Revolucion de Abril

 

                           La Revolución del Abril

La revuelta cívico militar que estalló un día como hoy de hace 49 años, en vez de cubrirse con manto de olvido debería convertirse en dolorosa experiencia histórica para que nunca más ningún interés político, económico, nacional o foráneo intente imponer cambio de reversa al carruaje de la democracia dominicana.

Ese 24 de abril de 1965, un grupo de militares, la mayoría de baja graduación, se reveló contra el Triunvirato y su una extendida madeja de corrupción para reclamar junto al liderazgo político liberal el retorno de la constitucionalidad interrumpida en 1963 con el derrocamiento del profesor Juan Bosch.

Los mandos militares de entonces no  aceptaron el clamor de  reposición  del gobierno democrático de Bosch, lo que  dio lugar a una  conflagración  civil,  que a los cuatro días  se convirtió en Guerra Patria ante la grosera intervención militar de Estados Unidos.

Lo mejor de la juventud  dominicana resistió con más valor y dignidad que fuerza convencional  a miles de tropas  estadounidenses y la soldadesca de virtuales colonias que pretendieron legalizar ese vil atropello con una simulada Fuerza Interamericana de Paz.

Es claro que la anatomía social de la nación rechazó el brebaje  letal de represión y corrupción con el que  se intentó  liquidar a la incipiente democracia, porque  el pueblo dominicano no aceptó ni aceptará jamás que  dictadores o tiranos  desgobiernen a la Patria de Duarte.

No hay razón para celebrar por un episodio en el que dominicanos se enfrentaron a dominicanos, pero es de justicia elevar al pedestal más alto de la gratitud humana a miles de hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas en defensa de La soberanía, libertad, democracia y justicia social.

Una vez consumada la intervención militar de Estados Unidos, el honor nacional fue reivindicado por un improvisado Ejército del Pueblo, encabezado por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, leales oficiales, clases y alistados y civiles, la mayoría de los cuales  accionaron un fusil por primera vez. A todos  ellos, una Patria gradecida rinde hoy el mayor de los tributos.

La Revolución de Abril se erige como un extraordinario episodio de gloria y dolor, pero también como la más extraordinaria advertencia histórica de que  cualquier aventura antidemocrática o intento de  reprimir  las libertades públicas  correrá la misma  suerte de los antihéroes que provocaron el golpe de Estado de 1963.

Ver a Dios comer arroz

                               El arroz nuestro          

El Banco de Reservas anuncio que destinara cinco mil millones de pesos para financiar el programa de pignoración de la cosecha de arroz 2014-2015 estimada en más de 12 millones de quintales, cuyo almacenaje evita un desplome de precios del alimento emblemático en la mesa dominicana y de mayor significación social.

La producción  arrocera cultivada sobre una extensión de más de tres millones de tareas, satisface la demanda nacional e incide directamente sobre más de cien mil familias, entre productores, molineros, trabajadores, transportistas y suplidores, lo que refleja la importancia  estratégica de este rubro agrícola.

Además de Banreservas, que aporta más del  50%, otras instituciones financieras participan  en el Programa de Pignoración Arrocera, lo que eleva el monto disponible para productores y molineros  a más de ocho mil millones de pesos, lo que consolida  garantía de prevalencia de la banda de precios de sustentación aprobados por la Comisión Arrocera.

Se resalta que el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, ha dispuesto el pago de los intereses generados por ese financiamiento, lo que representa un  aporte vital para la sostenibilidad del sector  arrocero y para  la garantía  alimentaria  de la población.

Es menester llamar  la atención de  autoridades, productores y molineros hechos que en 2025, las importaciones de arroz procedentes de Estados Unidos y Centroamérica ingresarán al mercado dominicano libre de arancel, por vigencia del Tratado de Libre Comercio (RD-Cafta) lo que obliga a adoptarse desde hoy previsiones para  evitar un previsible colapso de la producción arrocera nacional.

Se requiere la creación de una Mesa del Arroz  sobre la cual  todos los  intervinientes en el sector  aporten  propuestas razonables para colocar a esa gran industria  en capacidad de competir con sus pares  estadounidenses y centroamericanos.

Diez  años transcurren más rápido que un pestañear de pollo, por lo que desde ahora es preciso introducir  nuevas variedades  en el cultivo de arroz,  inmunes a plagas que hoy  afectan a las tradicionales, además de completar el programa de nivelado de terreno mediante  el uso de la tecnología láser.

Al saludar la iniciativa de Banreservas, de  destinar  cinco mil millones de pesos al programa de pignoración arrocera, vale la pena llamar la atención sobre  la necesidad de  adecuar su producción y la comercialización al previsible escenario del libre comercio, la mejor  forma de  de

Aside

                                        Posibilidades

 Por alguna razón de fuerza mayor, el presidente Danilo Medina no ha enviado hasta el día de hoy al Congreso el proyecto de ley que abordaría la situación de  miles de ciudadanos de origen haitianos a los que la Oficialía Civil les reconoció nacionalidad dominicana mediante la entrega de acta de nacimiento.

La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional negó calidad al Oficial Civil para  otorgar ese documento a hijos de  extranjeros indocumentados, pero ordenó regularizar la situación por vía de una ley y a través del Programa de Regularización Migratoria.

Muchos creían que  el mandatario depositario ante las cámaras legislativas ese proyecto especial de naturalización, el pasado 27 de febrero, pero el jefe de Estado optó por consultar sobre el tema a líderes políticos, empresariales, congresuales y religiosos, por lo que se presume que esa pieza  ya ha sido redactada.

En la medida que pasa el tiempo se incrementa la presión de poderosos sectores foráneos y conmilitones nativos para que el presidente Medina apadrine un tipo de proyecto de ley que colisione con la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que causaría un mal peor que el  que se trata de remediar.

El Gobierno de Haití ha suspendido tres veces  el dialogo bilateral con Republica Dominicana a la espera de que  el Poder Ejecutivo presente el citado proyecto, lo que hace temer que  si su redacción no cumple con las expectativas de Puerto Príncipe, esa jornada dialogante no volvería a prosperar.

Tal parece que  el Presidente maneja  varias posibilidades para resolver el problema de los ciudadanos de origen haitianos que poseen actas de nacimiento suplida de buena fe por  la Oficialía de Estado Civil,  cuya cantidad se estima en  veintidós mil personas.

 La primera seria proponer una ley especial de naturalización que involucre  esos casos y la otra seria reconocer como regulares esos documentos,  sobre la base de que el Estado dominicano no podría invocar propia falta para  sustentar una situación  irregular. La tercera vía seria  reconocer  pura y simplemente la nacionalidad dominicana a todas las personas con afectación de la sentencia  168-13.

 No hay que ser  experto en derecho constitucional para advertir que  la última de esas opciones   colisionaría de manera frontal con la legalidad derivada de la decisión del juez de control constitucional, aunque es menester  que la sociedad  ayude a oxigenar al Presidente, que bien podría optar por una de las dos primeras posibilidades.

Semana Santa: oOcio y reflexión

 

Como si se emulara el bíblico pasaje de la salida del pueblo de Dios desde Egipto, se acentúa hoy un impresionante éxodo de cristianos y paganos hacia zonas de playas, montañas y ríos para retornar el domingo cuando se festeja la resurrección de Jesús, sobre  la cual el Papa Francisco advirtió que no es el final feliz de una película, sino el gesto de Dios cuando se acaban las esperanzas del hombre.

Sin dejar de reconocer el derecho ciudadano al ocio y a la diversión, preciso es exhortar a la población que  dediquen aunque sea un  instante de esta Semana Mayor a la reflexión, única manera de abordar y comprender las causas de  todo cuanto ocurre o deja de ocurrir alrededor de los individuos, la familia y la sociedad.

La solidaridad humana que se expresa en  el noble gesto de miles de voluntarios que dejan a los suyos para  trabajar en la prevención de accidentes durante estos días en que muchos incurren en desenfreno, debería también aflorar en las oraciones por Venezuela, Ucrania y tantos pueblos que  sufren crisis políticas, económicas y sociales.

El presidente Danilo Medina, en la condición de primero entre sus iguales, ha pedido que la prudencia, moderación y el respeto por la vida  de los demás acompañen a los que se van y a los que se quedan, y ha exhortado también a compartir  en familia y evitar los excesos.

El fervor religioso se expresa desde hoy con mayor vehemencia con las iglesias repletas de  feligreses que han abrazado la expresión de “yo me quedo” para conmemorar en penitencia, oración y gozo, la pasión, muerte y resurrección de del Dios de Abrahán.

Aunque en lo humano y en lo divino prevalece el principio del libre albedrio, se reputa como prudente y oportuna la disposición del ministerio de Interior y Policía, de prohibir la venta de alcohol en  Viernes Santos, porque no  solo de la ingesta de alcohol vive el hombre y porque ningún negocio  quebrara por no vender  ron ni cerveza  durante tan  acendrada efeméride.

En atención a la expresión divina de que “Al Cesar lo que es del Cesar”, corresponde a los más de 18 mil policías y militares imponer el orden en  calles, avenidas autopistas, carreteras y en los lugares  donde las masas  procuran sano esparcimiento o reclaman espacio para la reflexión.

El Nacional, que retorna a manos de sus lectores y anunciantes el próximo lunes, formula vehemente deseos de que  la población disfrute, celebre o conmemore, este periodo de asueto en completa paz en  compañía de los suyos y que el amor de Dios se derrame por todos los confines.

TelexFree: Descomunal estafa

                                    

 De nuevo Republica Dominicana despierta con la noticia de una descomunal estafa a través de un esquema piramidal en el cual más de 150 mil personas invirtieron en conjunto más de  cuatro mil millones de pesos en la creencia de que obtendrían  atractiva rentabilidad,  ahorros que se han convertido en sal y agua.

La sociedad comercial TelexFree Dominicana, cuya oficina matriz en estados Unidos se ha declarado en Bancarrota, cerró operaciones  aquí sin devolver las inversiones realizadas por miles de inversionistas locales, que se  estiman en unos  cuatro mil 300 millones de pesos.

El Estado de Massachusetts ha acusado a TelexFree de operar un esquema piramidal fraudulento disfrazado como empresa promotora de publicidad, a través del cual pudo  estafar a más de 700 mil personas, incluido unos 150 mil dominicanos.

Difícil será entender por qué tipo de empresas que promueven inversión de alto riesgo se instalan tan fácilmente en territorio nacional y porqué la Superintendencia de Valores no ejerce debida  fiscalización sobre sus  extrañas y temerarias operaciones.

 Se ha dicho que  solo siete personas que controlaban a ese empresa manejaban las cuentas de más de  700 mil  clientes a los que denominaban “promotores” que llegaron a  aportar  más de mil millones de dólares, equivalente a unos 43 mil millones de pesos.

Aunque  muy tarde, la procuraduría Especializada Anti lavado de Activos y la Fiscalía del Distrito han iniciado una investigación  en torno a las operaciones de TelexFree, sobre la cual  sospechan que  sus  directivos incurrieron en  violación a las leyes monetarias y financieras y en lavado de activos.

Duele decirlo, pero es difícil que  los más de 150 mil incautos que cayeron en las redes de  esos filibusteros financieros logren recuperar sus inversiones, pero todavía  resulta más penoso saber que  la mayoría de los estafados  pertenecen a familias de menores ingresos.

Esta no es la primera vez ni parece que será la última que con anuencia, indulgencia o indiferencia de la Superintendencia de Valores y de otros órganos de regulación financiera, se instalen aquí empresas que reeditan el canje de  “oro por espejitos”, por lo que miles de familias pierdan sus ahorros en una gran espiral de estafa y  engaño.

La nueva cédula

 

Con la entrega de un primer documento al presidente Danilo Medina, la Junta Central Electoral (JCE) inició la entrega de la nueva cédula de identidad y electoral, que tendrá  vigencia por diez años y que se reputa como infalible a todo intento de  distorsión o suplantación.

Se ha dicho que esa tarjeta está considerada  entre las más seguras del mundo y que  posee variables para  menores, militares, policías y extranjeros residentes legales, además de poseer  más de veinte medidas de seguridad que lo convierten en “confiable, inviolable y totalmente segura”.

De la invulnerabilidad de esa cédula depende la  sanidad de las elecciones congresuales y presidenciales de 2016, por lo que  la JCE  esta compelida a garantizar el blindaje de ese documento y su  eficiente  distribución a todos los ciudadanos hábiles para recibirlo.

Entre las bondades que se atribuyen al documento figura la de que contiene un dispositivo que permite a la Policía  tener acceso a los  datos que posee la JCE sobre una persona,  además de que  con un simple aparato electrónico, los bancos y otras instituciones financieras podrán determinar de manera rápida si ha sido falsificada.

Al convertirse en el primer dominicano que recibe esa Cedula, el presidente Danilo Medina envía una clara y saludable señal  indicativa de la necesidad de que todos los ciudadanos acudan por  ante las oficinas de la Junta a proveerse de tan vital documento.

Desde el lunes próximo, operaran 147 centros de cedulación y  15 unidades móviles para  la entrega del  documento biométrico  en todo el territorio nacional, en cumplimiento de la ley 26-01 que dispone  su renovación cada diez años.

Casi todas las diligencias o gestiones ante organismos públicos o privado requieren de la presentación de esa identificacion, por lo que conviene que la gente  gestione  su adquisición con diligencia y prontitud adquisición  para evitar indeseables aglomeraciones, en  el entendido de que la vieja  cedula quedara pronto inhabilitada.

El tiempo dirá si  esa nueva Cedula de Identidad y Personal  tiene los atributos de seguridad y la posibilidad de acceso a  datos de las personas, como  aseguran proveedores y autoridades electorales. Ojala que todo sea como se ha dicho, porque  ese no debe ser  motivo de preocupación en la organización y montaje de las próximas elecciones.

Oligarquía mediática

En los medios de comunicación de República Dominicana ha emergido una especie de oligarquía mediática, que no parece regentada por los dueños de periódicos, estaciones de radio o televisión, aunque se presume que en no pocos casos se producen convenientes alianzas estratégicas vinculadas con el corporativismo.

El diccionario define oligarquía como gobierno de pocos, o cuando el poder supremo es ejercido por grupo de personas que pertenecen a una misma clase social, pero bien puede emplearse esta acepción para personas físicas y entes agrupados en organizaciones no gubernamentales que se han propuesto imponer reglas jurídicas, políticas, sociales y de negocios acorde con los intereses propios o de sus mandantes.

Esos grupos no creen en la democracia, aunque se presentan como fieles defensores del orden institucional; constituyen en esencia una guardia pretoriana al servicio de intereses foráneos, pero con sólida vocación de arreglos políticos o de negocios con grupos económicos señalados como oligárquicos.
Los integrantes de esa oligarquía mediática usan su poder de control de los medios de comunicación para imponer el contenido y destino de la agenda de urgencias nacionales, en conexión con los intereses de las grandes metrópolis.

Esa gente ha contribuido decididamente a que República Dominicana reciba hoy el trato de ratón de ferretería a nivel internacional, al punto que para reclutar a un procónsul que representaría intereses de Estados Unidos ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, el portal del Departamento de Estado consigna que aquí linchan a haitianos, queman sus viviendas y que el Gobierno ha desnacionalizado a 250 mil descendientes de esa etnia.

Cuando se discute la cuestión ética, los líderes de ese grupo oligárquicos son muy proclives a acusar a periodistas y comunicadores de estar vendidos al Gobierno o de aceptar payola para promover políticas públicas contrarias al interés nacional. Ellos son los impolutos, que trabajan y luchan denodadamente por una sociedad auténticamente democrática.

La mayoría de las ONG que sirven de nidos a esos grupos es financiada por agencias gubernamentales de Estados Unidos, Canadá y Europa, por lo que puede decirse que responden a intereses de esas metrópolis, en especial cuando se trata del tema de la nacionalidad e inmigración o cuando las multinacionales telefónicas se pelean.

La verdad es que el verdadero peligro para la democracia, la soberanía, las libertades públicas, la pluralidad y los anhelos de una mejor redistribución del ingreso, lo representa esa oligarquía mediática y sus mandantes.

Publicado por El Nacional el 13 de abril del 2013

Danilo emuló a Salomón

                                 

El presidente Danilo Media ha actuado como el Rey Salomón al devolver al Congreso Nacional la ley de modificación del Código Procesal penal con la objeción de 25 de sus artículos que considera que contradicen la Constitución y principios universalmente aceptado en el régimen penal.

Con la sabiduría del bíblico monarca, el mandatario ha sugerido la ilegalidad o no del polémico artículo 85 de ese código que despoja al ciudadano ordinario de la facultad de  querellarse de manera directa contra funcionarios públicos, sea dirimida en su oportunidad por el Tribunal Constitucional.

Sabiamente, el jefe de Estado no incluye ese artículo entre las modificaciones  sugeridas en la devolución sin promulgar de esa ley, porque  sería como hablar de soga en casa del ahorcado, aunque pudo consignar que la Constitución de la Republica limita esa prerrogativa a la formulación de denuncia y no de querella.

Ante el criterio generalizado de que  el anterior Código Procesal Penal ha sido la causa principal del auge  del crimen y de la delincuencia, el Congreso, sin proponérselo quizás, produjo una contrarreforma que retrotrajo ese estatuto al  anterior Código de Procedimiento Criminal que consigna la cultura del “tránquenlo”.

Es por eso que  las observaciones  del Ejecutivo a se refieren a  colisiones con el Texto Sustantivo, como ha sido  la disposición que establece el carácter preferencial u obligatorio de la prisión preventiva, o la que pone en mano s de jueces de primera instancia conocer de manera unipersonal casos  que conlleven penas de hasta diez años.

Con sobrada razón, el Presidente  señala que ha devuelto sin promulgar esa ley para evitar un posible retroceso en las  conquistas de los ciudadanos y del Estado Social y Democrático de derecho. Corresponde ahora  a senadores y diputados procurar un texto que represente equilibrio entre la fortaleza de la ley y la santidad del derecho.

La ley de reforma al Código Procesal Penal nació con deformaciones congénitas causadas por irregularidades, negligencias, desintereses o inobservancias en las fases de  estudio y aprobación de ese proyecto en la cámara de Diputados.

El presidente Medina ha hecho bien al  retornar al Congreso ese  deformado estatuto  con las observaciones pertinentes para  corregir contradicciones a la Constitución, ineficacia en el sistema judicial y lagunas jurídicas, aunque  se resalta que el jefe de Estado emuló la sabiduría del rey Salomón, al no objetar el artículo 85 y remitir su

Presión de Francia

La senadora francesa Joelle Garriaud-Maylan ha reclamado de la justicia dominicana debida garantía procesal para que dos compatriotas suyos que guaran prisión  hace más de un año por tráfico de drogas puedan declarar y defenderse  ante un tribunal penal, un pedido de derecho que debería ser invocado para todos los justiciables sin  distinguir nacionalidad, estatus económico o social.

Esa legisladora ha denunciado que los pilotos  galos Pascal Fauret y Bruno Odos,  apresados en el aeropuerto  de Punta Cana cuando intentaron  realizar un vuelo privado  a Francia en un avión  con 750 kilos de cocaína, no han tenido nunca una audiencia que le permita  explicarse y defenderse.

Ya antes, el canciller francés, Laurent Fabius, protestó por la reiterada cancelación de audiencia, y el Sindicato de Pilotos Franceses declaró un boicot a vuelos hacia Republica Dominicana en reclamo de la liberación de sus  colegas, que piloteaban un avión trirreactor Falcon 50,  en el que acarreaba el cargamento de drogas.

Aunque el Ministerio Público solicitó al juez de Instrucción declarar el caso como complejo en esa infracción también fueron implicados militares y empleados de Aduanas,  resulta inamisible  que  la audiencia preliminar para dictaminar medidas de coerción haya sido  suspendida en seis ocasiones.

Los pilotos fueron detenidos junto a dos pasajeros que abordaron el avión, el 20 de marzo de 2013, por lo que, aun declarado como  expediente complejo, el Ministerio Publico ha debido  sustentar la acusación y  el juez de lo preliminar escuchar los alegatos de la defensa.

 El canciller Fabius, la senadora Garriaud- Maylan y el gremio de pilotos deberían  entender la gravedad de la imputación que la acusación que  se imputa a los  apresados y que se trata de un crimen  tipificado como de lesa humanidad,  en cuya investigación y posible condena se requiere  la cooperación  de Francia, por tratarse de narcotráfico internacional.

A los funcionarios franceses y al sindicato de pilotos le asiste pleno derecho, deber y obligación de reclamar juicio  diligente  y garantía a los derechos  de los  procesados, cuestión que parece no se ha cumplido cabalmente, si se toma en cuenta que la  audiencia preliminar ha sido reenviada en seis ocasiones.

El Estado dominicano está compelido a demostrar en ese caso y  en todos los procesos penales o civiles, que  es  garantista de un  autentico régimen de derechos y de un ordenamiento jurídico que  respeta los derechos de  todos los intervinientes y que  aplica la ley y las sanciones correspondientes sin aceptar presiones de ningún tipo.

Mas presión contra RD

                                                                 Carta oculta

 De nuevo ha sido pospuesta la tercera ronda del Dialogo Bilateral Dominico Haitiana que debió celebrarse mañana  en la comunidad de Jacmel. Haití ha pedido  la suspensión de tres convocatorias con diferentes alegatos, el último de los cuales se refiere  al cambio de miembros del gabinete, incluido al canciller.

No se niega pertinencia a los motivos expuestos para solicitar tres veces de manera consecutiva la suspensión de la tercera ronda de dialogo que se efectuaría inicialmente el 20 de marzo, pero llama la que coinciden con la advertencia de la Comunidad del Caribe (Caricom), de no participar en ese encuentro hasta que el presidente Danilo Medina presente el borrador del proyecto de Ley de Naturalización.

Mientras Haití acopia excusas para rehuir al diálogo, el gentilicio dominicano es severamente zarandeado por la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos (CIDH) que exige al Gobierno  que otorgue nacionalidad de manera administrativa a unos 210 mil “afro descendientes”, que alega han quedado en condición de apátridas  a causa de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

El gobierno haitiano ha reconocido la prerrogativa soberana del Estado dominicano para fijar  los alcances de la nacionalidad y legislar sobre el tema migratorio, pero parece jugar una carta oculta que privilegia la presión sobre el dialogo, de otra manera no se entiende las repetidas posposiciones de una tercera ronda de negociaciones bilaterales.

Haití y Republica Dominicana tienen mucho de qué hablar, por lo que una agenda  dialogante debería  incluir, además del tema migratorio, cooperación y compromiso mutuo sobre comercio, medio ambiente, sanidad y seguridad fronteriza, así como inversión conjunta, con financiamiento internacional sobre proyectos de desarrollo que impacten a ambos lados del Masacre.

Es claro que el Poder Ejecutivo no puede ni tiene intención de desacatar la sentencia del Tribunal Constitucional ni de violar la Carta Magna, por lo que  de antemanos debe  advertirse a los vecinos y a las gendarmerías imperiales que  ningún tipo de presión oculta o abierta hará cambiar la dirección de lo  dispuesto por el juez de control  constitucional.

 Lo mejor sería que todo lo relacionado con la agenda dominico haitiana retorne al fuero de la Cancillería, a los fines de  despojar a ese expediente del nivel de excepcionalidad que  se le ha conferido y aguardar el momento  cuando Puerto Príncipe decida  que ha lugar al ejercicio de un dialogo bilateral digno de vecinos que promueven  cooperación sin lesionar sus respectivos ordenamientos jurídicos.

El Gobierno dominicano no debería estar expuesto al vaivén de una agenda oculta como la que se maneja desde Haití, porque para dialogar se requiere de  voluntad y buena fe de  todas las partes,  sin cartas entre las mangas.