que el diarismo y la prensa en general se unan con entusiasmo a la fiesta que celebra hoy Listín Diario con motivo del 125 aniversario de su fundación, fecha emblemática para periodistas y medios de comunicación.
El Nacional participa jubiloso de tal celebración, al tiempo que felicita muy calurosamente al presidente de la editora listín Diario, Juan Vicini Lluberes, del director del periódico, Miguel Franjul, y de todo el personal de redacción, oficinas administrativas y talleres.

De lo ideal a lo posible

El presidente Danilo Medina emitió el decreto 250-14 que pone en vigencia el controvertido Reglamento para la aplicación de la Ley 169-14 que ordena la regularización migratoria de personas nacidas en territorio nacional hijos de extranjeros indocumentados.
Por lo menos seis artículos del texto original de ese reglamento fueron objeto de modificaciones, lo que indica que el Poder Ejecutivo acogió objeciones de forma y fondo planteadas por diversos sectores de la sociedad a los fines de que no colisione con la ley ni con la Constitución de la Republica.
Puede decirse que el Presidente cumplió con un ritual de consultas y formalidades jurídicas y técnicas que también se asumieron para la redacción del texto de ley al que sirve ese reglamento, aunque se admite que un segmento de la comunidad jurídica y política no ha quedado satisfecho.
Entre esas modificaciones se destacan la de establecer rigidez a los medios de pruebas que presenten los ciudadanos que alegan haber nacido aquí, el plazo de 30 días que se al peticionario para completar su expediente y lo relativo a los recursos de reconsideración y jerárquico, así como consignar el requisito de inscripción en el Libro de Extranjería de niño o niña de madre extranjera no residente.
Se admite que el proceso de regularización migratoria ordenado en la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional es camino largo, y tortuoso, que atraviesa un difícil trecho de intensas presiones internacionales, como lo demuestran las visitas sucesivas del vicepresidente de Estados Unidos, el secretario general de Naciones Unidas y el Comisionado de la Unión Europea.
Sería injusto señalar que con la redacción y firma de ese de decreto, el Gobierno expresa voluntad de violar su propio armazón legal, aunque debe dejarse espacio para discusión y reflexión en torno a la posibilidad de que algún artículo colisione con el texto que procura reglamentar o con la Carta Sustantiva.
La ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil es coincidente con la sentencia del Tribunal Constitucional que fija alcance de la nacionalidad y establece control migratorio, por lo que todos deben aspirar que el reglamente en cuestión surque similares caminos.
El presidente ha emitido un decreto que pone en vigencia un reglamento controversial, que debería ser recibido por la sociedad con cierta comprensión y vocación de consenso, aunque, claro está, las vías de derechos están abiertas de par en par para personas físicas o jurídicas que consideren pertinente recurrirlo por ante el Tribunal Constitucional.

De lo ideal a lo posibleh

El presidente Danilo Medina emitió el decreto 250-14 que pone en vigencia el controvertido Reglamento para la aplicación de la Ley 169-14 que ordena la regularización migratoria de personas nacidas en territorio nacional hijos de extranjeros indocumentados.
Por lo menos seis artículos del texto original de ese reglamento fueron objeto de modificaciones, lo que indica que el Poder Ejecutivo acogió objeciones de forma y fondo planteadas por diversos sectores de la sociedad a los fines de que no colisione con la ley ni con la Constitución de la Republica.
Puede decirse que el Presidente cumplió con un ritual de consultas y formalidades jurídicas y técnicas que también se asumieron para la redacción del texto de ley al que sirve ese reglamento, aunque se admite que un segmento de la comunidad jurídica y política no ha quedado satisfecho.
Entre esas modificaciones se destacan la de establecer rigidez a los medios de pruebas que presenten los ciudadanos que alegan haber nacido aquí, el plazo de 30 días que se al peticionario para completar su expediente y lo relativo a los recursos de reconsideración y jerárquico, así como consignar el requisito de inscripción en el Libro de Extranjería de niño o niña de madre extranjera no residente.
Se admite que el proceso de regularización migratoria ordenado en la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional es camino largo, y tortuoso, que atraviesa un difícil trecho de intensas presiones internacionales, como lo demuestran las visitas sucesivas del vicepresidente de Estados Unidos, el secretario general de Naciones Unidas y el Comisionado de la Unión Europea.
Sería injusto señalar que con la redacción y firma de ese de decreto, el Gobierno expresa voluntad de violar su propio armazón legal, aunque debe dejarse espacio para discusión y reflexión en torno a la posibilidad de que algún artículo colisione con el texto que procura reglamentar o con la Carta Sustantiva.
La ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil es coincidente con la sentencia del Tribunal Constitucional que fija alcance de la nacionalidad y establece control migratorio, por lo que todos deben aspirar que el reglamente en cuestión surque similares caminos.
El presidente ha emitido un decreto que pone en vigencia un reglamento controversial, que debería ser recibido por la sociedad con cierta comprensión y vocación de consenso, aunque, claro está, las vías de derechos están abiertas de par en par para personas físicas o jurídicas que consideren pertinente recurrirlo por ante el Tribunal Constitucional.