A Rajatabla

El problema mayor que confronta la sociedad dominicana para salir del subdesarrollo y eliminar la desigualdad, radica en que sectores asociados al atraso, discrimen y privilegios aplican su poder e influencia para contaminar o distorsionar debates e iniciativas que procuran unificar criterios para alcanzar esa meta.

La economía dominicana crecerá este año cerca del 7% del PIB, el mayor de América Latina, donde Brasil, Argentina y Venezuela se estacan o experimentan crecimiento negativo, pero lo más resaltante en el desempeño económico de 2014 ha sido una leve mejoría en la redistribución del ingreso.

Las decenas de visitas sorpresa que ha realizado el presidente Danilo Medina a comunidades rurales durante las cuales otorga créditos a asociaciones de productores agrícolas, pecuarios, agroindustriales, comerciales y artesanales han evitado que literalmente todo el crecimiento económico se deposite en la canasta de siempre.

Al margen de la formalidad del sistema financiero, el Gobierno ha tenido que agenciar recursos para incidir en la democratización del crédito a través del Fondo para el Desarrollo Agropecuario (Feda) y de Banca Solidaria, lo que ha permitido general la mayoría de los 235 mil nuevos puestos de empleos formales.

Debe decirse también que los altísimos niveles de desigualdad social y económica han sido afrontado a través del 4% a la educación pre universitaria, para lo cual ha sido necesaria buscar donde no hay 120 mil millones de pesos.

La desigualdad se combate con recursos, que lógicamente se obtienen por tributos, arancel, donaciones o deuda, por lo que se requiere, no solo planificar el gasto, sino también el incremento del ingreso, que debe ser en proporción al crecimiento de la economía.

Cuando se propone un aumento de la presión fiscal (del 14 al 18% del PIB), de inmediato se distorsiona la iniciativa bajo el infeliz alegato de que se pretende aumentar los impuestos al pueblo, y se oculta que sería a través de una reforma fiscal integral que reacomode la carga tributaria hoy acarreada por la clase media.

La economía crecerá este año cerca un 7%, que en términos absolutos serían unos 210 mil millones de pesos, pero el Gobierno tiene que traspasar en 2015 al sector privados en exenciones y exoneraciones tributarias, 201 mil millones de pesos.

Para combatir la desigualdad, el Gobierno requiere de más recursos, pero el liderazgo político, mediático y empresarial está empeñado en confundir con una humareda de mentiras y medias verdades para imponer la ley de que todo es todo y nada es nada.

Publicado por El Nacional el 14 de diciembre del 2014

Así no se puede

Para hablar con propiedad del presente y futuro de la economía dominicana, es preciso entrelazar los conceptos ingreso fiscal, déficit fiscal, presión fiscal y endeudamiento porque de su relación armónica se deriva la estabilidad de todos los indicadores económicos, financieros, monetarios y sociales.

No sería posible alcanzar un equilibro fiscal con solo reducir el gasto público, porque entonces el gobierno no podría disminuir la inequidad social, ante la imposibilidad de mejorar servicios vitales como salud, educación, empleo, vivienda, agua potable e infraestructura vial.

Las políticas de reducción del déficit fiscal deben estar acompañadas con esfuerzos por incrementar el ingreso tributario, porque de otra manera sería como pretender enseñar al burro a no comer. Lo sensato debe ser mejorar la calidad del gasto y aumentar la inversión pública productiva.

Los poderes fácticos obligaron al cumplimiento del 4% a la educación pre universitaria y ahora claman por déficit cero, pero rechazan la idea de un pacto fiscal integral que aumente la presión fiscal de un 14% a un 18% del PIB para que el gobierno recupere la capacidad de poder sacar de la pobreza y pobreza extrema a más de cuatro millones de ciudadanos.

Cuando el déficit fiscal se elevó en 2013 a un 6.6% del PIB porque el Gobierno construyó el corredor Duarte, autopista del Coral, segunda línea del Metro, carretera a Las Terrenas, mirador Bávaro- Uvero Alto, entre otras obras de infraestructuras, lo que indica que ese fue un mal menor porque el incremento del gasto evitó que la economía colapsara.

La enorme estima pública que disfruta el presidente Danilo Medina se debe en gran medida a la especial atención que su gobierno dispensa a grupos organizados de pequeños productores agrícolas, pecuarios, artesanales y agroindustriales, así como a la democratización del crédito e impulso a las pymes.

Si el presidente dispusiera de ese 3% que hoy se define como déficit fiscal, pero que en realidad es un desfase en los ingresos tributarios que apenas alcanzan un 14% del PIB, aquí se produciría una revolución social de gran envergadura.

Ese déficit (3%) equivale en términos absolutos a unos 70 mil millones de pesos, que resulta paja de coco ante los 201 mil millones que el Gobierno dejará de percibir en 2015 por gastos tributarios (exenciones y exoneraciones al sector productivo y a los empresarios del transporte).

Esos poderes fácticos se escandalizan por lo que definen como elevado endeudamiento público (47% del PIB), pero no le duele el estómago al saber que los ingresos tributarios no alcanza literalmente ni para colar café, que el déficit fiscal es deuda, que solo se conjura con el incremento de la presión fiscal. Así no se puede.

Pubiclado por El Nacional el 07 de diciembre del 2014

Dominicanidad

El viernes en la tarde confronté serias dificultades para retornar a mi oficina por los prolongados y descomunales taponamientos en la zona céntrica de Santo Domingo que afectaron por igual a todas las avenidas, puentes y elevados de la ciudad. Era como si se había anunciado el fin del mundo.

Desde temprano se temía por esa desenfrenada histeria colectiva por el consumo, porque los periódicos impresos amanecieron cargados de ofertas sobre atractivas rebajas de precios en todo lo que se puede comprar o vender, desde electrodomésticos, automóviles, hasta teléfonos móviles.

Esa revolución consumista estuvo motivada por la importación de una vieja tradición que nació en el Reino Unido y fue adoptada por Estados Unidos, para aplicarse al día siguiente de la emblemática celebración del Thanskgiving Day, con la finalidad de equilibrar la contabilidad de los negocios.

Desde la óptima económica, el Viernes Negro se erigió en una buena jornada para el comercio y también para los consumidores que aprovecharon buenos precios para adquirir productos que en la mayoría de los casos no necesitaban o que no podían comprarlos.

El Viernes Negro puso en relieve también la debilidad de la cultura dominicana que puede ser penetrada de un lado a otro por tradiciones o forma de comportamientos procedentes de otras latitudes, que en vez de enriquecer tradiciones nacionales, surten efectos de brutales sustituciones.

La mayoría de los supermercados agotaron el jueves sus inventarios de pavos, consumidos por gente de clase media en cenas convocadas por motivos muy ajenos a la idiosincrasia o tradición del dominicano, que no debería abandonar sus santuarios culinarios del chivo, cerdo y pollo.

Esas dos celebraciones ocuparon la atención de la prensa escrita, radial y televisada, que no concedieron ni un mínimo espacio para divulgar el festival de perico ripiao que se celebró en Santiago, ni para resaltar el Día del Merengue, que se conmemoró el día anterior al “Thanksgiving day”. Tampoco se habló mucho del concierto en recordación de los 40 años de “Siete Días con el Pueblo”, la jornada artística de mayor relieve en la lucha contra las tiranías de América.

Publicado por El Nacional el 30 de noviembre del 2014

El gentilicio dominicano se resiente, no solo por la burda campaña internacional, con apoyo local, que lo presenta como sinónimo de racista y xenófobo, sino también por la agresión a su cultura y tradiciones, como resulta de imponer un Viernes Negro o una cena del pavo. Es imperativo defender y promover la dominicanidad.

Desacato y blindaje cultural

Cuando se convierta en costumbre la inobservancia o incumplimiento de las decisiones emanadas de los jueces, ese día marcaría el inicio del fin del anhelado estado de derecho, porque significa también violación a la Constitución y a las leyes.
Sabiamente, el constituyente y el legislador han puesto en manos de autoridades y ciudadanos las vías jurídicas para recurrir cualquier sentencia o medida cautelar emanada de un juez o corte, antes de que pueda adquirir la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada.
A ningún ente físico o jurídico le asiste calidad o autoridad para incumplir o desacatar una decisión emanada de los tribunales de la Republica, no sin antes atacarla por las vías de derecho señaladas en los códigos procesales.
Si alguien tiene evidencia de que un juez incurrió en prevaricación al dictar una sentencia para favorecer o perjudicar o discriminar, lo prudente seria que ese magistrado sea sometido por ante la instancia correspondiente a los fines de que el juzgador sea juzgado, previa presentación del fardo probatorio.
Lo que en ningún modo se debería aceptar como bueno y valido es que algún funcionario público o ciudadano ordinario desacate o violente una decisión judicial, bajo ningún alegato, menos el atribuirse derecho o razón de poder colocarse por encima de la ley.
Blindaje cultural
La sociedad dominicana se ha vuelto muy vulnerable al contagio o adherencia de costumbres foráneas, preocupante señal de la debilidad de poder sostener, exhibir y promover su rico y variado bagaje cultural y de tradiciones.
Culturas mucho más robustas que la nacional imponen modos o forma de convivencias, incluidos hábitos alimenticios y de consumo, formas de vestir, música, bailes y otras tradiciones.
Sin valorar lo positivo o negativo de las celebraciones del “Thanksgiving Day” y del Black Friday”, que se celebran hoy y mañana, como tradiciones importadas desde Estados Unidos, los dominicanos deberíamos ir pensando en algún blindaje cultural.

La mujer

La mujer
La sociedad dominicana tiene el mayor compromiso de luchar por contra toda forma de violencia de género, sea física, sexual o sicológica, incluida amenaza, coerción o prohibición arbitraria de libertad, ya sea en el ámbito público o privado, porque aquí nació la voluntad universal de erradicar ese flagelo.
El asesinato de las hermanas Mirabal y del chofer Rufino de la Cruz, perpetrado el 25 de noviembre de 1961 por esbirros de la tiranía de Trujillo, conmocionó al mundo y fue motivo para que el primer encuentro feminista, celebrado en Bogotá, en 1981, declarara la fecha como Día de la No violencia contra la Mujer.
En 1999, Naciones Unidas (ONU), declaro la fecha como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e insto a gobierno, organizaciones internacionales y no gubernamentales a promover actividades de concientización sobre la necesidad de proteger y preservar los derechos de género.
Han transcurrido 53 años desde el vil asesinato de Patria, Minerva y Teresa Mirabal, junto al chofer De la Cruz, sin que la violencia contra la mujer haya disminuido, incluido los feminicidios que, por el contrario, aumentan cada día.
Estadísticas coincidentes estiman que el 70 por ciento de las mujeres son víctimas de alguna forma de violencia, restricción o coerción por parte de esposos, particulares, o del Estado, lo que indica que el camino hacia la libertad plena y el respeto absoluto a los derechos de género es todavía largo y tortuoso.
Estado, gobierno, clase política y sociedad civil están compelidos a aunar esfuerzo para conjurar toda forma de violencia que por razones de género se acomete contra la mujer, cuya vida muchas veces depende del resabio de un hombre despechado.
Es necesario que el gobierno provea a la mujer y a la familia de la debida protección al derecho a la vida, a un techo, a la equidad laboral, salud, educación y a prerrogativas de última generación como protección del medio ambiente y a una maternidad responsable.
La mujer es madre, hija, esposa, hermana, el ser que engendra al género humano, que exige y merece la protección absoluta de gobierno y sociedad ante cualquier forma de negación de derecho, hoy más que nunca cuando aquí y en todo el mundo se incrementa en vez de disminuir la violencia de genero.

La mujer de mi amigo

Un buen amigo mío que reside en España disfruta junto a su esposa catalana unas vacaciones en la hermosa zona turística de la región este, lo que aprovechó para enseñarle a su mujer el batey de San Pedro de Macorís, donde él nació y se crió. La dama no observó esclavitud ni pobreza extrema de las que tanto le habían hablado.

Al relatar su impresión sobre esa visita, la catalana, mujer sensible, de pensamiento progresista, me dijo que lo que pudo ver en ese batey fueron comunidades de gente humildes que habitan viviendas modestas, que unos cuidan y otros mantienen en estado de abandono.

Desde hace muchos años se propaga por el mundo que aquí se ejerce esclavitud en perjuicio de haitianos que malviven en las más espantosas formas de explotación en bateyes y campos de caña, pero la mujer de mi amigo pudo comprobar que en esas comunidades coexisten dominicanos y extranjeros en condiciones similares.

Tuve la oportunidad de conversar sobre el tema con esa apreciada visitante que ha quedado fascinada con las bellezas naturales de Bávaro y Punta Cana, así como con el calor humano de nuestra gente, pero que deplora la extravagante forma de conducir del dominicano.

Ella palpó la realidad de una vasta población de inmigrantes haitianos que participan sin ningún tipo de traba del limitado mercado laboral, tanto formal como informal, en los sectores del turismo, manufactura y agrícola, sin que ningún trabajador tenga detrás a un esclavista con algún garrote o látigo.

Se ha dicho que las familias haitianas que participan en el corte y tiro de caña viven hacinadas en barracones, pero nuestra amiga me dijo que en realidad son viviendas modestas, que muchos tiran al abandono, mientras otros las cuidan y las mantienen limpias y habitables.

En cada lugar donde habitan haitianos también pernoctan dominicanos que viven en condiciones similares, pero en la infamia que se vierte a nivel internacional, se dice que a esos inmigrantes se les tiene segregados por su condición de negros.

La mujer de mi amigo renovó mi orgullo patrio, porque me hizo saber que nosotros no somos ratones de ferretería, sino un pueblo digno, solidario y trabajador, que solo aspira a mantener y fortalecer su soberanía, cultura y tradiciones.

A su retorno a Barcelona, la catalana, conversará con sus amigas dominicanas que residen allí, para referirles lo impresionada que ha quedado porque, contrario a lo que se propaga en Europa, este es un pueblo bueno y solidario, y para increparles por qué no regresan de inmediato a su país.

Publicado el 23 de noviembre del 2014 por El Nacional

El decreto de Obama

El decreto de Obama
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dispuso mediante orden ejecutiva otorgar permiso de trabajo a más de cinco millones de indocumentados, lo que desatara una crisis en la Casa Blanca y el Congreso.
Obama ordenó a la Policía de Inmigración que centre su atención en detener y deportar a delincuentes y no a padres de familia y a jóvenes, presenta la decisión presidencial de mayor trascendencia en el ámbito migratorio en los últimos 30 años.
Entre los que se beneficiaran con el decreto de Obama figuran cuatro millones de residentes ilegales que tienen la condición de ser padres o madres de ciudadanos estadounidenses, además de quienes ingresaron antes de cumplir los 16 años.
El programa beneficiará a miles de dominicanos que figuraban en la lista de los más de cinco millones de indocumentados en inminente riesgo de deportación e impedido además de acceder a un empleo formal.
La orden ejecutiva promueve la reunificación familiar sobre la base de núcleos integrados por estudiantes que podrán acceder a carreras tecnológicas y científicas, cuyos padres indocumentados podrán acogerse a las nuevas normas migratorias.
Aunque los beneficiarios no recibirán una residencia definitiva, el decreto evita la deportación de más de cinco millones de indocumentados y abre una batalla entre Ejecutivo y el Congreso que podría incluir como represaría el cierre fiscal de la Casa Blanca.
El presidente asumió la histórica decisión después que abortó una ley en el Congreso que habría transformado de manera permanente el sistema de inmigración en Estados Unidos, al conceder residencia definitiva a la mayoría de los más de once millones de indocumentados.
Más de un millón de dominicanos residen en Estados Unidos de manera legal o en condición de indocumentados, por lo que la orden ejecutiva emitida por el presidente Barak Obama que evita deportaciones masivas, repercute de manera positiva en tierra insular, aunque es menester esperar el desenlace de la crisis política e institucional que esa medida desatará.

El cielo se despeja

A causa de sus desaciertos y extralimitación jurídica, tanto la Comisión, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido afectadas por una crisis de legitimidad, que las conviertes sus decisiones en inoperantes o irrelevantes, como ha sido una aberrante sentencia que colisiona contra la soberanía de República Dominicana.
En el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) se advierte el agrietamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a causa de las críticas que se vierten contra las decisiones de Comisión y la Corte, la mayoría de las cuales se consideran sesgadas o parcializadas.
La sentencia condenatoria contra el Estado dominicano ha sido la gota que derramó el vaso, porque ese fallo constituye un monumento jurídico de intervencionismo o injerencia sobre un país y sus instituciones políticas.
Es por eso que Douglas Cassel, profesor de derecho de la Universidad de Nostre Dames, advierte que “es un momento muy precario para la protección de los derechos humanos”, por la lluvia de críticas que ha recibido el órgano de la OEA encargado de procesar denuncias sobre violaciones a prerrogativas ciudadanas.
La Corte Interamericana (CIDH) ha visto disminuida su jurisdicción a solo 19 de los 35 países miembros de la OEA, con el retiro en los últimos años de Venezuela, Guatemala, Ecuador y Trinidad y Tobago, además de enfrentar abierta crítica de naciones miembros de la Alianza Bolivariana (ALBA).
El momento es propicio para que el gobierno dominicano inicie una ofensiva internacional de rechazo a la sentencia de la CIDH porque pretende sustituir o erosionar toda la base institucional del Estado Nacional, incluido su constitución política y el principio de separación de poderes.
Ese fallo imperial y monstruoso ha sido el detonante de la crisis de credibilidad y legitimidad que hoy afecta a la Comisión y Corte Interamericana, lo que también demuestra que el gobierno dominicano ha actuado correctamente al rechazarlo en su totalidad.
Ojala que la Cancillería aproveche el escenario descrito para apuntalar las razones de derecho que sustenta el Gobierno para rechazar ese fallo de la CIDH, así como para acoger plenamente las sentencias del Tribunal Constitucional sobre alcance de la nacionalidad y la que declara en colisión con la Constitución la adhesión de Republica Dominicana a esa corte. El cielo se despeja.

Unidad en la diversidad

La misión del Fondo Monetario que reviso el desempeño de las cuentas nacionales ratifico que la economía dominicana marcha por buen camino y solo alerto sobre aspectos relacionados con la recapitalización del Banco Central y el elevado monto de transferencias presupuestarias destinadas a conjurar déficits del sector eléctrico. El primer problema se afronta con la vigencia de una ley y el otro con la construcción de dos plantas de generación eléctrica a carbón.

Aunque todos los indicadores económicos están bajo control y la economía encarrilada   en rieles de   crecimiento, siempre es oportuno llamar la atención sobre su elevada exposición al sector externo, porque su sostenibilidad depende en mucho de episodios u eventos que ocurren fuera de su frontera.

La economía dominicana se sostiene sobre pilares del turismo (más de US$5,000 millones), exportaciones, (US$10,000 millones), remesas (US$4,500 millones), inversión extranjera directa (US$3,200 millones), todos los cuales dependen en gran medida de como soplan los vientos de la economía mundial.

Esas fuentes de ingresos están vinculadas también a factores internos como consolidación institucional, seguridad jurídica, calidad de mano de obra, infraestructura física y certidumbre política, por lo que se requiere que en todo momento haya armonía entre esos elementos con las coordenadas de la economía mundial.

Por todo lo ante expuesto se advierte que Gobierno y clase política están compelidos a la negociación y el consenso sobre aspectos relacionados con la consolidación   democrática, incluido las propias instituciones partidarias, sin las cuales no sería posible sostener en firme al régimen político.

Los grupos económicos, políticos y mediáticos que mancomunan esfuerzos en el propósito de estimular   división o crisis en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no terminan por entender que afilan cuchillo para su propia garganta, pues un escenario de enfrentamiento o colisión entre los principales líderes de esa organización sería perjudicial para la democracia y la economía.

Si esa gente logra colocar una cuna entre Danilo y Leonel, es previsible que como consecuencia de ese indeseable escenario, disminuiría la inversión extranjera directa para 2015 y 2016, lo que presionaría el tipo de cambio, el índice general de precios, y la gestión de negocios en sentido general, con incremento del desempleo.

Es malo también para la democracia y la economía que el mentado Partido Revolucionario Moderno (PRM), se divida a causa de dificultades en la escogencia de su candidato presidencial, por lo que tampoco es saludable que se estimule un pleito insalvable entre Hipólito Mejía y José Rafael Abinader.

Publicado por El Nacional el 16 de noviembre del 2014

Por el bien del espacio democrático y de la salud financiera de la nación, Danilo y Leonel tienen que promover unidad en la diversidad, fortalecer al PLD y negociar todo lo relacionado con las elecciones de 2016. El consejo va tambien para Hipólito y Abinader.

Inscríbanme, por favor

No creo que en su sano juicio ningún político, embajador o empresario se atreva a negar respaldo a la lucha contra la corrupción, aun en el caso del embajador de Estados Unidos, quien visitó al procurador general para tratar tema del narcotráfico y tuvo que hablar de tolerancia cero a la prevaricación.

En el despacho de Domínguez Brito, el embajador James Brewster externó felicitación al procurador por la lucha que libra contra el crimen organizado, y a insistencia de los periodistas dijo que su gobierno tiene tolerancia cero contra la corrupción.

En la prensa se dijo que Brewster fue donde el procurador para congratularlo y expresarle su apoyo por el expediente abierto contra un senador de la República, del que incluso se dijo que lo despojaron del visado estadounidense a solicitud de Domínguez Brito, cuestión que negó el diplomático.

Líderes empresariales también peregrinaron hasta la oficina del procurador para sí expresarle respaldo en su lucha contra la corrupción, aunque solo se refirieron al expediente instrumentado contra el senador que alega persecución política en su contra.

Como la mayoría de los dominicanos creo en la dictadura de le ley, o más bien, en un régimen de derechos, donde todos los ciudadanos sean iguales ante el Ministerio Publico y el juez, donde se guarde obediencia por el debido proceso y se respete la presunción de inocencia, hasta que un tribunal o corte la ratifique o dicte lo contrario en última instancia.

A mí me llama la atención el exceso de interés en lapidar a ese senador, mucho antes de que los jueces conozcan su expediente y se pruebe en audiencia si de verdad ha cometido los hechos que el procurador le imputa.

El presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia pidió que la Suprema Corte de Justicia cambie el juez que instruye su caso para que sea conocido por un magistrado “de carrera”, con lo que se pretende instituir la presunción de que el alto tribunal se divide en magistrado de carrera y ratones de ferretería.

No sé si los empresarios que peregrinaron hasta el despacho del procurador son los mismos o representan los mismos intereses que firmaron de puño y letra un comunicado de respaldo al consultor empresarial que luego fue condenado a diez años de prisión por fraude y lavado de activos.

Publicado por El Nacional el 09 de noviembre del 2014

Inscríbanme, por favor, entre quienes respaldan la lucha contra la corrupción, pero no en la lapidación mediática y política ni en la improvisación de paredones para liquidar reputaciones de terceros.