De lo ideal a lo posible

El presidente Danilo Medina emitió el decreto 250-14 que pone en vigencia el controvertido Reglamento para la aplicación de la Ley 169-14 que ordena la regularización migratoria de personas nacidas en territorio nacional hijos de extranjeros indocumentados.
Por lo menos seis artículos del texto original de ese reglamento fueron objeto de modificaciones, lo que indica que el Poder Ejecutivo acogió objeciones de forma y fondo planteadas por diversos sectores de la sociedad a los fines de que no colisione con la ley ni con la Constitución de la Republica.
Puede decirse que el Presidente cumplió con un ritual de consultas y formalidades jurídicas y técnicas que también se asumieron para la redacción del texto de ley al que sirve ese reglamento, aunque se admite que un segmento de la comunidad jurídica y política no ha quedado satisfecho.
Entre esas modificaciones se destacan la de establecer rigidez a los medios de pruebas que presenten los ciudadanos que alegan haber nacido aquí, el plazo de 30 días que se al peticionario para completar su expediente y lo relativo a los recursos de reconsideración y jerárquico, así como consignar el requisito de inscripción en el Libro de Extranjería de niño o niña de madre extranjera no residente.
Se admite que el proceso de regularización migratoria ordenado en la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional es camino largo, y tortuoso, que atraviesa un difícil trecho de intensas presiones internacionales, como lo demuestran las visitas sucesivas del vicepresidente de Estados Unidos, el secretario general de Naciones Unidas y el Comisionado de la Unión Europea.
Sería injusto señalar que con la redacción y firma de ese de decreto, el Gobierno expresa voluntad de violar su propio armazón legal, aunque debe dejarse espacio para discusión y reflexión en torno a la posibilidad de que algún artículo colisione con el texto que procura reglamentar o con la Carta Sustantiva.
La ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil es coincidente con la sentencia del Tribunal Constitucional que fija alcance de la nacionalidad y establece control migratorio, por lo que todos deben aspirar que el reglamente en cuestión surque similares caminos.
El presidente ha emitido un decreto que pone en vigencia un reglamento controversial, que debería ser recibido por la sociedad con cierta comprensión y vocación de consenso, aunque, claro está, las vías de derechos están abiertas de par en par para personas físicas o jurídicas que consideren pertinente recurrirlo por ante el Tribunal Constitucional.

De lo ideal a lo posibleh

El presidente Danilo Medina emitió el decreto 250-14 que pone en vigencia el controvertido Reglamento para la aplicación de la Ley 169-14 que ordena la regularización migratoria de personas nacidas en territorio nacional hijos de extranjeros indocumentados.
Por lo menos seis artículos del texto original de ese reglamento fueron objeto de modificaciones, lo que indica que el Poder Ejecutivo acogió objeciones de forma y fondo planteadas por diversos sectores de la sociedad a los fines de que no colisione con la ley ni con la Constitución de la Republica.
Puede decirse que el Presidente cumplió con un ritual de consultas y formalidades jurídicas y técnicas que también se asumieron para la redacción del texto de ley al que sirve ese reglamento, aunque se admite que un segmento de la comunidad jurídica y política no ha quedado satisfecho.
Entre esas modificaciones se destacan la de establecer rigidez a los medios de pruebas que presenten los ciudadanos que alegan haber nacido aquí, el plazo de 30 días que se al peticionario para completar su expediente y lo relativo a los recursos de reconsideración y jerárquico, así como consignar el requisito de inscripción en el Libro de Extranjería de niño o niña de madre extranjera no residente.
Se admite que el proceso de regularización migratoria ordenado en la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional es camino largo, y tortuoso, que atraviesa un difícil trecho de intensas presiones internacionales, como lo demuestran las visitas sucesivas del vicepresidente de Estados Unidos, el secretario general de Naciones Unidas y el Comisionado de la Unión Europea.
Sería injusto señalar que con la redacción y firma de ese de decreto, el Gobierno expresa voluntad de violar su propio armazón legal, aunque debe dejarse espacio para discusión y reflexión en torno a la posibilidad de que algún artículo colisione con el texto que procura reglamentar o con la Carta Sustantiva.
La ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil es coincidente con la sentencia del Tribunal Constitucional que fija alcance de la nacionalidad y establece control migratorio, por lo que todos deben aspirar que el reglamente en cuestión surque similares caminos.
El presidente ha emitido un decreto que pone en vigencia un reglamento controversial, que debería ser recibido por la sociedad con cierta comprensión y vocación de consenso, aunque, claro está, las vías de derechos están abiertas de par en par para personas físicas o jurídicas que consideren pertinente recurrirlo por ante el Tribunal Constitucional.

El Presidente cumplió

Las vías de derecho quedan abiertas a personas físicas o jurídicas que consideren que el decreto 250-14 sobre el reglamento de aplicación de la ley 169-13 que establece Régimen Especial de Naturalización y Regularización de Extranjeros, viola algún precepto adjetivo o sustantivo. Así es la democracia.

El Tribunal Constitucional tendría la última palabra en torno a si ese reglamento colisiona o no con la ley que viabiliza o con la Carta Magna, por tanto esa es una discusión de contenido jurídico, no político, aunque sus repercusiones abarcan ese terreno.

Lo que sí puede debatir es si el Gobierno, y en particular el presidente Danilo Medina, han actuado en consonancia con el interés nacional, durante todo el áspero trayecto que se ha recorrido desde la sentencia del TC que fijó alcance de la nacionalidad y ordenó control y regularización migratoria.

El histórico fallo del juez de control constitucional que abarcó un interregno histórico de más de 80 años de desorden y anarquía migratoria, desató una virulenta campaña internacional contra el gentilicio dominicano, acusado de racista, xenófobo y de promover apatridia.

República Dominicana estuvo colocada por mucho tiempo en ese oleaje de infamia, dirigido y promovido desde las principales metrópolis y organismos multilaterales, con infeliz respaldo de malos dominicanos, del Gobierno haitiano y de antiguas colonias caribeñas.

Es de justicia decir que el presidente Danilo Medina- fijaos bien que me refiero al Presidente- dirigió con valentía, gallardía y elevada inteligencia política la defensa de la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación del Estado dominicano.

No es lo mismo ni es igual abordar los temas de la sentencia del TC, de la ley y del reglamento, desde la óptica de un político, jurista o ciudadano ordinario, que desde la poltrona presidencial, pues al jefe de Estado le corresponde actuar más que nadie con cabeza fría aunque arda el corazón.

En todos los escenarios donde se vertieron infamias contra nuestro pueblo y nuestras instituciones se produjeron la debida confrontación de comisiones oficiales o del propio presidente Medina, como ocurrió en Puerto Príncipe, Washington, Trinidad y Tobago, Ginebra, Madrid, Caracas, Ciudad de Panamá y La Habana.

Creo muy sinceramente que lo que se ha logrado está más cerca del ideal que de lo posible, aun en el caso de que el TC produzca reparaciones jurídicas sobre ese reglamento. El presidente ha actuado a la altura de la dignidad requerida para un jefe de Estado y un estadista excepcional.

Publicado por El Nacional el 27 de julio de 2014

Mirarnos a los ojos

El compromiso suscrito ayer por los presidentes de Republica Dominicana, Danilo Medina, y Haití Michel Martelly, de trabajar en favor de la cooperación binacional en el marco de pleno respeto a la soberanía, ha sido una oportuna iniciativa de la Unión Europea (UE), cuyo comisionado prometió asistencia financiera y técnica para esos fines.
La presencia en esa ceremonia, celebrada en un hotel de Punta Cana, del presidente del Consejo Europeo, Hernan Van Rampoy, confiere un tinte menos endeble que otras promesas suscritas entre autoridades de ambas naciones, borradas por agua de indiferencia o negligencia atribuida al litoral haitiano.
Hizo bien el presidente Danilo Medina al advertir a Martelly “que ya es hora de mirarse a los ojos”, de estrecharse las manos y de trabajar “hombro con hombro” por el fortalecimiento de los dos países, porque hasta ahora la agenda haitiana no parece coincidir con los esfuerzos y sacrificios dominicanos en procura de consolidar nexos de buena vecindad.
El retraso de más de una hora en la llegada al lugar del encuentro del presidente haitiano y su comitiva constituyó una incómoda e inapropiada señal de descortesía incompatible con la jerarquía política y diplomática del presidente Medina y del comisionado Rampoy.
Mientras Medina instó al liderazgo dominico haitiano a compartir la visión de construir dos naciones fuertes, independientes y desarrolladas, capaces de convivir y cooperar en buena vecindad y desde el respeto mutuo, Martelly hizo énfasis en felicitar al jefe de Estado por “su disposición y compromiso”, como si consolidar nexos fuera una obligación unilateral.
Al presidente Martelly le compete hacer honor al compromiso de promover “un comercio justo, mejor organizado y más equilibrado” con sus vecinos, para lo cual las autoridades haitianas tendrían que poner fin a su recurrente política de prohibiciones unilaterales y administrativas del ingreso de productos dominicanos.
El presidente Medina, como era de esperarse, observó en ese encuentro con su colega haitiano y el comisionado de la UE, un comportamiento digno de un estadista comprometido con la defensa de la Constitución de la Republica, que también promueve la solidaridad y el entendimiento con Haití.
El gobierno dominicano no tiene más nada que demostrar respeto a una complicada agenda bilateral que incluye temas de nacionalidad, control migratorio, comercio y cooperación económica con Haití. Ojala que el presidente Martelly haya entendido la trascendencia histórica de ese encuentro patrocinado por la Unión Europea.

El ADN de la crisis

Asesores de gremios empresariales creen haber localizado el ADN que causa todas las crisis económicas, para lo cual emplearon una formula muy sencilla que prueba que el incremento del Gasto Publico origina déficit fiscal, lo que obliga a mayor endeudamiento y esos tres factores causan insolvencia financiera.
Para prevenir ese mal también se aplica una receta muy simple: que el Gobierno gaste menos de los ingresos que recibe, así no incurriría en deuda ni habría riesgo de insolvencia. No he podido entender por qué un remedio tan eficaz no ha servido para curar las crisis de España, Grecia, Islandia.
Por no hacer caso a los economistas que descubrieron esa fórmula infalible, los gobiernos del PLD han provocado una situación de déficit fiscal y endeudamiento que propios descubridores y sus mandantes estiman camino a la insostenibilidad.
El economista Ernesto Selman ha advertido que la deuda pública dominicana ha crecido en los últimos 14 años en un 639%, ubicándose en US$23,977, pero olvido decir que el Producto Interno Bruto (PIB), creció en diez años de 22 mil a 61 mil millones de dólares. Se aconseja siempre relacionar siempre deuda con riqueza.
Otro dato interesante es el que revela que durante el último decenio la economía creció en promedio 5.5% del PBI, siempre por encima del porcentaje de endeudamiento, con excepción de 2009, cuando recrudeció la crisis financiera mundial, con incrementos en los precios del petróleo y de los alimentos.
La deuda pública se multiplico por siete en 14 años, pero el PIB se triplicó en un decenio, por lo que el porcentaje de endeudamiento en proporción al Producto no resulta catastrófico, máxime aun si según Thomas Piketty, la rentabilidad del gran empresariado es siempre tres veces mayor al promedio alcanzado por el PIB.
El axioma aquel de que el gasto público debe crecer menos que el ingreso, no es absolutamente infalible, pues de lo que se requiere es que el ingreso aumente en proporción a la riqueza expresada en el aumento del PIB real, o dicho de otra manera que la presión tributaria (ingresos en proporción al PIB), se expanda al menos de un 13.5% a un 18.5%.
El Gobierno ha demostrado que ejecuta un Gasto Publico basado en calidad y prioridad de la inversión, como es el 4% a la educación y la democratización del crédito o capital para fortalecer a pequeñas y medianas empresas, así como transferir más recursos a la Seguridad Social y al auxilio de la población vulnerable.
A la fórmula de gastar menos para disminuir déficit fiscal y endeudamiento, hay que agregarle, la de incrementar ingresos por vía de tributos a la riqueza y rentabilidad, redistribuir el ingreso para disminuir la pobreza (40%). No es lo mismo gastar menos de mucho que menos de poco, como ocurre ahora.

Publicado por El Nacional el 20 de julio del 2014

Estamos a tiempo

El Gobierno puso a la consideración de la ciudadanía una propuesta de reglamento de la ley 169-14 que establece un régimen especial sobre naturalización y para personas inscritas irregularmente en el registro civil, para lo cual otorgó un plazo hasta el 18 de este mes para que personas e instituciones formulen recomendaciones o sugerencias sobre ese texto.
Son muchas las objeciones que se han formulado a diversos artículos contenidos en ese proyecto de reglamento, la mayoría tildados de inconstitucionales, por lo que se requiere que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo ausculte con mucho cuidado todas y cada una de esas las impugnaciones.
El reglamento tiene por objeto “viabilizar lo relativo al registro y regularización migratoria de los hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular…”, gestión que consigna al Ministerio de Interior y Policía, mediante la creación de “una unidad Ejecutora de la Ley”.
Entre los artículos que se objetan en ese reglamento figura el que asigna su ejecución a Interior y Policía y no a la Junta Central Electoral, rectora del Registro Civil.
También que entre los medios de para la admisión de hijos de indocumentados en el Plan de Regularización se excluya la referidas a sus padres y que solo se limite a la presentación de una constancia medica de su nacimiento, un Acto de Notoriedad o la declaración jurada de un sacerdote, maestro, médico o alcalde.
Lo sensato sería que las autoridades ponderen todas y cada una de las objeciones hechas a ese proyecto de reglamento y que se realicen las reparaciones jurídicas y técnicas que sean necesarias. Ahora, que estamos a tiempo.

Gasolina al fuego

Nadie niega que el camino de la formalidad laboral sea el que se debe trillar como cuestión básica en ejecución de políticas globales de fomento al empleo, pero eso no sería posible sin la ejecución de programas que garanticen correspondencia entre el valor del salario y el índice general de precios.
El sector del alto empresariado culpa a los gobierno del PLD por el bajo índice de empleos formales (35%) versus los informales (65%), porque supuestamente desde la esfera oficial se fomenta el clientelismo y no asiste adecuadamente al sector empleador para que sea más competitivo.
Desde 2004, cuando el PLD retomó el Poder, los gastos tributarios del gobierno en favor del sector productivo sobrepasan los cien mil millones de pesos anuales, además de ejecutar iniciativas institucionales en procura de fortalecer la competitividad empresarial y los niveles de seguridad jurídica para la inversión.
Las transferencias presupuestales hacia los sectores vulnerables o de menor ingreso promedian 25 mil millones de pesos (Tarjeta Solidaridad, Bono luz, Bono gas y bono escolar), que benefician de manera directa a 800 mil familias. A eso llama el sector empresarial dispendio clientelar.
El banco central ha arrojado claridad al debate en torno a la formalidad o informalidad del empleo, al demostrar que el problema básico no es ni una cosa ni la otra, sino la degradación del valor del salario formal, que en sus niveles mínimos se ha degradado en un 51% desde 1979.
La gente prefiere a involucrarse con la informalidad laboral, porque los salarios que sirven las grandes y medianas empresas, publicas y privadas se tipifican como de miseria, como lo demuestra el hecho de que los salarios mínimos siguen igual por 34 años, con el solo agregado del equivalente a la inflación acumulada.
Resulta que la inflación promedio acumulada durante un año no tiene el mismo impacto en los diferentes quintiles o canasta mínima de consumo, por lo que golpea con mayor crudeza a las familias de menor ingreso, lo que indica que los “reajustes a salario mínimo, son en realidad forma de oficializar su reducción en términos de capacidad adquisitiva.
La fórmula sugerida por sector empresarial para aumentar la formalidad laboral es como proponer apagar el fuego con gasolina, pues plantean eliminar lo que denomina “gastos en la generación de empleo”, como los derechos de cesantía, preaviso, trabajo nocturno, licencia por embarazo y parto y asueto dominical.
Para que una mayor masa laboral se transfiera al empleo formal, se requiere que el empresariado con aliento del Gobierno humanice las plazas de trabajo y termine por entender que ninguna sociedad se encarrila por sendero de democracia, prosperidad y justicia, sin que patronos y trabajadores concilien intereses.
Debería aclararse que el problema no radica en formalidad o informalidad laboral, sino en burdas pretensiones de eliminar justos y anejos derechos de los trabajadores y retornar al esquema de la explotación del hombre por el hombre.

Publicado por El Nacional el 13 de julio del 2014

Nuevo rostro de Haiti

Nuevo rostro de Haití
La tercera ronda del diálogo de alto nivel entre República Dominicana y Haití se perfila como la más útil de las conversaciones bilaterales de los últimos años, quizás porque los intervinientes prefirieron acercarse más a lo posible que lograr el imposible alcanzar lo ideal.
Ambas naciones acordaron propiciar importaciones de bienes y servicios sin aplicar medidas discriminatorias, de conformidad con los principios de la Organización Mundial de Comercio, de los cuales Santo Domingo y Puerto Príncipe son signatarios.
Al inicio de la reunión celebrada en un hotel de Juan Dolio, el jefe de la delegación dominicana, Gustavo Montalvo, reclamo de su contraparte, encabezada por el primer ministro haitiano Laurent Lamhote, la eliminación inmediata de las prohibiciones al ingreso de productos dominicanos a Haití.
En lo adelante, cualquier medida de restricción a importaciones de productos a través de la frontera será comunicada a la parte afectada con suficiente antelación, y las controversias que se generen serian resulta en lo posible por las vías diplomáticas.
Se define como logro significativo de ese encuentro, el compromiso del gobierno de Haití de solo cobrar mil pesos por la expedición de pasaporte a sus nacionales residentes en República Dominicana que deseen acogerse al Plan Nacional de Regularización Migratoria.
Aunque lo deseable sería que ese documento se otorgue de manera gratuita al menos a extranjeros con ingresos precarios, se entiende que las autoridades haitianas no disponen de recursos suficientes para subsidiar los insumos que se requieren para su confección.
El compromiso de firmar un acuerdo de extradición es otro paso en firme hacia la conformación de un auténtico clima de buenas relaciones entre los inquilinos de la Hispaniola, que también se obligan a mutua cooperación en la persecución y castigo del crimen intrafronterizo.
En esa ronda de diálogo, cuyos trabajos y propósitos se transfieren a la Comisión Mixta Binacional, el Gobierno de Haití presentó un nuevo rostro más comprensivo, cooperador y respetuoso, que Republica Dominicana debe acoger con mesurado entusiasmo a la espera de que los hechos hagan honor a las palabras.

Enseñar al burro a no comer

El Banco central ha ofrecido la desgarradora estadística que sitúa a República Dominicana como el único país en una muestra de 17 naciones que en los últimos 12 años registró una tasa de crecimiento anual promedio negativo en el salario mínimo real, además de señalar que es una de dos economías del continente con mayor resistencia a la baja en la pobreza.
El bajo nivel salarial se convierte en el principal escollo para que la pobreza se reduzca más rápidamente, una verdad del tamaño de una montaña expuesta por la autoridad Monetaria y Financiera, porque las remuneraciones en la base de la pirámide social se mantienen estancadas durante más de un decenio.
De poco sirve alentar un debate en torno a los ingresos mayores o menores de trabajadores del sector formal e informal, cuando se pretende obviar incontrovertibles cifras sobre el deterioro acelerado de los salarios mínimos reales en las grandes empresas (8.2%), mediana empresa (36.9) y pequeñas empresas (44.1%), lo que retrotrae el valor de esas remuneraciones al año 1979.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) sostiene que los gobiernos de los últimos diez años han desalentado el fomento de empleos formales, por lo que más del 60 por ciento de los empleos que genera la economía caen en el plano de la informalidad, aunque más útil seria debatir sobre el poder adquisitivo del salario real.
No debería ocultarse el escalofriante dato de que durante los últimos tres lustros, los salarios mininos apenas han sido indexados con la inflación pasada, lo que indica que en términos reales se ha producido un crecimiento negativo o un estancamiento, que equivale a prolongar pobreza y marginalidad.
El caso de las zonas francas, sector en franca recuperación económica, resulta paradigmático, pues el salario mínimo que ofrece resulta inferior en un 51.3 por ciento al valor del ofrecido hace 34 años, por lo que no puede decirse que ese sea un tipo de empleo “formal” o “digno” que requiere la economía dominicana.
La desgracia del empleo en República Dominicana no radica en la formalidad o informalidad, sino en su ínfimo poder adquisitivo, que se desprecia de manera acelerada a pesar de los pregones oficiales sobre control de infracción. Lo que no sube se estanca y lo que se detiene, en realidad retrocede.
En vez de promover inútil debate en torno a las bondades de los empleos formales e informales, Estado y empresariado deberían promover más y mejores oportunidades de trabajo con justas remuneraciones, en el entendido de que para adquirir bienes y servicios se requiere poseer relativa capacidad de compra y que no es posible persistir en la fallida receta de enseñar al burro a no comer.

La gran marcha

 

A pedido del Gobierno, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo evaluará el impacto que tiene en la población las visitas sorpresas que cada domingo realiza el presidente Danilo Medina a comunidades de provincias, lo que el titular del PNUD ha definido como una expresión de valentía política del mandatario.

Cuando el Presidente inició esos recorridos hace más de dos años me atreví a decir que era el inicio de una silenciosa, pero consistente revolución social, basada en la redistribución del ingreso y democratización del crédito. Los resultados hasta hoy de esas caminatas me dispensan la razón.

Fueron muchos los incrédulos que minimizaron esa acción presidencial al decir que con la distribución de “milloncitos aquí y allá” o “saltando charquitos” nada se resuelve, sin llegar a entender esos que el jefe de Estado inauguró un tipo de contacto y relación directa con el pueblo organizado.

En 70 encuentros con asociaciones de pequeños productores agrícolas, pecuarios, agroindustriales, artesanos, el presidente Medina ha autorizado créditos a bajas tasas de interés por más de once mil millones de pesos, una cifra superior a la colocada por el Banco Agrícola en 2013.

Centenares de asociaciones, cooperativas y otros grupos comunitarios participan hoy del mercado de crédito en condiciones dignas porque ha demostrado que son buenos sujetos de créditos, al punto que la banca comercial los requiere ahora como clientes.

Decenas de miles de hombres y mujeres han cambiado radicalmente para bien su horizonte económico al poder adquirir equipos e insumo para colocar sus productos en los mercados, además de asistencia directa de instituciones oficiales.

El programa de visitas del Presidente ha generado más de cincuenta mil empleos directos, impulsado 251 proyectos productivos y 200 comunitarios, además de las construcciones de escuelas, caminos vecinales, carreteras, centros comunales y otras obras que para esas comunidades son tan importantes como la Plaza de San Pedro.

Se dirá que lo que aporta esas visitas dominicales del mandatario es “sica de colí”, ante la abrumadora demanda de la población, pero la verdad es que Danilo ha encontrado un camino expreso para llegar al corazón del pueblo pobre y poder llevarle la buena nueva de la revolución social.

El camino de cinco mil kilómetros empieza a recorrerse con un primer paso. Con 70 visitas (71 con la de hoy), el Presidente transita el largo y trecho en silenciosa pero indetenible marcha hacia el anhelado estadio de equidad social, al que debe llegarse sin disparar un solo tiro.

Publicado por El Nacional el 06 de julio del 2014